El incendio que destruyó al menos unos cincuenta vehículos en el corralón judicial de zona oeste (Presidente Perón al 7900) el 18 de este mes podría haber sido intencional con el objetivo de borrar evidencia vinculada al negocio de las autopartes. La presunción circula con fuerza en Tribunales y será el fiscal de Flagrancias en turno, Patricio Serjal, quien se hará cargo de la investigación que permitirá dilucidarlo. Hay un dato clave: en el predio no había nada que pudiera causar un cortocircuito.
Las pericias realizadas por Bomberos Zapadores fueron giradas ayer por la tarde a la fiscalía y no trascendieron detalles.
La sucesión de datos resulta sospechosa. Pocos días antes del último incendio (hubo otro el 16 de octubre de 2013) la Cámara de Apelación en lo Penal había requerido a una treintena de juzgados de Instrucción informes detallados sobre los vehículos que se encontraban en el lugar, con el propósito de tener un relevamiento.
El tribunal que preside Daniel Acosta había solicitado un informe a todos los juzgados de Instrucción, Correccional y de Menores. Cada uno debía informar los vehículos que se encontraban a su disposición en el depósito judicial. Mientras estas actuaciones se estaban llevando a cabo, sobre el mediodía del miércoles 18 de marzo comenzó a arder una parte del corralón, y las llamas alcanzaron a unos 50 rodados. Las sospechas ponen la lupa en la relación directa entre la requisitoria de la Cámara y el incendio, y se especula que las llamas habrían borrado evidencia del desguace de autopartes.
En diálogo con La Ocho, Acosta explicó que se pidió informes a todos los juzgados, pero también de los rodados que están frente a las comisarías. En relación a la hipótesis de un incendio intencional que pueda borrar las huellas del desguace de coches, el magistrado fue tajante: “Si esto fue ocasión para un destino delictivo, lo tendrá que investigar la fiscalía. Lo que se dispuso fue una medida administrativa para acelerar el destino definitivo de los automotores secuestrados, inclusive de donde ocurrió el siniestro”, explicó.
El pedido del camarista fue por una iniciativa conjunta con el Ministerio de Seguridad santafesino, tendiente a dar destino a los vehículos secuestrados. El predio es un depósito judicial que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, donde se derivan rodados secuestrados.
La Capital consultó ayer al jefe de Bomberos Zapadores, Raúl Mansilla, quien se limitó a informar que la pericia sobre el siniestro ocurrido el pasado 18 de marzo había sido remitida al Ministerio Público de la Acusación. Y fuentes del ministerio indicaron que a partir de hoy se hará cargo el fiscal de Flagrancia en turno.
Antecedente. El 16 de octubre de 2013, el mismo depósito policial también se incendió y las llamas pudieron verse desde todos los puntos cardinales de la ciudad. En esa oportunidad casi un centenar de coches fueron afectados por el incendio, que se había desatado hacia las 17.
En diciembre del año pasado, un motociclista había denunciado la desaparición de su rodado en el mismo predio.
En 2007 también hubo denuncias por robo de autopartes y desmantelamiento, lo que a pedido del juez Alfredo Ivaldi Artacho llevó a la Cámara Penal a solicitar al por entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, que reorganizara la gestión del depósito con un registro cabal.
En su informe, el magistrado refirió en relación a este predio de 5 hectáreas “un plural accionar delictivo consistente en el sistemático desguace de autopartes de todo tipo, correspondientes a automotores, bicicletas y hasta una embarcación, de las que se llevaron capot, lunetas, parabrisas, motores, caja de cambio, tracciones, pallieres y tapas de cilindro”.
