Un hombre que el lunes se puso a disposición de la Justicia quedó imputado ayer como miembro de la asociación ilícita que estafaba a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con conexiones clandestinas y medidores fraguados y por el delito de estafa agravada por ser en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía pidió que quedara en prisión preventiva, pero el juez entendió que debía quedar en libertad con algunas reglas de conducta y una caución de 50 mil pesos, al igual que las otras nueve personas que hay imputadas en la causa.
Se trata de Claudio Alberto C., de 46 años y empleado de la EPE, quien luego de entregarse el lunes pasado y quedar detenido, ayer a las 10 fue sometido a una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. Se trata del último sospechoso que se encontraba prófugo. La fiscal de investigación y juicio, Valeria Haurigot, le imputó haber formado parte de una asociación ilícita que tenía como finalidad la preparación, planificación y ejecución de estafas contra la Epe. Para el Ministerio Público de la Acusación, esa organización funciona, por lo menos, desde 2012.
Haurigot puso al sospechoso en el rol de partícipe primario dentro de una banda que adulteraba los medidores de consumo de energía eléctrica por medio de conexiones irregulares del suministro eléctrico para que, en las mediciones, los propietarios de las casas particulares o negocios que los contrataban aparentaran tener un bajo consumo de la red eléctrica.
Para acceder a este beneficio clandestino e ilegal, se cobraba la instalación por un monto que iba entre los 5 y los 27 mil pesos y luego una cuota mensual que consistía en un porcentaje del consumo ahorrado, que era verificado y controlado por los miembros de esa organización.
La imputación fue admitida por el juez Mariano Aliau, quien rechazó el otro pedido de la Fiscalía: que Claudio Alberto C. quedara en prisión preventiva. En cambio, dispuso que quedara en libertad con reglas de conducta —fijar un domicilio en Rosario, no salir del país, presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial— y una caución por 50 mil pesos.
Otros imputados
El pasado 1º de noviembre, la jueza Silvia Castelli aceptó la imputación presentada por Haurigot contra otros ocho sospechosos dentro de la misma causa, quienes también quedaron en libertad después de la audiencia. Entre ellos hay 5 empleados de la EPE y un ex empleado.
A todos se los imputó del delito de asociación ilícita en concurso real con estafa agravada por ser en perjuicio de la administración pública. A Víctor Hugo C., en calidad de jefe; a Gabriel Fernando R. y Eduardo Daniel B., en calidad de coautores; a Osvaldo Benito G. y Guillermo Alberto M., como cómplices primarios en tres hechos y por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos; y a Esteban Alejandro P., Pedro M. y Adriano Del Valle C., en calidad de cómplices primarios en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
La semana pasada un noveno sospechoso se puso a disposición de la Justicia: Néstor Osvaldo E., quien fue imputado por el mismo delito en calidad de autor.
Claudio Alberto C. era la última persona sospechada de integrar la asociación ilícita que era buscada por la Justicia.
Anónima
La investigación que destapó el accionar de la banda se inició con una denuncia anónima que derivó en la orden de intervenir los teléfonos de las personas presuntamente implicadas en la trama ilegal y en la posterior verificación del funcionamiento de los medidores fraguados y las conexiones ilegales.
Según indicaron desde la Fiscalía, algunas eran conexiones directas desde los cables de alimentación de energía y otras, por lo general supermercados, tenían los medidores adulterados.
Los lugares en los que se corroboraron conexiones clandestinas son un comercio de bulevar Oroño al 5300; supermercados de Mendoza al 1800, bulevar Rondeau 180, La Paz al 3400, Baigorria al 1300, 27 de febrero al 1300; un negocio de Rioja al 3200 y un salón de eventos del barrio Tierra de Sueños 3, en Roldán.
Con los miembros de la presunta asociación ilícita imputados, ahora el Ministerio de la Acusación apunta a recolectar y analizar los datos recabados para realizar posibles imputaciones contra los dueños de todos los lugares por participar en la estafa.
