Autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias recibieron con dolor y desesperanza la resolución judicial por el accidente ocurrido el 24 de febrero de 2017 sobre ruta 33, cuando dos colectivos de una empresa interurbana chocaron de frente causando la muerte de 13 personas. Tras casi 8 años las partes acordaron la suspensión del juicio y la firma de una probation, y con ello se cerró el caso. Sin embargo, quedaron voces que cuestionaron la decisión al considerar que se consagró la impunidad y que no hubo justicia para las víctimas.
En una tórrida jornada de calor extremo, dos colectivos de la firma Monticas chocaron de frente a la altura del kilómetro 779 de la ruta 33. Fue un hecho considerado de altísimo impacto en materia de siniestros viales en Santa Fe a punto tal que, meses después de los sucedido, el gobierno provincial decretó la caducidad de la operatoria a esta firma. El próximo 24 de febrero se cumplirán 8 años de este hecho, que no solo dejó las 13 muertes, sino más de una treintena de heridos. Muchos eran estudiantes de Agrarias de la UNR.
Transcurrido todo este tiempo, en la audiencia de este jueves se acordó concluir la investigación sin identificar penalmente a responsables, además de establecer una serie de montos que los acusados deberán pagar como acto reparatorio.
Prueba en la mira
La hipótesis que llevó a este camino fue impulsada por la propia Fiscalía, que entendió que las pericias sobre el reventón del neumático delantero izquierdo de unos de los micros (el interno 145) que habría causado el choque fatal no tendrían la contundencia probatoria suficiente para ir a juicio y determinar fehacientemente sus desperfectos o vicios. Allí se planteó que con pruebas no tan robustas, una audiencia oral y pública podría derivar en la absolución de todos los acusados. Eso motivó un primer borrador que, si bien no prosperó, fue la base para la actual resolución.
La audiencia de suspensión del procedimiento a prueba fue aceptada por el juez de primera instancia Pablo Pinto y en su reemplazo se impusieron obligaciones a los nueve imputados que cumplirán entonces una probation. Los familiares de las víctimas prestaron conformidad a la resolución.
En la suspensión de las acciones que extingue la acción penal, los imputados no asumen su responsabilidad civil o penal en los hechos. También se acordó una reparación económica a los damnificados y otras entidades, como los bomberos de la región que actuaron al momento del accidente.
A su vez, los imputados que trabajaban en los talleres de Monticas quedaron inhabilitados para realizar ese tipo de actividades en la órbita del servicio de transporte de pasajeros. La misma restricción especial se aplica a los exintegrantes del directorio, de modo que no podrán ocupar cargos similares en otras empresas del rubro por los próximos dos años. La mitad de las personas denunciadas por el choque cumplían funciones relevantes con poder de mando, pero un segundo grupo estuvo acusado por el mantenimiento deficiente de los colectivos interurbanos.
En septiembre de 2022, el fiscal de la causa, Walter Jurado, anunció el pedido de condenas de hasta 5 años de prisión efectiva por homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas. Y cargó también con los delitos de lesiones culposas graves y gravísimas agravadas por la multiplicidad de víctimas en concurso ideal.
Pero no se llegará a juicio. Los defensores indicaron que el acuerdo al que se arribó se produjo “sin reconocer responsabilidad alguna, ni de carácter penal, ni tampoco civil y solo a los fines de instrumentar una salida alternativa al conflicto emergente”.
Voces divergentes
Lo acordado este jueves fue una determinación que contó con el visto bueno de todas las partes. No obstante, desde la comunidad universitaria no fueron pocos quienes manifestaron su disconformidad.
"Lo primero que se me cruza es que es una vergüenza que se demore tanto para un fallo que no garantiza justicia. Me pregunto qué sentirán los familiares de los compañeros que perdieron la vida y los sobrevivientes de este tremendo trauma. Es un golpe muy duro para nuestra comunidad educativa después de haber perdido a compañeros de trabajo en esa tragedia. Con la comunidad, esperábamos que después de tanto tiempo al menos los familiares pudiesen tener algo de justicia. También para aquellos que estuvieron involucrados y afortunadamente hoy siguen con nosotros", consideró ante La Capital Pablo Palazzesi, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR.
