Negociaciones contrarreloj para evitar el paro de colectivos lanzado para este martes

Los representantes de la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap), del Ministerio de Transporte de la Nación y de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) volverán a verse las caras este lunes en un intento por encauzar la negociación paritaria de los colectiveros, que ya desembocó en un paro que fue levantado en el marco de una conciliación obligatoria pero podría desembocar en una medida de fuerza prevista para este martes .

En la previa, la Fatap emitió un comunicado en el que dejó en claro que "sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, el esfuerzo será en vano”.

Los empresarios volvieron a remarcar la "imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada por la representación sindical de los trabajadores"; un reclamo que consideraron "legítimo".

Cabe recordar que la UTA había lanzado la semana pasada una medida de fuerza que quedó sin efecto luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria que vencerá este martes; por eso las partes se volverán a reunir este lunes para intentar llegar a un acuerdo. Si eso no se consigue, la UTA volverá a la lanzar el paro a partir de la cero hora del martes.

Así las cosas, todos los ojos están puestos en la reunión que todas las partes involucradas mantendrán el lunes, desde las 17, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese marco, desde la Fatap se advirtió que “el transporte de pasajeros urbano y suburbano del interior del país se presta hoy merced a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco del conflicto originado por la imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada por la representación sindical de los trabajadores”.

Así, la Fatap advierte a los usuarios y autoridades competentes que esa imposibilidad "se mantendrá en tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas”.

En el comunicado difundido este domingo, la federación de transportistas detalló que "es preciso que se comprenda que las concesiones o permisos de prestación de servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros por colectivos establecen que los ingresos de las prestadoras son la recaudación por venta de pasajes (tarifas), y aquellos aportes (subsidios, Fondo Compensador, asistencias) que los gobiernos disponen para garantizar la accesibilidad a los servicios de la mayor cantidad de usuarios posibles. Así, los incrementos que sufren los salarios, el combustible, los repuestos y los bienes de capital (buses, instalaciones), entre otros costos, deben encontrar adecuada cobertura en alguna de las dos fuentes de ingresos indicadas, siendo imposible asumirlos en caso de que ello no suceda”.

Es por es que remarcaron que "a pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincias y Nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables”.

A entender de los empresarios, “esa conducta, que soslaya los intereses y necesidades de millones de usuarios del interior del país, encuentra confirmación en la reiterada ausencia de las autoridades del Ministerio de Transporte y del Consejo Federal del Transporte a las audiencias citadas por el Ministerio de Trabajo, lo cual esteriliza la negociación paritaria, en tanto son quienes establecen y regulan los ingresos por tarifas y asistencias, únicos recursos con los que cuentan las empresas prestatarias para poder afrontar los mayores costos que surgirán del eventual acuerdo salarial”.