La denuncia penal contra el padre de un alumno del colegio Integral de Fisherton, marido de la concejala Anita Martínez, quien fue señalado por instigar a la violencia a su hijo para que golpeara a un compañero de la escuela, no reúne elementos para avanzar con una imputación y el caso podría ser derivado al Centro de Mediación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, instancia en la que se buscará una salida consensuada al conflicto.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino en el caso de la pelea entre dos menores de edad en la puerta de la escuela Integral de Fisherton, que terminó hace dos semanas con un chico de 17 años lesionado. En el incidente, según la denuncia de la madre de la víctima, Gabriela Giménez, intervino el padre del agresor, quien habría instigado a su hijo, de 14 años, a golpear al compañero.
Por un camino paralelo también intervino el juzgado de Menores Nº 3, que tomó declaración al chico y ordenó que un médico forense constatara las lesiones que sufrió. Según esa medida, sufrió fracturas en dedos de la mano, escoriaciones, politraumatismos en la espalda y contusiones en las costillas.
Después del hecho se puso en conocimiento a la unidad de Flagrancia de la denuncia que ingresó el lunes en la comisaría Nº 17 y se ordenó una serie de medidas para evaluar si merecía reproche penal la conducta del adulto, identificado como Fabián R.
En esa instancia se solicitaron copias de las actuaciones y se dispuso que los resultados de las medidas se envíen a tres estamentos para evaluar diferentes cuestiones: a un fiscal para que determine si se dan los presupuestos para investigar la posible comisión del delito de instigación a la violencia por parte del mayor de edad; al juzgado de Menores, y comunicación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.
Desde la Fiscalía Regional indicaron que el fiscal Damián Cimino, a quien se asignó la evaluación de las medidas, determinó remitir el caso al Centro de Mediación de la Corte Suprema de Justicia. Desde allí se comunicarían con la denunciante para explicar el proceso y, si está de acuerdo, instrumentaría los pasos previstos para la resolución de conflictos.
“No había indicios concretos sobre la instigación a la violencia, por eso se determinó un proceso de mediación, para ver si las partes involucradas llegan a un acuerdo”, ratificaron los voceros judiciales consultados por este diario.
Por su parte, Giménez explicó a La Capital que esperaba aún una comunicación de la Fiscalía en ese sentido, del mismo modo que le confirmaran la convocatoria a seis testigos que se ofrecieron para dar cuenta de la versión que se volcó en la denuncia.