Al final de otro día atravesado por la protesta policial, el gobierno de Santa Fe aseguró que los canales de diálogo están abiertos, pero advirtió que “no va a entregar la política de seguridad”.
Hubo contactos informales entre las partes, pero el conflicto continúa abierto. Pasaron a disponibilidad a 20 efectivos. Cuál es el límite para la Casa Gris
Por Mariano D'Arrigo
La protesta de un grupo de policías por salarios y condiciones laborales se prolonga en el tiempo y todavía no encuentra una instancia de resolución.
Al final de otro día atravesado por la protesta policial, el gobierno de Santa Fe aseguró que los canales de diálogo están abiertos, pero advirtió que “no va a entregar la política de seguridad”.
En la noche del martes continuaba el reclamo de un grupo de efectivos y sus familiares frente a la puerta de la jefatura de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200, mientras se aguardaba la reunión que tenían previsto mantener a las 23.30 en la sede de Gobernación el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el titular de Economía, Pablo Olivares, con el abogado Gabriel Sarla como representante de los policías en protesta.
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Las principales demandas pasan por salarios, condiciones laborales y salud mental. Hubo una serie de contactos entre voceros de los uniformados y el gobierno de la provincia, pero no se estableció una mesa de negociación.
Apenas pasadas las 20, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santino, aseguró que “la voluntad y los recursos están sobre la mesa”, pero señaló que “quienes aseguran ser voceros no tienen vasos comunicantes” con los manifestantes.
Además, Santantino reconoció “dificultades” para cubrir el servicio de patrullaje pero aseguró que trabajaban con “niveles de operatividad aceptables”.
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Durante todo el día, el abogado Gabriel Sarla mantuvo línea directa con funcionarios provinciales para reunirse en el transcurso de la tarde para encarrilar la situación, pero la reunión no se concretó.
Desde el gobierno provincial aseguran que la precondición para reunirse con Sarla era que se levantara la protesta en la jefatura. Una forma de medir la representatividad del abogado —sobre el que no quieren cargar las tintas— entre el grupo que sostiene el reclamo en la calle.
Sarla afirmó que el malestar en la fuerza se profundizó tras el anuncio de mejoras por parte del Ejecutivo provincial, que no implican una recomposición salarial real. Para el abogado se trata de un “plus no remunerativo” que alcanza sólo a una parte del personal.
“No es lo que se está pidiendo. Se reclama un incremento salarial para la totalidad de la policía y no para unos pocos”, sostuvo el letrado.
Más allá del salario, los policías que participan de la protesta señalan condiciones laborales que, aseguran, se volvieron insostenibles. En el pliego de quejas aparecen las largas jornadas, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos.
El hecho que detonó la protesta fue la muerte del suboficial Oscar Valdez. Conocido como “Chimi”, Valdez atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. El 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Dos días después, falleció en el Heca.
Desde el gobierno de Santa Fe aseguran que el problema está concentrado en unos 2 mil efectivos del norte de la provincia y que prestan servicio en Rosario. Esos agentes se formaron en la pandemia, trabajaron durante el gobierno anterior con un formato de 12 horas de servicio y 72 de descanso y con la nueva gestión pasaron a cumplir 12 horas de servicio con 36 horas entre un turno y otro.
“Les prometieron que iban a trabajar en el norte, pero no podemos ceder y trasladarlos. Si hacemos eso entregamos una parte de la política de seguridad”, dijo a La Capital un alto funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro. En ese caso, argumenta, la policía no tendría los suficientes efectivos para garantizar los niveles de respuesta y la prestación del servicio podría resentirse.
Además, en el núcleo del gobierno provincial señalan otros dos factores en la escalada del conflicto.
Uno es la acción de mandos policiales desplazados de la fuerza por causas de corrupción.
El otro, la intervención de “infiltrados” en grupos de WhatsApp y otras redes sociales con una campaña de noticias falsas y contenido negativo sobre el gobierno.
Por la mañana, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, dio una conferencia de prensa, en la que anunció que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, por lo que tuvieron que entregar su arma reglamentaria y el chaleco antibalas.
“Quieren golpear la política de seguridad, que es exitosa. Con el gobierno nacional estamos bajando el delito y la violencia”, dijo Cococcioni, quien distinguió entre quienes protestaron fuera de su horario de trabajo y los que dejaron su puesto o incluso intentaron bloquear la salida de móviles policiales.
El ministro también destacó la coordinación con el ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva.
De hecho, desde la Casa Gris reconocieron que la participación de efectivos de las distintas fuerzas federales se triplicó desde el comienzo del conflicto.
Por su lado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación penal preparatoria contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“Particularmente, se evaluará si se produjo algún hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”, indicaron desde el MPA. Así, se deja abierta la posibilidad de ampliar responsabilidades si se comprueba un daño concreto derivado del abandono de funciones.
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