La obra social de los jubilados y pensionados no autorizó ninguna práctica de esta especialidad y los afiliados de Rosario tuvieron que irse sin ser atendidos.
Jubilados de Rosario tuvieron que reprogramar sus turnos médicos
Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami) en Rosario se vieron sorprendidos este lunes cuando no pudieron ser atendidos en los sanatorios locales. Según pudo averiguar La Capital, fueron reprogramados todos los turnos oftalmológicos, en medio del escándalo por la compra con sobreprecios. Además, se suspendieron varios servicios como la infusión luego de la extracción de sangre o ambulancias disponibles por la noche.
Sin explicaciones se fueron los jubilados que tenían turnos en Pami. "Hay un quilombo con Pami no me lo pueden hacer al estudio”, dijo una mujer que había llegado a un centro oftalmológico de Pichincha. Como ella, fueron varios que llegaron a los diferentes prestadores y se encontraban sin la autorización de la obra social del Estado.
“Se están reprogramando todos los turnos”, afirmó María Elena Molina, referente de la Asamblea de Jubilados de Rosario, que viene denunciando y exponiendo semana a semana con sus movilizaciones de los miércoles en la ciudad los recortes al sector.
A la espera de continuar con sus estudios, los jubilados se enfrentan a una serie de recortes que dilata y pone en jaque su atención médica, como el de este lunes donde los afiliados se encontraron con el corte del servicio de desayuno a empleados y jubilados “que vienen con problemas de mala alimentación por los haberes miserables que cobramos”, dijo Juan Manuel Isola, del Frente de Jubilados en Lucha (Frejel) en LT8.
Isola lamentó la decisión y enumeró una serie de recortes, el cual encabeza el apoyo de los legisladores al veto del presidente Javier Milei al aumento a los jubilados: “No les alcanzó con la actitud de los legisladores de apoyar el veto de Milei del miserable aumento que nos iban a dar para reparar algo de lo que perdemos día a día, el recorte en pañales que ahora son de peor calidad y no se pueden usar, la quita de los medicamentos, la privatización del servicio de análisis y del traslado en ambulancia que corta la atención en el turno noche. Hoy cortaron el servicio de desayuno para los jubilados que van a hacerse análisis y los empleados”.
Llegan a hacerse los análisis personas mayores de edad en ayunas con el peligro que se desmayen o descompongan. Le quitaron el desayuno. Una miserable infusión", reclamó Isola y agregó: “Es tan triste lo que hacen con los jubilados. Nadie se lo imaginaba”.
Frente a esta situación Frejel junto a ATE, que también denunció el recorte de este servicio, visitó el Policlínico de Pami I en el centro de Rosario y llevó desayuno a unos 50 jubilados que pasaron por la sala de extracción de sangre. “Lamentablemente no tienen en cuenta que son personas, que se pueden descomponer, que tienen una edad avanzada y muchos están en silla de rueda. No sabemos hasta donde puede seguir esta crueldad”, culminó Isola.
La postergación de turnos en el Pami se da en el marco del caso que la periodista rosarina Luciana Geuna reveló este domingo TN por sobreprecios por más de 80 mil millones de pesos en la compra de lentes intraoculares por parte de la obra social estatal. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se hizo eco y evalúa una presentación judicial.
“Los lentes que tienen un costo de 35 mil pesos, se pagaron a 150 mil y en algunos casos hasta 230 mil pesos. Además, los insumos adquiridos son de menor calidad. Son miles los jubilados que ya denunciaron haber sufrido afecciones graves a partir de utilizar estos productos”, acusó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional.
Ante la denuncia mediática, la Unidad Fiscal de Investigación especializada en Pami, a cargo de Javier Arzubi Calvo inició una investigación preliminar sobre el organismo dirigido por el médico Esteban Leguízamo, que depende del Ministerio de Salud de Mario Lugones.
Las autoridades de Pami rechazaron la acusación y aseguraron que la obra social abona la lenta más barata y la práctica más baja a 568 mil pesos, mientras que otras empresas del sector pagan entre 740 mil pesos y casi 1.2 millones de pesos.
Además, aseguró que la calidad de la lente es mejor que la de administraciones anteriores y apuntaron: “Durante años, las cirugías de cataratas estuvieron rodeadas de prácticas sin control. No existía trazabilidad sobre los insumos, lo que hacía imposible verificar qué lente se colocaba ni si era el adecuado”.
La defensa presentó una nueva propuesta para evitar el juicio oral, con penas de seis años de prisión para Herrera y cuatro para cada uno de sus hijos. Los damnificados temen que la Fiscalía avale el acuerdo y se cierre la causa por una presunta estafa de casi 35 millones de dólares.
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