La entrada en vigencia de una ley que faculta a la policía a detener a las personas sorprendidas mientras cometen un delito de orden federal, sin importar su gravedad ni la pena que les correspondería, podría hacer colapsar los juzgados en pocos días. En Rosario no hay lugares de detención ni sitios adecuados para realizar las audiencias con los imputados, otro de los mecanismos previstos por la nueva norma. Entre quienes podrían ser encarcelados en el marco de esta ley están los que sean detenidos con posesión de drogas, uno de los delitos federales más comunes en estos tiempos. Y esto incluye, por ejemplo, a un joven fumando un cigarrillo de marihuana en un sitio público. "Si se cumple la ley, en pocos días los juzgados podrán tener decenas de detenidos y les va a estallar un gran problema en las manos", resumió un funcionario de la Justicia Federal local.
El mecanismo legal que puso en alerta a toda la Justicia Federal es la denominada ley de flagrancia, diseñada por el gobierno de la Nación para acelerar los procesos judiciales con detenidos y, según algunos de sus detractores, para dar la sensación de que se combate contra la inseguridad. Se aplica para delitos con penas menores a los 15 años de prisión, o 20 en casos de delitos sexuales, y entre otras cosas dispone que los jueces se imputen el delito en un plazo no mayor a las 48 horas. Hasta ahora, ese trámite podía tardar días, semanas y hasta meses.
La ley dispone además que las audiencias donde se imputan los delitos a los detenidos deben ser grabadas y filmadas, y que esos audios e imágenes sean luego la base sobre la que se tramitará el juicio. Todas las decisiones vinculadas al caso serán comunicadas en audiencias públicas y contradictorias, es decir con participación de las partes, inclusive apelaciones. Si el detenido admite su responsabilidad, el juicio será breve y expeditivo.
La iniciativa del gobierno de Mauricio Macri entró al Congreso a principios de año y pasó sucesivamente el debate en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que la convirtió en ley en septiembre. Pero recién se publicó en el Boletín Oficial el 1º de diciembre y por lo tanto entró en vigencia ese día.
Pero la noticia no cayó bien entre los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La Cámara Federal porteña ya planteó serías objeciones prácticas a la implementación de la norma y hasta le puso un límite: dijo que sólo la aplicará para los casos en que los delincuentes sean sorprendidos cometiendo un delito en flagrancia, pero armados. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó reparos, igual que el gremio de los trabajadores judiciales.
¿Y por casa? En Rosario también se encendieron luces de alerta por la entrada en vigencia de la ley de flagrancia, en un fuero castigado ya por vacantes en varios juzgados, tribunales orales y la propia Cámara Federal, donde sólo hay en funciones tres de los seis jueces que debería tener.
"No tenemos dónde alojar detenidos. Si la policía se pone firme y arresta a todas las personas a las que sorprenda cometiendo un delito federal, incluso a alguien que esté fumando un porro en la vía pública, los dos juzgados colapsarán", aseguró a La Capital un operador de la Justicia Federal local. Otro, en cambio, dijo que difícilmente se note un incremento de detenidos en la ciudad.
En Rosario sólo hay dos jueces federales penales de primera instancia. Por si fuera poco, ambos deben turnarse para cubrir una vacante en uno de los dos juzgados civiles del mismo fuero. Significa que, además de atender por ejemplo causas sobre narcotráfico y otros delitos graves, deben ocuparse de tramitar expedientes en los que se discuten cuestiones civiles.
"Sabíamos que el Congreso había sancionado esta ley, pero su promulgación venía demorada. Ahora nos cae de golpe y nuestra estructura de ninguna manera está preparada para hacerle frente. Si los juzgados ya eran un embudo, ahora será peor", ilustró otro funcionario del fuero federal local.
Uno de los cambios más notorios es que hasta ahora los jueces federales podían disponer la continuidad de la detención de alguien apresado y acusado de un delito federal, o su libertad, a través de una simple consulta de teléfono del fiscal. Pero ahora, con el nuevo procedimiento de audiencia pública y contradictoria, estará obligado a implementar ese mecanismo dentro de un lapso muy acotado: entre 24 y 48 horas. "¿Dónde lo harán, si en Rosario no hay lugar disponible para una audiencia así?", se preguntó una de las fuentes consultadas. Otra agregó: "Los jueces van a tener que procurarse equipos de audio y cámaras para filmar las audiencias, porque los juzgados no los tienen"
