El traslado compulsivo de chicos a una "comunidad terapéutica cerrada" en territorio bonaerense promete generar una tormenta. Se cree que actualmente, por disposición de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, hay 17 menores santafesinos alojados sólo en la granja de rehabilitación Fundación San Camilo, controvertido centro de internación para personas con consumos problemáticos, adicciones y problemas psiquiátricos ubicada cerca de la localidad de Pilar. En el lugar, varias veces acusado de vulnerar derechos de pacientes y sumirlos en cautiverio, con celdas de aislamiento, métodos de castigo y "verdaderos chalecos de fuerza químicos", ya murieron dos jóvenes y dos de sus directores quedaron incluso imputados de homicidio culposo. Tan grave es la situación que el diputado Carlos Del Frade presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial (ver aparte) y Celeste Lepratti se hizo eco en el Concejo municipal, donde hoy, además, una audiencia pública tomará la problemática.
El tema se aborda en el libro "La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación", editado por Sudestada, que su autor, el periodista porteño Pablo Galfré, presentará en Rosario el viernes próximo.
Tras años de investigación, Galfré les da voz a varias personas, en su mayoría jóvenes, que privadas de su libertad y los más elementales derechos, se volvieron víctimas de "terapias" que parecen salidas del cine de terror, en aras de una pretendida recuperación de consumos problemáticos u otros conflictos.
En ese marco, el libro de Galfré hace foco en el caso de un paciente de 22 años, Saulo Rojas, por cuya muerte dudosa ya hay dos directivos de San Camilo imputados de homicidio culposo por la Unidad Fiscal de Investigación Nº 4 de Pilar: un mes atrás fue formalmente acusado el ex director terapéutico de San Camilo, Alejandro Jacinto, y el martes pasado le tocó al director médico de la institución, Sergio Rey.
Pero más allá del millonario negocio que pueden representar las granjas de "rehabilitación" (en estrecha relación con la salud privada, obras sociales y el Poder Judicial), Galfré también buscó retratar el laberinto de violencia, vejaciones, encierro e inhumanas condiciones de "tratamiento" a que son sometidos los pacientes en San Camilo.
Entre ellos, según precisó el psicólogo social y operador de la Dirección de Niñez en Rosario, Ricardo Bergesio, unos 17 chicos y chicas de entre 14 y 17 años que fueron "derivados a esa granja cerrada, con y sin orden judicial", en pésimas condiciones de traslado ("dopados, dormidos, esposados") y todavía peores condiciones de alojamiento.
Sencillamente, "la provincia se los saca de encima", dijo el operador, quien por las noches acompaña a unos "siete u ocho" chicos alojados en una pensión céntrica por disposición de Niñez.
Sólo desde ese lugar, aseguró Bergesio, en los dos últimos meses se trasladó compulsivamente a San Camilo a dos adolescentes: M., una chica de 17 años con una vida "tremendamente difícil, que después logró huir", y R., otro pibe de 16, llevado a la granja bonaerense con esposas, flanqueado por un policía y, según dijo el psicólogo, en un móvil del Síes.
En el caso de M., el operador contó que el traslado se hizo "con la excusa de que la chica se seguía drogando, cuando no era cierto".
De hecho, argumentó, los pibes con los que trabaja Niñez "no son carmelitas descalzas", sino que en su mayoría vienen de situaciones de calle, con consumos problemáticos y casi siempre severos conflictos familiares.
Sin embargo, en el caso de M. lo paradójico es que un análisis bioquímico hecho de forma particular mostró que la chica tenía en su cuerpo "cero rastro" de sustancias ilegales.
Cautivos, dopados y alejados de sus vidas
El pedido de informes a la Subsecretaría de Niñez presentado la semana pasada como proyecto ante la Cámara de Diputados provincial por el legislador Carlos Del Frade se basa en "testimonios" de adolescentes alojados en San Camilo que hablan de "celdas de aislamiento y castigo" donde "permanecen cautivos por largos días", situaciones de encierro, "sujeciones y ataduras" y suministro a los niños de "ansiolíticos tales como Clonazepam, Risperidona, Indumir, vía oral e inyectable", que los dejan "descompensados y babeándose". La pregunta medular es si Niñez trasladó o no "compulsivamente" a entre 10 y 15 menores de edad a ese lugar "cerrado", de una jurisdicción "extraña" y "alejada de su centro de vida". La pregunta también se extiende a si existen más chicos en similares condiciones en otras "instituciones cerradas monovalentes" bonaerenses.
En los fundamentos del proyecto se cuenta que la propia página de San Camilo usa conceptos como "adicto", "comportamientos serios antisociales de niños y adolescentes", "mala disciplina", "subcultura criminal" e "interno", en "clara contraposición" a los nuevos paradigmas de salud mental (cristalizados en Argentina por la ley nacional 26.657) y de defensa integral de la infancia y del interés superior del niño que consagra la ley nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la chica logró huir de San Camilo, desde donde después de unos días pudo volver a Rosario "toda moretoneada, falopeada y con innumerables marcas de inyecciones porque la tuvieron con un chaleco de fuerza químico permanente", denunció Bergesio.
El operador afirmó que Niñez iba a regresarla a la misma granja el 25 de mayo, pero una movida impulsada por ATE y organismos de derechos humanos logró frenar ese nuevo traslado compulsivo.
En el segundo caso, con orden judicial, R. fue sacado de la pensión "esposado por un policía, después de golpearse desesperadamente contra las paredes para evitar ese traslado". Luego fue llevado a una dependencia policial de Ayolas y Ayacucho y de allí, según Bergesio, el Síes lo condujo "dopado y esposado" hasta San Camilo, junto a un efectivo y un operador de Niñez.
Integrante del equipo jurídico de la Asamblea de la Niñez, el abogado Salvador Vera ratificó que la entidad (donde confluyen distintas organizaciones defensoras de la infancia) "quiere conocer la cantidad de chicos derivados por la Subsecretaría Provincial de Niñez no sólo a San Camilo, sino también a otras instituciones de jurisdicciones extrañas a Santa Fe y alejadas de sus centros de vida".
"No hay datos oficiales al respecto", afirmó, para preguntarse: "¿Hubo equipos interdisciplinarios para evaluar en profundidad sus situaciones antes de derivarlos? ¿Están privados de su libertad? ¿En qué condiciones viven? ¿A qué tratamientos se los somete? ¿Existen controles? ¿De qué tipo? ¿Las instituciones a que se los deriva tienen convenios con Niñez?".
El abogado aseguró que se requieren "respuestas inmediatas ante la gravedad de situaciones que atestiguan muchos casos similares y sostuvo que, aun habiendo orden judicial, "es gravísimo que se estén tomando medidas extraordinarias tan gravosas y de máxima con chicos".
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, adelantó que esta semana armará un "registro" de los chicos que han sido enviados fuera de la provincia. "Nosotros no tenemos acreditados más que cuatro", derivados a San Camilo y otra granja bonaerense, Los Naranjos. Casos que definió como de "extrema complejidad".
También adelantó que pedirán a Niñez que informe "cuáles fueron los equipos interdisciplinarios y los criterios de evaluación" para derivar a los adolescentes a granjas de rehabilitación. "Encima, sacarlos de la provincia no parece una buena solución", afirmó.
