El ministro de Desarrollo Social santafesino, Jorge Alvarez, se sumó a la preocupación de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) en torno a la amenaza de liquidación de sus bienes como parte de un expediente judicial donde permanece irresuelta la indemnización de 16 ex empleados de la entidad. Todo ello, pese a un depósito de 1,3 millón de pesos y a una garantía bancaria para resolver el litigio. "No podemos permitir como Estado perder una entidad de esta naturaleza", subrayó Alvarez.
La entidad fue fundada el 20 de diciembre de 1929, pero en 2004 entró en convocatoria de acreedores y de allí ingresó a la quiebra, bajo la ley de entidades deportivas. En su momento, la Justicia declaró la insolvencia de la institución, por lo que fue sometida a un salvataje a través de un órgano fiduciario.
Su principal acreedor era la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En esta coyuntura, fue la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Argentina (Ymca), órgano madre en la Argentina, la que más se involucró en recuperación y colaboró en el freno a la liquidación de sus bienes inmuebles; tanto su sede central de Catamarca 1247 como el campamento de seis hectáreas en Oliveros.
El punto de litigio fue la resolución inconclusa de una demanda laboral de 16 ex empleados de la institución. La ACJ depósito en sede judicial 1,3 millón de pesos para destrabar el conflicto más una garantía bancaria y el fin del proceso de quiebra. Pero las tratativas quedaron estancadas.
El juez civil y comercial de la 6ª nominación, Néstor García, rechazó el pedido de levantamiento de la quiebra y dictó la realización de los bienes, paso previo a la liquidación. Hoy el expediente está elevado a la Cámara Civil para su definición.
El miércoles, y por pedido del gobernador Miguel Lifschitz, el ministro Alvarez y el secretario de Deportes, Pablo Catán, se reunieron con las actuales autoridades de la ACJ y directivos de Ymca que llegaron a Rosario.
"Nuestra preocupación radica en la importancia que tiene la Asociación como institución. Sería lamentable que pierda sus bienes desde el punto de vista social y deportivo, pero también nos preocupa la continuidad de los actuales 30 empleados de la entidad que tienen una lógica incertidumbre", indicó Alvarez.
La ACJ está incluida dentro de los clubes que tienen beneficios en el consumo de energía eléctrica y agua, por los que el Ejecutivo santafesino invierte 32 millones de pesos al año en toda la provincia.
"Queremos acompañar la recuperación y el funcionamiento a pleno. No podemos permitir como Estado perder una entidad de esta naturaleza", ahondó el ministro.
La entidad tiene mil socios activos, otras 30 personas que en forma indirecta dependen de la Asociación y circulan a diario por sus instalaciones unas 2 mil personas.
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