Un concejal presentó un proyecto para que a la segunda vez que multen a un conductor por esta infracción, el rodado vaya a compactación sin apelación
Por Nicolás Maggi
Según datos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, un niño ingresa a la guardia cada seis días con lesiones producidas en un siniestro protagonizado por una moto
Un proyecto en el Concejo propone endurecer las sanciones para los que lleven menores de 10 años en moto. La iniciativa de Carlos Cardozo (PRO) dicta que a la segunda vez que multen a un conductor por esta infracción, el rodado vaya a compactación sin posibilidad de apelación. Además, pide que se destruyan los escapes ilegales en los vehículos secuestrados en operativos.
El Código de Convivencia vigente prohíbe llevar niños menores de 10 años en motos de todo tipo. A su vez, en aquellos vehículos de menos de 60 centímetros cúbicos de cilindrada, está vedada la posibilidad de transportar como acompañante a cualquier tipo de persona, independientemente de su edad.
En el marco de un incremento notorio del parque de motos de Rosario en los últimos años, en el texto se menciona, tomando estadísticas de la Secretaría de Control y Convivencia y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario (con foco en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez) que hay "un crecimiento preocupante de siniestros viales con personas gravemente heridas o fallecidos, en donde al menos uno de los vehículos son motos que transportan menores de edad".
"Si bien se han multiplicado los operativos en coordinación entre la Municipalidad, el Gobierno de Santa Fe y las fuerzas federales con asiento en Rosario y ha crecido la remisión de motos por falta de documentación o motivos más graves, consideramos necesario ajustar la norma para que se tome real conciencia del tremendo peligro que conlleva transportar menores en vehículos de esta naturaleza de manera irresponsable y en circunstancias expresamente prohibidas en la normativa local", argumentó Cardozo.
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El concejal aclaró que entiende "los motivos que llevan a familias a transportar niños en motos para cumplir con obligaciones educativas, culturales, sociales y deportivas o por el merecido esparcimiento que toda familia debe gozar", pero consideró que "no corresponde que dejemos pasar este fenómeno sin agravar las penas vigentes".
Un informe de 2019 construido con datos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela y de la Dirección de Estadística de la Secretaría de Salud Pública municipal, mostraba que durante el primer semestre de 2018 ingresaron a la guardia de ese efector 34 menores de 15 años con lesiones producidas en un siniestro protagonizado por un ciclomotor. El promedio era de un niño cada seis días, aproximadamente. Del total de hospitalizados, 23 niños se encontraban por debajo de ese límite y en siete de esos casos incluso se trató de bebés de un año o menos.
En base a estas apreciaciones, el edil del PRO pidió que se modifique el Código de Convivencia para que en el caso en que se lleve un acompañante menor de 10 años a bordo de una moto, se sancione al infractor con multa de 100 a 300 UF y/o inhabilitación para conducir por 180 días. "Ante una reincidencia por parte del infractor, el motovehículo será remitido para su compactación sin posibilidad alguna de apelación", agrega el cambio de redacción del texto.
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El expediente está emparentado con otro del mismo edil, que pide la compactación de los escapes antirreglamentarios en los ciclomotores que sean secuestrados en operativos como modo de combatir la problemática que se repite en la ciudad: la de los ruidos molestos provenientes de estos vehículos.
"Hay vehículos con dispositivos de escapes que exceden los niveles sonoros estipulados en el Decreto Ordenanza 46542/1972, que tiene la finalidad de prevenir la polución sonara, preservar la salud, la seguridad y el medio ambiente. En un ambiente sobrecargado de ruidos y sonidos, no se puede ofrecer a la ciudadanía una buena calidad de vida", reza en los fundamentos.
Por eso, establece que "en el caso de remisión de motocicletas con sistemas de escape libre, escapes fuera de reglamento o dispositivos tipo roncadores al corralón municipal, se procederá a la extracción del caño de escape del infractor y su reemplazo por uno que se ajuste a normativa vigente para retirar el vehículo de las dependencias municipales".
Luego, solicita al Ejecutivo que determine "la manera pertinente para la destrucción de los caños de escape decomisados, teniendo en cuenta la efectividad de la medida, así como su publicidad”. Además, menciona que otras localidades como Henderson, Santa Rosa, Roldán, Pergamino y General Cabrera han implementado normativas en el mismo sentido.
La iniciativa fue ingresada por primera vez en 2018, pero a fines del año pasado el edil volvió a la carga con la propuesta, que cuenta hoy con estado parlamentario, con el objetivo de ponerlo en debate cuando el cuerpo vuelva a sus funciones luego del receso.
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