La ciudad

La causa por el crimen del diputado Armas sigue viva

A 31 años del homicidio del legislador del PDP, citaron a un sospechoso. Apuntan a una oscura trama entre la política de entonces y resabios de la dictadura

Jueves 14 de Diciembre de 2017

Un ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército declarará la semana próxima en Tribunales por el nunca esclarecido homicidio del abogado y diputado Mario Domingo Armas, ocurrido el 8 de febrero de 1986. No lo hará formalmente como sospechoso, pero aún así fue citado para dar información clave que podría incriminarlo. Más allá del efecto procesal después de 32 años al hijo del legislador del PDP que lleva casi el mismo nombre de su padre, Mario Lisandro Armas, con quien compartió estudio y profesión, la historia empieza a cerrarle. De tan oscura, cuesta. Pero por fin hay una hipótesis que cuadra, la del crimen político, probablemente cometido por un esbirro, en el marco de una trama de terror donde por esos años convivieron sectores del justicialismo en el gobierno y resabios de la dictadura.

Hasta ahora ese mismo hombre, Raúl Campilongo, supo eludir la Justicia, pese a haber sido mentado como autor o partícipe en otros hechos de sangre. Por ejemplo, por el condenado por delitos de lesa humanidad Eduardo "Tucu" Costanzo, quien lo sindicó como miembro del grupo que secuestró y luego asesinó a los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, y por otro abogado rosarino, Jorge Majul, que lo identificó como quien le disparó varias veces. De hecho, Majul ya recordó ese antecedente al declarar como testigo en la reactivada causa Armas.

¿Pero por qué se reavivó el expediente del legislador asesinado hace casi 32 años?

En diálogo con La Capital, su hijo Mario contó ayer que en enero pasado el diputado Carlos Del Frade lo citó para contarle que otro abogado del fuero local había dicho que Campilongo "se jactaba públicamente" de haber matado a su padre.

Mario Lisandro sólo esperó que culminara la feria judicial para ir a averiguar a Tribunales qué había sido del expediente, en cuyas fojas figuraban infructuosas líneas de investigación por las que desfilaron como sospechosos desde el encargado de la cochera donde mataron al legislador de dos tiros, uno en el pecho y otro de remate en la sien, hasta su empleada doméstica. La hipótesis del robo no tuvo asidero: el cuerpo fue hallado con un Rólex y dinero.

Por entonces, el móvil político tampoco cotizó, ya que sus pares de bloque en la Legislatura no pudieron encontrar ninguna pista ni refirieron especiales tensiones en su labor dentro de las comisiones de Acuerdo de Magistrados y Asuntos Constitucionales.

Quizás por allí debió filtrarse la sospecha, pero ni el primer juez de la causa, Ernesto Pangia, ni su esforzado sucesor, Carlos Alberto Triglia, pudieron urdir una hipótesis.

De hecho, el hombre que declarará la semana próxima en Instrucción 11ª ante la jueza Delia Paleari, que revivió la causa, trabajaba para una figura que fue clave durante años, bajo cuerda, en la designación y remoción de jueces, el abogado Héctor Cerrutti, conocido como El Padrino en el ambiente judicial, gremial y político, sobre todo al más ligado al PJ, y en especial al entonces gobernador José María Vernet. Para más datos, durante ese gobierno Campilongo también tuvo un cargo en la Dirección de Vivienda.

"Para la familia Armas, la hipótesis del crimen político cuadra como ninguna. Una apuesta a la "verdad y la memoria"

Cuenta Armas hijo que aunque el PDP siempre era minoría en la Cámara, su padre —por rectitud, por inteligencia, por carisma— "era muy escuchado" y sus posiciones tenían ascendencia. Quizás, solo "quizás", en la estratégica comisión de Acuerdo de Magistrados representaba un estorbo para alguien. Que pudo decirle —¿a Campilongo?— "sacámelo del medio".

A Armas lo mataron a quemarropa. Poco antes, alguien tocó a la puerta del estudio jurídico que padre e hijo compartían en Córdoba al 1400. Mario Lisandro abrió, pero no halló a nadie, aunque vio alejarse a un hombre trajeado de marrón, con un maletín beige.

Pocos minutos después, al ir al garaje que estaba a la vuelta, se enteró de que hacía minutos habían asesinado a su padre. Un testigo, Gerardo Rosso, había visto primero a Armas en el ascensor rumbo a su cochera. Luego él mismo tomó el elevador, donde también subió otro pasajero: un hombre trajeado de marrón, con un maletín beige. A Rosso le llamaron la atención otras cosas: un raro corte de pelo (¿un peluquín?) y su bigote fino.

31 años más tarde, Armas hijo movió cielo y tierra y volvió a dar con el testigo que, a sus 76 años, sigue recordando. Declaró ya ante Paleari, así como el abogado que dijo a Del Frade haber oído a Campilongo ufanarse del homicidio, Fernando Mellado, y un ex dirigente aceitero, Luis Ghezzi.

En su testimonio, Mellado se corrigió: dijo no haber escuchado a Campilongo decir que era el homicida, sino que ese era el rumor que siempre había circulado "en el ambiente". Ghezzi, contó Armas, dijo algo parecido.

Armas hijo también es abogado. Entiende que la causa puede darse por prescripta. Pero sabe, a la vez, que más allá de la ley, "la verdad y la memoria no prescriben nunca". Y poder entender por qué mataron a su papá le "da vuelta la vida". A él, a su hermano Fernando, a su mujer y a sus hijos. Otra vez, el derecho a saber.


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