La apertura de una mesa de diálogo con las autoridades de Desarrollo Social de la Municipalidad y el compromiso de que durante ese tiempo no haya "persecución" a quienes utilicen carros tirados por caballos fue lo que logró destrabar la protesta que decenas de familias de recolectores llevaron adelante ayer en la puerta del Concejo Municipal. El hecho tuvo su punto de mayor tensión cuando un hombre se ató a un árbol sobre 1º de Mayo y, munido de una botella de líquido inflamable y un encendedor, amenazó con prenderse fuego. "Hace desde el miércoles que no salgo a cirujear y que no tengo qué llevarle de comer a mis hijos", dijo Carlos; mientras en la otra esquina, sobre Córdoba, Miriam, encadenada a la vieja puerta del Palacio Vasallo, afirmó: "Nos humillan y nos denigran".
Ya la semana pasada, a 24 horas de la entrada en vigencia la prohibición del uso de la tracción a sangre para la recolección de residuos, se habían concentrado frente al Palacio Municipal y ayer lo hicieron en la puerta del Concejo. Se trata, según las cifras oficiales del municipio, de unos 200 carreros que no se sumaron al programa Andando que la ciudad puso en marcha para "reconvertir" la actividad, ya sea con un cambio de herramientas o con capacitaciones en oficios.
El planteo volvió con más fuerza, ya que aseguraron: "Desde la semana pasada no salimos y eso significa que no hay nada para llevar a casa". Carlos, atado a un árbol, amenazando con prenderse fuego y provocándose lesiones cortantes, aseguró que sus cinco hijos "están comiendo arroz desde hace una semana, porque no hay otra cosa que darles".
Su planteo se repitió en varios casos, y la amenaza fue lo que mayor tensión generó a lo largo de la mañana e hizo que concejales, como la radical María Eugenia Schmuck, salieran a persuadirlo de no hacerlo.
Negativa
Los que vienen sosteniendo el rechazo son referentes de los barrios más vulnerables de la ciudad, como Empalme Graneros, La Lagunita y otras zonas rosarinas, quienes ayer no sólo se manifestaron frente al Concejo, sino además en Alberdi y Juan José Paso, Sorrento y Casiano Casas, y en el sector de Garibaldi y las vías del ferrocarril.
"No nos dan una salida", repitió Miriam, también atada en la esquina de 1º de Mayo y Córdoba. "Me sacan el caballo por diez mil pesos y me dan un curso de capacitación, pero mientras tanto de qué vivo yo y mi familia", se preguntó la mujer. Al lado estaba Luis Borghi, de 35 años y con cinco hijos. "Es difícil decirle a los chicos que no hay ni pan", afirmó el hombre, que relató cómo él y otros 11 compañeros quisieron sumarse organizándose en una cooperativa para trabajos de albañilería, pero no les dieron respuestas.
"No pudimos con los papeles, hay muchos que son analfabetos, y aunque nos dijeron que nos iban a acompañar, nadie lo hizo. Nos dijeron que las cosas estaban mal hechas, nos maltrataron y ahora nos quieren sacar el carro que es lo único que tenemos", sostuvo.
Mesa de encuentro
Funcionarios de Gestión Territorial del municipio se reunieron con representantes de los carreros y concejales para analizar la situación de cada caso. "Estamos viendo a corto plazo la subsistencia de cada familia y la reconversión dependiendo de cada situación", dijo el secretario de Economía Solidaria, Nicolás Gianelloni.
