En medio de gestiones que ya había emprendido el gobierno provincial para tomar tramos de rutas nacionales que pasan por Santa Fe para hacerse cargo de su operatividad, la administración de Javier Milei lanzó un nuevo sistema de concesión para la gestión y mantenimiento de todo el mapa de rutas del país a través de una nueva Red Federal de Caminos. De esta forma, Nación le pasará al sector privado esta responsabilidad "con el a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas". En la región, el tramo "Río Paraná" comprenderá más de mil kilómetros de extensión e involucra a las rutas 8 (que pasa por Venado Tuerto), 9 (en el sector de la autopista a Buenos Aires), 33 (de Rosario a Rufino) y avenida de Circunvalación, entre otras.
Lo singular es que la actual gestión le puso punto final a la empresa estatal que administraba gran parte de la red vial del país. En efecto, Corredores Viales tiene fecha de extinción y el gobierno argumentó su disolución en el alto índice deficitario que arrastraba desde el gobierno anterior.
Rutas en tramos
De esta manera, se aguarda la confección y publicación de los pliegos de concesión de los 12 tramos en que el mapa de rutas nacionales quedará dividido. En la región impactará el "tramo Río Paraná", que, en rigor, involucrará a las provincias de San Luis, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y afecta a segmentos de las rutas 8, 9 (autopista Rosario-Buenos Aires) y 33, 35, 36, 188, 193, A005 y Circunvalación de Rosario.
En otro apartado se licitará el tramo "conexión"; es decir los casi 60 kilómetros de la ruta 174; es decir el nuevo llamado para puente Rosario-Victoria, hoy en manos de Caminos del Uruguay.
Es así que a través de la ley Bases se pondrá en marcha la transferencia de la gestión, operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas al sector privado, que actualmente está mayormente a cargo de Corredores Viales SA, creada en 2017 para gestionar las rutas que habían sido concesionadas en los 90.
El gobierno argumentó en un comunicado de prensa que la empresa estatal "no ha logrado cumplir con los estándares mínimos de operación y mantenimiento, con déficit a pesar de los aumentos tarifarios realizados. Es por ello que, hasta diciembre de 2023, las deudas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el propósito del peaje, que es financiar de manera autónoma la operación y el mantenimiento de las rutas".
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Bajo esta justificación y para "garantizar la sostenibilidad de la red vial", el Estado nacional convocará a una licitación pública nacional e internacional abierta a todos los actores que cumplan con las garantías exigidas. "Este nuevo esquema promueve una mayor competencia ya que permite la participación de empresas que no necesariamente pertenecen al sector de la construcción vial, generando mayor transparencia y confianza en el sector privado", se aclaró en el parte de prensa.
Nación en dos etapas
En cuanto al proceso de licitación, la Casa Rosada tiene contemplado ejecutarlo en dos etapas: primero tramos cuyas concesiones vencen el próximo 9 de abril e involucran las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria (174), y atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La convocatoria para esta etapa se lanzará en diciembre de 2024, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025.
Mientras que la segunda etapa tendrá el concesionamiento de 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la 33 en Santa Fe (en manos de Vialidad Nacional), la 18 en Entre Ríos, y la variante de la 19 en Córdoba.
Se trata del paquete mayoritario, y que estará dividido en diez tramos. En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en doce tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito. La convocatoria para esta segunda etapa se realizará en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio de 2025.
Entre las nuevas reglas del juego se busca imponer que las empresas concesionarias solo podrán cobrar la tarifa de peaje una vez que la totalidad de la ruta concesionada esté en condiciones seguras de transitabilidad. Recién ahí podrían recuperar la inversión. El nuevo sistema asegurará que la mayor parte de la recaudación se utilice en el mantenimiento y la construcción "al reducir el costo de intermediarios", indicó el gobierno nacional.
Santa Fe picó en punta
La Capital publicó días atrás, una saga más de las ingentes gestiones del gobierno provincial ante Nación para que se le otorguen potestades en diversos tramos de rutas nacionales. La idea es avanzar en un plan de puesta a punto y mantenimiento. Y, Legislatura por medio, se puedan ceder tramos para que la administren privados. Por lo pronto, la gestión santafesina proyectó un convenio para que Vialidad Nacional le entregue a la administración provincial kilómetros estratégicos en zonas portuarias.
La pretensión giraba en torno a la ruta 11, la 33 de Rufino a Rosario y la segunda circunvalación que rodea el área metropolitana: la A012, fundamental para la llegada de camiones al complejo portuario de la zona de Rosario, en donde se piensa operar la traza vial como zona única, con un cobro por tonelaje eliminando las tasas que cobran algunos municipios del cordón industrial. Con la 33 incluida en el tramo Río Paraná, quedarían en el radar de Santa Fe la 11 y la A012, en una expectativa de una red de unos mil kilómetros para reparar.
Desde la Casa Gris insisten: "Fuimos provincia pionera en el pedido de rutas nacionales para la concesión. Nosotros no nos subimos a una postura nacional, porque hace meses que venimos peleando por esto".