"Yo era decano en ese tiempo", le contó a este diario el ingeniero agrónomo y secretario general de la UNR, Guillermo Montero, para agregar: "Murieron o quedaron malheridos algunos amigos y gente que apreciábamos mucho". El académico se mostró "indignado con el fallo", al tildarlo de "vergonzoso".
Sobre el servicio interurbano, Montero consideró que "siempre prestó un servicio muy precario, sin mantenimiento de las unidades que se rompían todos los días. Gomas lisas, la gente amuchada como ganado en las unidades, sin aire acondicionado en el verano lo cual las transformaba en un invernadero, con ventanillas trabadas o rotas en el invierno". El ex decano también recordó que se habían concertado "miles de reuniones con la empresa, con la Secretaría de Transporte, con la Comisión Nacional de Transporte y nunca cambiaba nada".
Montero prosiguió en su relato: "Mandaban inspectores dos o tres días y luego todo seguía igual, a las bajas frecuencias se les sumaban las unidades rotas y se generaba un caos en la ida y vuelta de los estudiantes y docentes a Zavalla, en un circuito que era monopolio de una sola empresa. Solo existía la buena onda de algunos choferes que le ponían el lomo al trabajo y la palabra para recibir los infinitos reclamos de los usuarios. Es muy dolorosa la resolución de la impresentable Justicia se nuestra patria".
El delegado normalizador de la Federación de Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Pasajeros de la República Argentina y referente del sector en la regional San Lorenzo, Walter García, también brindó su opinión sobre el abreviado acordado entre las partes: "Ese juicio se debió anular porque las responsabilidades son anteriores y políticas. Nosotros habíamos acreditado la corrupción de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Secretaría de Transporte donde no se llevaban con eficacia los controles. Por ende estaba en riesgo la vida de usuarios y trabajadores. Por tal motivo solicitamos por escrito la colaboración de Gendarmería para así poder fiscalizar nosotros dado que los choferes venían al gremio y nos presentaban las quejas sobre las unidades. Esto fue presentado en octubre y cuatro meses después se desata ésta tragedia".
El gremialista también recordó que quiso presentar documentación y su testimonio ante el fiscal Jurado, pero no fue recibido. "Este juicio estuvo viciado de entrada, se toman de la pericia que está inconclusa", argumentó para recordar que, lejos de ser reconocido, recibió la persecución y el acoso.
El resarcimiento
Sin admitirse o reconocerse como autores de los delitos señalados y a los efectos de un resarcimiento, los imputados ofrecieron aportar entre todos 1,3 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios de Pérez y Zavalla, dotaciones que trabajaron en la tragedia.
En tanto, las víctimas directas del accidente o los herederos forzosos, recibirán de los nueve acusados una suma equivalente a un salario y medio, neto, de acuerdo a lo que determinan los recibos de sueldo que tienen en la actualidad. Esta suerte de indemnización será abonada en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas Este acuerdo no incluye las denuncias de lesiones leves por el choque en la ruta 33. Algunas personas desistieron de la acción penal y el MPA restringió la investigación a las muertes y los casos más graves dentro del registro de víctimas.
El 24 de febrero de 2017, a las 10.45, los relojes se detuvieron en la región. Dos unidades de Monticas y Metropolitana (ambas pertenecientes a la misma compañía) chocaron de frente en el kilómetro 779 de la ruta nacional Nº 33, entre Pérez y Zavalla.
De las personas que perdieron la vida en el luctuoso accidente tres residían en Casilda: Cintia Albornoz, a quien le faltaba un día para cumplir 39 años de edad; Gabriela Márquez, quien tenía 25 años; y Natalia Angiorama (31). También fallecieron Aníbal Pontiel, de 53 años de edad (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán). En tanto, María Belén Genga, de San José de la Esquina, sobrevivió pero permanece en estado vegetativo a causa de las severas lesiones que sufrió. Siempre es oportuno recordarlos y honrar su memoria.
