Por el hecho separaron a empleados y denunciaron penalmente a un ex juez de Faltas que fue Director de Tránsito que fue desafectado por recibir coimas
Henry Fabro apareció como uno de los responsables del cobro de coimas en el corralón municipal
Un hecho de presunta corrupción involucra al corralón municipal en zona oeste. Funcionarios municipales confirmaron que el intendente Pablo Javkin ordenó intervenir el depósito y hay una investigación en curso por cobro de coimas para liberar vehículos que estaban siendo investigados por estar posiblemente involucrados en maniobras de lavado de dinero y hasta de narcotráfico.
Los autos se encontraban en el corralón municipal de Presidente Perón al 8000 y las autoridades pusieron el foco en una gestora que pagó para llevarse irregularmente vehículos que estaban allí. En total se investigan hechos sobre cinco vehículos, una camioneta, una moto y tres autos.
La principal sospecha es que los empleados recibieron coimas para liberar los vehículos y si bien no hay cifras concretas sobre los montos de los pagos irregulares, desde la Municipalidad confirmaron a "El primero de la mañana", que se emite por LT8, que son números millonarios. Por el hecho fueron cesanteados empleados del corralón que, además, pasó, por decreto, a depender de la Subsecretaría de Control municipal. También denunciaron penalmente a Henry Fabro, quien fuera director de Tránsito en la década pasada y ya había sido apartado de su cargo como juez de Faltas por por haber vendido el libre multa de una moto por 15 mil pesos.
En diálogo con LT8, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, confirmó los hechos y señaló: "En las primeras observaciones contabilizamos cinco autos. En función de una tasación de mercado, su valor oscila entre 115 y 120 millones de pesos, pero puede ser mayor".
La información llegó a la Municipalidad en septiembre, relató el funcionario: "Una persona había comprado de «buena fe» o intercedido para comprar vehículos en el corralón, con papeles que se les ofrecían como regulares. En esa denuncia se nombra a dos personas, una ya cesanteada por esta administración, un ex juez de Faltas que se encargaba de organizar el procedimiento, y un empleado. Estamos con un sumario administrativo y una denuncia que hicimos hace ya un par de meses en el MPA (Ministerio Público de la Acusación)".
"En la denuncia hay dos personas mencionadas, pero se investiga a toda la repartición. Son cargos estratégicos y el personal ya fue removido. Los hechos datan de hace menos de un año", agregó.
En concreto, detalló que al menos dos vehículos no pudieron ser entregados porque se iniciaron las investigaciones en el marco de la denuncia penal y del sumario administrativo.
Chale detalló que Fabro fue "funcionario en distintas administraciones y ya había sido separado por aceptar un pago en efectivo para resolver una multa. Una particular abonó para que se le otorgue el libre multa, y presuntamente Fabro se quedó con ese pago, además de que no lo dejó ingresado en la recaudación".
El secretario de Gobierno remarcó que, en agosto, el intendente Pablo Javkin decretó que la Agencia Antilavado municipal pueda cruzar información con diversos organismos nacionales que investigan maniobras de lavado de dinero y narcotráfico "para conocer la vinculación que tienen estos vehículos con las causas" referentes a esos delitos.
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"Son aquellos vehículos que están en perfectas condiciones, que no superan los cinco años de antigüedad y que no son reclamados por quienes cometieron las infracciones por las que se los llevaron al corralón. La idea es evitar que vayan a compactación y tenerlos en guarda mientras se cruza la información", explicó.
A su vez, se decretó hace pocos días el pase del corralón municipal a la órbita de la Subsecretaría de Control . Según detalló Chale, se busca así "auditar todos los procedimientos". Tanto el corralón de zona oeste como el de la Dirección de Tránsito, en la zona de Moreno y Ocampo, pasaron a esa repartición.
Estarán disponibles en Rosario, Santa Fe y Rafaela durante las dos semanas de competencia. La medida forma parte de un operativo sanitario que demandó más de $230 millones e incluye acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual.
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