La provincia denunció a 43 comedores comunitarios de Rosario por fraude al Estado

El ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia confirmó este martes que denunció y suspendió de manera definitiva a 43 de los 478 comedores comunitarios y merenderos registrados en Rosario por diferentes irregularidades. El dato "preocupante" que mencionaron desde la cartera provincial es que del 60% de las instituciones auditadas en Santa Fe (más de 400 de casi 900) hay 160 que se encuentran bajo la lupa de la Justicia por presunto fraude al Estado.

Los datos fueron proporcionados a La Capital por la cartera comandada por la ministra Victoria Tejeda para consignar datos relevados desde principios de enero. De esa auditoría arrojó un total de 478 comedores comunitarios y merenderos que brindan raciones y copa de leche en diferentes puntos de la periferia de Rosario.

Sin embargo, de ese total fueron suspendidos 43 de forma definitiva hasta hoy puesto que los datos y locaciones declaradas no concuerdan con ese tipo de instituciones respecto a la actividad social que supuestamente brindan a la comunidad.

"No podemos brindar demasiados detalles por la investigación en curso, pero tenemos casos de suplantación de identidad, lugares inexistentes o declaración respecto a un servicio alimentario que no brindaban", revelaron.

Desde ese organismo provincial también precisaron que la provincia destina en seguridad alimentaria más de $2 mil millones entre las tarjetas ciudadanía, Institucional y el programa Prosonut para los sectores más carenciados de la población.

Cuánto destina la provincia a los sectores de bajos recursos

Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile señaló: "Hemos encontrado comedores inexistentes y por eso fuimos a la Justicia en febrero porque, justamente, son irregularidades graves y representan un fraude al Estado".

Cuántos comedores y merenderos hay en la provincia

En declaraciones a El Tres, confirmó que esas irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría iniciada desde los primeros días de enero. "Auditamos el 60%, esto quiere decir que ya superamos las 400 instituciones de casi 900 que hay en convenio con la provincia", apuntó.

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En ese sentido, advirtió: "Tenemos un dato preocupante: de esos 400 ya suspendimos a 160 comedores y merenderos por irregularidades tales como una plaza pública, una casa o depósitos vacíos, que nada tienen que ver con este tipo de instituciones".

Basile aclaró que en el caso de desprolijidades, la provincia no va a cesantear el recurso. Por eso convocaron a los titulares de aquellos lugares para regularizar la situación.

"Hay lugares que deben rendiciones desde cuatro y hasta seis meses. En el caso de que no sea así, se suspende el programa alimentario porque es un recurso que debe distribuirse mejor", explicó.