A lo largo del año, la inversión en la repotenciación de luces en el alumbrado público sufrió un duro revés. Sólo entre enero y septiembre robaron más de 21 kilómetros de cableado en todo el mapa rosarino, lo que equivale a una distancia entre el Monumento a la Bandera y el centro de Funes. Una pérdida millonaria en fondos públicos que se dio en el marco de la desprotección policial y la ausencia de patrullajes preventivos. En los casi 100 operativos a chatarrerías hechos por el municipio se encontró material robado y se detectaron los primeros eslabones más vulnerables de una cadena de comercialización ilegal que aún espera más investigaciones complejas.
El plan de alumbrado público y su recambio de luminarias de sodio a artefactos con tecnología Led quedaron rozados por un estado de abandono y pérdida de control estatal que le pegaron duro a los espacios públicos. Ahora se lanzó un plan de reposición que llevará varios meses e intenta recuperar estos 21 kilómetros que se robaron y dejaron a plazas y parques a oscuras.
Se trata de un tipo de delito que no se realiza en un instante, ni por descuido. Arrancar cables, dañar tableros, enrollar el cableado y cargarlo en un vehículo para llevárselo requiere tiempo e impunidad. Según la Intendencia, la zona más afectada fue el distrito norte. Allí se trabaja en la puesta a punto de 80 columnas que quedaron afectadas.
Para el intendente Pablo Javkin las fichas están puestas en revertir la situación con la impronta en seguridad que quiere imprimirle la nueva gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. "Estamos poniendo el foco en esto y el aporte con nuestro personal en materia de control municipal; todo ello en un trabajo coordinado y en común que estamos empezando a desplegar", señaló.
En este 2023, se realizaron intervenciones en chatarrerías esparcidas en los rincones rosarinos. "Hemos encontrado resultados positivos. Hay una muy notoria en Puerto Norte; en las 6 veces que fuimos allí encontramos material robado", subrayó Javkin para apuntar a que los fiscales y la Justicia vayan contra "quienes se aprovechan de los robos", los escalones superiores del robo-hormiga y reducción en un depósito.
En esta línea, el jefe comunal destacó que lo sustraído favorece a una industria donde los esquemas de precios son a valor dólar. "Lo importante es tomar lo más cercano al vecino, lo que le afecta en su ámbito de desarrollo y luego esperar que se siga investigando a los estratos superiores del negocio, los que compran más arriba porque mientras esto siga siendo rentable seguiremos teniendo hechos", resaltó.
"Para robarse 21 kilómetros tiene que haber ausencia policial. En la plaza Alberdi nos robaron el cableado completo y esto se puede hacer porque no hay nadie que frene estos hechos. Es algo que no se saca en un instante, y requiere tiempo", indicó Javkin.
Con este panorama, la segunda etapa de la gestión municipal puso en marcha un plan de reposición. Una tarea compleja, que demanda tiempo y en la que el Ejecutivo indica que ya se reparó el 50 por ciento de los elementos afectados por los robos. Ahora, está planificado para los próximos dos meses reconectar el resto que está fuera de servicio.
"Lo que se roban en dos días, nos lleva dos semanas", indicó un funcionario al referirse al reacondicionamiento de los cables, tableros, tendidos subterráneos y postes de alumbrado. Las cuadrillas de Ambiente y Espacio Público señalaron todos los desperfectos en tres zonas delimitadas: norte, centro-oeste y sur. Se efectuaron más de 100 denuncias policiales con el fin de contribuir a que las brigadas prioricen en sus rondas determinados espacios públicos y plazas. Desde el Palacio de los Leones marcan que el boom del robo de los cables se disparó durante la última etapa de la gestión de Omar Perotti al frente de la Casa Gris.
En tal sentido el secretario de Ambiente, Luciano Marelli, indicó que a diario se reponen cables, componentes y artefactos. En forma coincidente a lo que marcó Javkin, la zona más afectada es el norte y en los últimos meses también oeste. Y no sólo se robaron más de 21 kilómetros de cables de cobre, sino que también se sustrajeron 500 artefactos lumínicos de gran porte.
En el ránking de los servicios más afectados, Marelli consideró al alumbrado público en primer lugar, seguido por la telefonía y los medidores de agua.
En sus recorridas, las diferentes cuadrillas verifican en forma constante los espacios que no están iluminados. El funcionario también mencionó que tras los allanamientos a las chatarrerías se encontraron artefactos del municipio, para luego advertir que, en medio de la crisis por la escasez de productos con componentes importados, para la reposición de las luces led "en estos días no se consiguen precios de referencia".
Se cierra un 2023 en que los representantes de empresas de servicios admitieron en un reunión convocada por legisladores provinciales que Rosario fue la cuna del robo de cobre. Telecom denunció que se robaron cerca de 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad. Y desde la fiebre del cobre en octubre de 2020 la firma lleva contabilizados más de 6 mil robos, lo que significa más de 200 robos mensuales y más de 6 por día. En línea recta representan 270 kilómetros de cobre robado; más de 150 toneladas.
En el caso de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fueron 160 mil kilos en los últimos meses. Litoral Gas, el año pasado denunció que se roban a razón de cuatro o más flexibles de cobre por día de los medidores domiciliarios. Este 2023, la empresa proveedora del fluido, soportó el robo de casi 1.100 medidores de gas. Es que una vez vandalizado el gabinete, retiran el cobo para su reventa. Aguas Santafesinas (Assa) perdió 2 millones de pesos al año, con picos de 100 medidores con flexible de cobre robados por fin de semana.
Operativo chatarrerías
La secretaría de Control y Convivencia concretó durante este año 98 operativos sobre chatarrerías, y efectivizó 69 clausuradas y 44 denuncias penales firmadas en el contexto de un plan de acción que lleva adelante con las direcciones de Inspección y Control Urbano.
Las intervenciones del operativo se llevaron adelante en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Los motivos de clausuras se fundamentan en no posesión o no acreditación del certificado de habilitación y asimismo por no cumplir con las condiciones de seguridad correspondientes.
Además, las denuncias penales se realizan como consecuencia de la constatación de violaciones de clausuras, y es cuando la Secretaría de Control y Convivencia procede a judicializar estos casos.
Si bien los reclamos al municipio ingresan por la línea gratuita 147, también se detectaron casos mediante un trabajo de investigación de la propia secretaría; y también a través de los reportes de empresas como Litoral Gas, Assa, Telecom y EPE.
Las inspecciones son clave. Se registró una disminución del 49 por ciento de denuncias de los casos, "de acuerdo a los reportes que tenemos de las empresas que se suman a nuestro análisis cuantitativo. Esto lleva a una mayor gestión de recursos en calle para ir en contra de estas situaciones ilegales", mencionó el flamante titular del área Diego Herrera.
Según esta repartición, las zonas donde más se detectan estas situaciones, de acuerdo a los registros de reclamos y posteriores constataciones, son los distritos oeste, noroeste y norte.
