En el colectivo de jubilados y pensionados de la provincia de Santa Fe existe una enorme brecha. Un grupo de cien personas cobran generosas jubilaciones provinciales que llegan hasta los 431.309 pesos por mes, según los registros de septiembre pasado. Esto equivale a que cada uno percibe alrededor de 25 haberes mínimos, que en la actualidad es de 16.883 pesos. Es decir, con el dinero que demanda el pago a este centenar de privilegiados beneficiarios ($39 millones mensuales), todos ellos ex ministros de la Corte, ex jueces, ex procuradores y ex fiscales, se podrían abonar 2.300 jubilaciones mínimas. Aunque cueste creerlo, todo esto se da en un sistema público de reparto, que es de carácter solidario, pese a que esta relación entre las jubilaciones mínimas y máximas no parecen demostrarlo.
La Capital accedió a la información de los haberes que paga la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y al listado de los nombres de los 100 mayores beneficiarios a través de un pedido de acceso a la información pública presentado en junio de 2017 en la Dirección de Anticorrupción y Transparencia provincial. La solicitud tuvo un derrotero algo accidentado porque el gobierno santafesino incumplió en más de dos años el plazo legal establecido para responder el requerimiento.
Los beneficiarios que aparecen en el listado de los cien mayores haberes que paga la Caja son todos jubilados que trabajaron en el Poder Judicial santafesino. En la nómina oficial a la que accedió este diario aparecen reconocidos ex ministros de la Corte, ex camaristas, ex jueces, ex procuradores y ex fiscales. Todos ellos perciben
haberes que van desde los 347.559 pesos hasta los 431.309 pesos por mes, según el registro de septiembre pasado. Sólo como parámetro: en España la pensión máxima que paga el Estado es de 2.659,41 euros, el equivalente a 183.471 pesos (cotización del viernes pasado en Banco Nación). Y eso que este país está segundo en el ránking de jubilaciones máximas en Europa, sólo detrás de Luxemburgo.
De este centenar de beneficiarios santafesinos, 21 cobraron en septiembre pasado la máxima de 431.309 pesos, pero incluso podrían haber percibido aún más si no estuvieran limitados por el tope que establece la ley provincial 6.915, del año 1973. Allí se dispone que el haber jubilatorio máximo en Santa Fe se fija calculando el 80% del sueldo del presidente de la Corte santafesina con 30 años de servicio.
Las jubilaciones y pensiones de quienes se desempeñaron en el Poder Judicial santafesino están reguladas por la ley de enganche, por lo que la Corte Suprema de la Nación determina sus incrementos y los traslada a las provincias. De esta manera, Santa Fe está pagando jubilaciones que están reguladas por otra jurisdicción.
El debate sobre estas exorbitantes jubilaciones se torna aún más picante si se tiene en cuenta que los miembros del Poder Judicial se autoeximen del pago del Impuesto a las Ganancias, a diferencia del resto de los ciudadanos que afrontan fuertes descuentos por este tributo.
Hoy la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial tiene 90.773 beneficiarios, de los cuales 68.212 son jubilados y 22.561 pensionados. La jubilación mínima en septiembre pasado fue de $16.883, la máxima de $431.309 y el haber promedio estuvo en $51.988. La pensión mínima en el mismo mes fue de $12.662, la máxima de $323.482 y el promedio se ubicó en $29.797.
La diputada Verónica Benas (Frente Progresista) sostiene que la diferencia entre los que más y menos perciben en esta Caja no guarda proporción y rompe los criterios básicos de solidaridad en un sistema de reparto como tiene la provincia. “Es un desatino las jubilaciones superlativas que tiene el Poder Judicial en Santa Fe”, afirmó en diálogo con La Capital.
La legisladora ya presentó en dos oportunidades (el primer intento fue en 2014) un proyecto en la Cámara de Diputados provincial que nunca prosperó para que la forma de calcular el máximo de una jubilación en Santa Fe sea equivalente a 10 haberes brutos mensuales de la mínima. Hoy serían 168.830 pesos. “No creo que ese monto sea insuficiente”, aseveró.
Ante la pregunta de por qué no prospera su proyecto en la Legislatura, Benas no elude la respuesta: “El Poder Judicial es muy corporativo y tiene mucha influencia, nadie se le anima. Sólo la diputada (Alicia) Gutiérrez respaldó mi iniciativa. Los legisladores reconocen el problema, lo admiten, pero nadie avanza”.
La legisladora agregó que “esta desproporción de haberes jubilatorios hace que se rompan los criterios básicos de solidaridad. No son razonables estas jubilaciones
y pensiones máximas, hay una brecha muy grande con el resto de los beneficiarios. Nuestra Caja es de reparto y garantiza el 82 por ciento móvil, por eso tenemos que preservar los criterios de justicia y equidad de nuestro sistema”.
E insistió: “Hay que tocar al sector que más déficit proporcional genera en la Caja, y hay que hacerlo hasta por una cuestión ética. Ni las mayorías de los trabajadores
públicos provinciales que aportan a esta Caja ni los contribuyentes en general pueden sostener esto niveles de haberes”.
“El establecimiento de topes legales en los haberes previsionales tiene su razón de ser en el carácter solidario de los sistemas públicos de reparto, en las limitaciones de recursos y en las políticas públicas de distribución”, explicó Benas.
Y todo esto ocurre en un sistema previsional santafesino que este año viene teniendo un déficit mensual de alrededor de 1.000 millones de pesos. La recaudación de la Caja no alcanza para pagar a sus 90.773 beneficiarios. Este es uno de los temas más preocupantes de la situación financiera provincial que se encontrará el gobernador electo, Omar Perotti, cuando asuma su cargo el próximo 10 de diciembre.
La Caja registró en el primer semestre de 2019 un agujero de 5.739 millones de pesos, rojo que es solventado en mayor medida con recursos propios de la provincia (dinero de todos los contribuyentes santafesinos) y en menor proporción por el Estado nacional. Y el déficit de la Caja viene creciendo año tras año de manera desproporcionada: en 2016 fue de $2.862 millones, en 2017 de $4.229 millones, en 2018 de $7.335 millones y este año superará los $11.000 millones. Unos números
que están al rojo vivo. Es que con jubilaciones de 431 mil pesos no hay Caja que aguante.
