Patricia Lagarrigue, miembro de la Fundación Igualdad Argentina, afirmó que, tras el crecimiento de la construcción "boom de la soja" en los campos santafesinos, en Rosario existen unas 70 mil viviendas deshabitadas y, al mismo tiempo, un 40 por ciento de los rosarinos no tiene resuelta la necesidad de vivienda.
"En la ciudad hay uno 4 millones de metros cuadrados cubiertos, provenientes de la renta del campo, que no se ofrecen en el mercado de alquiler, son viviendas nuevas, que no están habitadas", aseguró hoy Lagaguirre, en declaraciones al programa "La barra de Casal", que se emite por LT3.
Asimismo, comentó: "Un porcentaje muy bajo de esas viviendas se ofrece en alquiler y esto no sólo impacta en el precio que tienen que pagar los inquilinos sino en la calidad de la propiedades, porque sólo se alquilan las de menor calidad de construcción y las más antiguas".
"Lo curioso es que los inquilinos o quiénes van a buscar una vivienda para alquiler tienen ingresos un 15 por ciento superiores a los de los propietarios y así y todo no encuentran donde alquilar", detalló Lagarrigeu, quien señaló que "un 17 por ciento del área cubierta de Rosario no está ocupada".
"Aunque en las políticas del Estado nacional y provincial hay existido interesantes líneas de crédito hipotecarios para la vivienda propia, han sido insuficientes, por la falta de entidades bancarias que ofrezcan los planes y la ausencia de oferta de suelo", agregó.
Lagarrigue indicó que, "a pesar de que los ingresos han mejorado en parte de la población, no es posible resolver el problema de la vivienda" y enfatizó: "Seguimos con un porcentaje alto en el país, un 209 o 25 por ciento de gente que tiene este problema, y en Rosario eso trepa casi al 40 por ciento".
"La necesidad de la intervención del Estado en esta problemática es urgente", concluyó la integrante de la entidad en defensa de los derechos de los ciudadanos. "Nosotros estamos planteando la aplicación de la ley nacional de alquileres, que va a cumplir 30 años, y algunas disposiciones que la gente no conoce y que el Estado podría poner a reglamentar la ley, como el ajuste de los precios por los índices oficiales del Indec".