Es evidente, es inocultable: en las mayores aglomeraciones urbanas de Santa Fe hay un problema de seguridad pública al que no se le pudo encontrar freno. Está expresado en una alta tasa de homicidios dolosos con bajo índice de esclarecimiento. En una policía poco visible en el territorio, con una corrupción estructural que la atraviesa verticalmente y una valoración negativa de la comunidad. También hay inquietud por el delito callejero, que produce sensaciones de desprotección y una trama de narcomenudeo barrial que ha multiplicado enfrentamientos feroces y letales.
Todo eso es cierto. Pero no lo es que sea un problema exclusivo de Santa Fe y Rosario. En el conurbano bonaerense los problemas de criminalidad estremecen a los vecinos del segundo y tercer cordón. Allí son cotidianos algunos delitos graves a los que no se les pone freno. Uno cotidiano son los secuestros extorsivos que sufren al voleo mayormente personas comunes cuyas familias trabajadoras son aterrorizadas en las negociaciones por los rescates. También los homicidios en ocasión de robo de automotores, como ocurrió anteayer en Lanús. O como en Longchamps, donde murieron ayer dos ladrones y un policía al tirotearse. O los delitos complejos con víctimas,también ayer en Luján, donde dos policías quedaron en grave estado acribillados a tiros por piratas del asfalto.
Sin tironeos. En estas zonas el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich despliega agentes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval sin implicarse en tironeos ni discusiones. Para el Gran Buenos Aires las fuerzas federales existen como recurso permanente con la fuerza de los actos de fe. Es una cuestión tan natural como la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires (Caba), que goza del automático privilegio de ser custodiada como ningún otro distrito. Para cubrir sus 200 kilómetros cuadrados hay cuatro fuerzas: Policía Federal, Policía Metropolitana, Gendarmería y Prefectura. En esa ciudad autónoma equiparable legalmente a una provincia, los uniformados salen de las alcantarillas. Incluso el gobierno de Mauricio Macri le traspasó a ese distrito los recursos económicos nacionales para sostener la Policía Federal. Es el único de los 24 estados federales en que se subdivide el país en tener ese privilegio.
En cambio la ministra Bullrich hace sentir que por lo que otros distritos tienen naturalmente, Santa Fe debe estar agradecida y a la vez retribuir esa dispensa aceptando un menú de condiciones. Como si una provincia de tres millones de habitantes y contribuyente destacada de la riqueza nacional no tuviera derecho, además por los tributos que transfiere, a recibir asistencia en seguridad que el Estado nacional le da a otros enclaves que son, casualmente o no, los que están, por coloración política y cuestiones espaciales, más próximos a la Casa Rosada.
Rivalidad. El contexto político en que se da este tironeo no deja de ser observable. Santa Fe viene mellada por los problemas de seguridad de los que su gobierno es ciertamente responsable. Pero Bullrich elige tensar la cuerda en vísperas de una segunda marcha contra la inseguridad. Y lo hace en un contexto donde el PRO y el Frente Progresista son rivales destacados. A los hombres de Cambiemos menos de 2 mil votos los separaron de la Gobernación. Y además una fuerza y otra están en evidente disputa por un aliado común que es la Unión Cívica Radical. Es imposible ralear del análisis esta disputa para entender, como un factor, la reticencia del gobierno nacional a demorar lo que en el conurbano es automático.
Santa Fe tiene problemas serios que en estos días su población le marca con agobio en marchas multitudinarias. Pero el gobierno nacional no puede mostrar, en seguridad pública, un esquema merecedor de respeto ni por la solidez de sus diseños ni por sus resultados. Según especialistas en política criminal que tienen diversas procedencias políticas pero gozan de respeto —Alberto Binder, Gabriel Tokatlian, Marcelo Saín, Juan Pegoraro—, las acciones anunciadas en la materia son hasta ahora, como se dice en el fútbol, medidas para la tribuna.
Así como nunca pudo saberse en qué consiste en política económica el Plan Hambre Cero tampoco queda claro en qué consisten. En política de narcotráfico, el anunciado Operativo Frontera Norte tuvo una única medida operacional que fue la posibilidad de derribo de naves sin autorización de vuelo, de cumplimiento imposible porque Argentina no tiene aviones caza para su interceptación. Otra medida de pomposo anuncio, como el protocolo de control de las protestas sociales, tampoco derivó hacia ningún lado. El nuevo plan integral contra el tráfico de drogas "Argentina sin narcotráfico" también mereció enormes críticas. En un caso, por su vaguedad enunciativa. En otro, porque Macri habló de "ganar esta guerra" cuando en América latina, con los resultados desastrosos de México y Colombia en términos de vidas humanas como evidencia, se proponen abandonarla.
Todoterreno. Las declaraciones de Bullrich no son las de una conocedora de las problemáticas de la seguridad pública. No lo es, como tampoco fue una especialista en política laboral cuando fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa en el tiempo en que se recortó el 13 por ciento del salario de trabajadores estatales y jubilados. En el campo donde sí se le reconocerá probidad es como un comando político todoterreno al servicio de las iniciativas a las que sirve en cada uno de sus alineamientos coyunturales. Ese rol que cumplió dando batalla en los programas de actualidad política, ahora lo lleva a cabo en su sillón de ministra según la instrucción: calzándose un traje de fajina militar en Salta, mimetizándose con las fuerzas a las que debe conducir o diciendo que Santa Fe no se compromete a depurar su policía el mismo día de una marcha que cuestiona al gobierno provincial, en el medio de una contienda política entre su actual coalición de partidos y en un territorio que aún no sabe cuándo llegan las fuerzas federales.
