Los diez detenidos por la megacausa de fraude y lavado que conmocionó a la ciudad fueron imputados hoy en el marco de una maratónica audiencia por asociación ilícita, estafa, lavado de activos y falsificación ideológica de instrumento público, con distintos roles, mientras que la persona que estaba fuera del país, hoy retornó y se presentó espontáneamente ante las autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) y el lunes tendrá la audiencia imputativa.
De los diez imputados, siete fueron acusados por asociación ilícita, mientras que los tres restantes por estafas.
La lectura de los hechos que se le imputan a los acusados y la presentación de evidencia en una investigación que encabezó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, estuvo a cargo de la fiscal Valeria Haurigot, en una audiencia que comenzó a las 14.30 y que si bien tuvo un cuarto intermedio, pasadas las 21 aún continuaba. Y se hizo después de los más de 20 allanamientos que se realizaron el miércoles en esta ciudad y que derivó en la detención de diez personas.
Tras la imputación de la fiscal se escucharon los argumentos de los defensores, y ahora resta que el próximo martes el Ministerio Público de la Acusación defina si pide que los acusados siguen el proceso detenidos, con prisión domiciliaria o libres.
Por su parte, Carlos Varela, abogado defensor de uno de los acusados, recusó a la jueza Mónica Lamperti, al tiempo que en contacto con la prensa afirmó que las acusaciones "no dan para que estas personas transiten el proceso detenidos". "No hay riesgo de fuga o de entorpecer la causa", añadió.
Al respecto, la fiscal Haurigot explicó que se detallaron siete hechos concretos con "maniobras delictivas atribuidas a las distintas personas" y con "defraudaciones en inmuebles". "Se puso en evidencia toda la documental que respalda la investigación que viene llevando a cabo la fiscalía".
Además, aclaró que la "visión sobre asociación ilícita" que tiene el Estado es de un grupo de "conformación delictiva con delincuentes por estratos". Es decir, once personas que "no tienen en principio una vinculación directa de todos con todos pero sí operan a los efectos de cometer delitos determinados para llegar a lavado, con todas las falsificaciones necesarias para llegar a eso".
Por su parte, Varela cuestionó que incluyan el delito de lavado y de bienes derivados del narcotráfico, porque eso debería analizarse en el fueron federal. "Las evidencias no son contundentes y los delitos tienen una eventual condena mínima de ejecución condicional, no son superiores a los tres años", sentenció el abogado.
