El acompañante terapéutico de la Dirección de Niñez provincial en Rosario imputado de abuso sexual de una nena menor de edad en 2015 que debía amparar en un alojamiento de ese organismo, afronta un pedido de pena de 16 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. El requerimiento se dio a conocer en una audiencia donde se le prorrogó la prisión preventiva hasta el juicio oral. La víctima declaró en cámara Gesell y ratificó los hechos. El juez que presidió el trámite dijo que en su carrera nunca había asistido a una situación de semejante vulnerabilidad.
Dos trámites relevantes se realizaron ayer en el Centro de Justicia Penal (CJP) en relación a la gravísima denuncia de abuso sexual que tiene como acusado a Daniel Augusto A.C., quien se desempeñaba como celador de la Dirección de Niñez, delegación Rosario.
El hombre fue denunciado por abusar sexualmente de una nena vulnerada que fue puesta a resguardo por Niñez cuando tenía 11 años, y alojada en el dispositivo que se conocía como Casa de la Música (San Juan al 700) donde ocurrieron los hechos en 2016, cuando tenía entre 12 y 13 años.
A las 11 de la mañana se realizó la entrevista a la víctima bajo la modalidad de cámara Gesell. En esa circunstancia, ratificó los hechos ante una psicóloga del equipo interdisciplinario del MPA, y dio detalles y referencia del contexto en relación a los vejámenes que sufrió.
El relato de la víctima confirmó los hechos
En ese sentido, el fiscal Ramiro González Raggio, de la Unidad de Delitos Sexuales MPA a cargo de la pesquisa, confirmó a La Capital que la medida tuvo “un resultado positivo para la teoría del caso. Es una víctima con un historia de vida muy complicada. Podemos decir que se confirmó lo que sosteníamos desde la imputación. Como anticipo jurisdiccional de la prueba podemos decir que es un capítulo concluido”.
Sin entrar en detalles, el funcionario explicó que el objetivo de esa declaración anticipada de la joven tenía sustento en “su situación psicológica, inestabilidad emocional, y en la naturaleza de los hechos. Lo que se puede tomar de estas declaraciones no es solo el relato, sino lo gestual, lo corporal, lo cual consolida y da credibilidad a la denuncia. Contó situaciones puntuales, las contextualizó en tiempo y espacio, fue un relato enriquecido”.
Preso hasta el juicio
Con ese elemento preponderante, una hora después se desarrolló la audiencia donde se debía revisar la prisión preventiva efectiva dictada contra Daniel Augusto A.C., de 34 años, cuando fue imputado en mayo, cuyo vencimiento operaba ayer. Bajo la presidencia del juez Gonzalo López Quintana, el imputado ingresó esposado a la sala de audiencias Nº 9 y se sentó junto a su abogado defensor, Jorge Alcaraz.
En primer lugar el fiscal González Raggio solicitó la prorroga de la medida cautelar hasta la audiencia preliminar al juicio, sobre todo ante la gravedad de los hechos, la carga incriminante que terminó de sellar el pesado y angustioso relato de la víctima, y otras evidencias que confirman la hipótesis de los gravísimos abusos.
Además, le recordó al juez que ya había formalizado por escrito la acusación. Con vistas al juicio oral y público, solicitó la pena de 16 años de cárcel para el trabajador de Niñez como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el encargado de la guarda de la víctima.
Según la teoría fiscal, “abusó sexualmente en al menos tres oportunidades de la víctima, cuando tenía entre 12 y 13 años, sin que pudiera consentir libremente la acción”. De acuerdo a las constancias, ingresaba al dormitorio donde dormía la nena, se acostaba en otra cama, se le acercaba y la obligaba a tener relaciones sexuales mientras le tapaba la boca para que no gritara”.
Por las circunstancias de los hechos, su realización, la reiteración y duración, el sometimiento fue “gravemente ultrajante para la víctima”, remarcó el fiscal. A su turno, el abogado defensor reiteró el pedido de libertad para el imputado.
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Argumentó que tiene arraigo, trabajo, familia, y que no se dan los presupuestos de peligro procesal, de fuga, o de entorpecimiento probatorio. Ofreció una serie de alternativas, como firma semanal en la OGJ, prohibición de acercamiento a la víctima, e incluso una fianza.
Un juez conmocionado
Tras escuchar a las partes, el juez López Quintana fue tajante. Recordó que la defensa reiteró argumentos, evaluó las evidencias que expuso el fiscal, la requisitoria de elevación a juicio con el pedido de pena y, sobre todo, se conmocionó con el relato de la víctima.
“Acabamos de tener una audiencia como creo nunca tuve. Una cámara Gesell donde pudimos ver el estado de la víctima, y lo que contó. Pudimos notar el extremo grado de vulnerabilidad. Volvemos con la cuestión vinculada al riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero también frente a la pena, porque el mínimo equivale a la de un homicidio. No puedo dejar de valorar la gravedad y el riesgo de fuga que impacta en la cabeza y temores de cualquier persona”, indicó el magistrado en referencia a la víctima.
Por esas elementos, decidió que el celador de Niñez siga detenido en prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar al juicio oral y público.
Luego del trámite, el fiscal indicó a este diario que del relato de la víctima resulta la evidencia fundamental, pero destacó otra que completa la investigación.
Más evidencias y el rol de los funcionarios
“Hay testigos de Niñez que contextualizan y posicionan al imputado como acompañante personalizado en la época de los hechos en la Casa de la Música; intercambio de correos electrónicos que tenían como finalidad la organización y calendario de acompañantes terapéuticos. Con eso quedó definido el rol del acusado en tiempo y espacio. Eso es fundamental”, indicó González Raggio.
Además, enumeró la documentación que acredita la vinculación laboral con Niñez. “Hay recibos de sueldo y constancias de pago de esa época cuando la niña menciona los hechos. También se expresaron los funcionarios testigos el día que ella develó los abusos, cuando en noviembre de 2020 entró en crisis al cruzarse con el agresor” en la oficina de la subsecretaria de Niñez, ubicada en la cortada Ricardone y Corrientes.
“Ellos pudieron ver el estado emocional de la chica, que era espontáneo, y son quienes permiten hablar de todo lo que sucede después, las medidas que se tomaron y los interrogantes sobre la demora del organismo en presentar la denuncia, preguntas que no se van a contestar en esta causa”, indico el fiscal.
Es que en paralelo, y ante la probabilidad de irregularidades o demoras de los funcionarios en el abordaje y la presentación de la denuncia del caso, hay otro legajo penal a cargo la fiscal Mariángeles Lagar, quien busca determinar la responsabilidad de Niñez al momento de los hechos, y si sus referentes incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
