La autocrítica que desnudaron las marchas contra la inseguridad

La semana que se despide volvió a marcar otro mojón desde aquel 25 de agosto, cuando más de 25 mil almas salieron a las calles de Rosario a pedir seguridad y justicia. Y casi como un fiscal omnipresente, el jueves pasado volvió a realizarse otra marcha (mucho menor en cuanto a su convocatoria, influenciada tal vez por la poca difusión y la jornada lluviosa) con la exigencia de cambios y atención de prioridades que se empezaron a plasmar.

   Uno de los efectos más esperados llegó esta semana con el tantas veces anunciado desembarco de las fuerzas federales, tomadas casi como un botín político por los referentes locales de Cambiemos, que se adjudicaban mayor o menor cercanía con el gobierno nacional a la hora de señalar el número de efectivos que finalmente tocaron suelo rosarino.

   La cantidad varió de acuerdo al interlocutor, dejó en evidencia la interna que comenzó a horadar el macrismo rosarino y, al día de hoy, sigue siendo una incógnita que no despejó ni la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

   "Nos pasamos meses hablando de las fuerzas federales, montaron escenas histriónicas queriendo un poco más intervenir la provincia, y ahora resulta que ni siquiera sabemos cuántos gendarmes mandaron a Rosario. Esto es preocupante", se queja un alto funcionario local. Y a renglón seguido lanza una hipótesis que no suena descabellada. "No quieren decir cuántos agentes mandan a Rosario, porque son pocos. El grueso tienen que destinarlo al conurbano bonaerense, que se empezó a complicar. Y sabido es que si se complica el conurbano... se complica el país".

   El efecto de las marchas exigiendo seguridad también comenzará a escribir un nuevo capítulo mañana, cuando se establezca en Rosario una sede la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que tendrá por objetivo rediseñar y potenciar el trabajo de los fiscales federales en la ciudad. El dato no es menor si se tiene en cuenta que son estos funcionarios los que llevan adelante las investigaciones sobre delitos complejos como narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.

   La idea es potenciar esta estructura, dotándola de mayor personal y haciéndola trabajar de manera coordinada con los fiscales provinciales. Se trata de otro paso más en el entramado de la estrategia para abordar los índices delictivos y de violencia urbana de Rosario.

Política "boba". A nivel local, en tanto, se aceleran las intervenciones barriales, la reasignación de recursos para generar en los barrios entornos más seguros, y las autocríticas. "Durante mucho tiempo, nosotros llevamos adelante una política social boba. Es decir, en el sentido de que trabajamos en lo territorial sin tener en cuenta los aspectos que hacían a la seguridad. Muchas veces abrimos calles y, por desconocimiento, terminamos beneficiando a grupos que tenían atemorizado a todo un barrio. O trasladamos a gente que se llevó su mercado delictivo a otros sectores de la ciudad, y les terminó complicando la vida a sus nuevos vecinos", admite un alto funcionario municipal.

   Esa fuente relata que en 2014, cuando los índices de homicidios comenzaban a elevarse y el mundo narco se apoderaba de amplias barriadas, los equipos territoriales del municipio entendieron que se debía cambiar el modo de trabajo.

   Con la reforma judicial llegó a escena un factor clave: los fiscales. Y desde la "marcha del quiebre", cada martes se integran a la mesa en la que se tejen estrategias conjuntas con operadores municipales y del Ministerio de Seguridad.

   "Esa coordinación con otros sectores del Estado fue lo que nos permitió bajar los índices de violencia en Santa Lucía y nos lleva a trabajar de modo distinto en barrios como Fuerte Apache, donde esta semana se desarticuló una banda que usurpaba casas para montar búnkers de drogas", indica un experimentado conocedor de la realidad social rosarina.

   La autocrítica suena sincera. "No trabajamos coordinadamente, se priorizó lo social sin tener en cuenta el contexto delictivo, hasta que la realidad nos golpeó. Entendimos a la seguridad como algo que excedía la incumbencia municipal y creo que ese fue el error", señala una de las piezas más importantes del Ejecutivo local. Admite que ver esa falencia implicó "un cambio de chip" en muchos funcionarios.

    "Ahora las políticas sociales se piensan distinto. De nada sirve capacitar a un chico en oficios si en su barrio una banda lo amenaza a diario para que venda droga. Tenemos que pensar en cómo desarticular esa banda, en cómo cambiar su entorno mientras le damos las herramientas para que pueda desenvolverse en la sociedad. Ese es el nuevo camino", señala.

   Así, el "mojón", la "marcha del quiebre" o como se la quiera rotular, sigue imprimiendo cambios y marcando cuál es el rumbo. Las autocríticas siempre son bienvenidas si se plasman en soluciones concretas. Y el 25 de agosto, los rosarinos dejaron en claro que sus prioridades son la seguridad y la justicia.