Un informe de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor revela que una franja importante de la población esta “sobrendeudada”, en algunos casos a niveles “dramáticos” sólo para mantener un piso mínimo de calidad de vida: hacer frente a comida, vestimenta y gastos asociados a la vivienda, como alquileres o pagos de servicios públicos. La causas son diversas, pero convergen la falta de educación financiera, la precariedad laboral, la inestabilidad económica y la inflación.
Se comprometen derechos básicos
“Las situaciones de sobreendeudamiento pueden afectar o comprometer derechos esenciales de los consumidores, como la alimentación, la educación, el acceso a la salud o a servicios públicos, impactando en forma negativa en el bienestar y las condiciones de vida”, advirtió Antonio Salinas, director de la Oficina.
En esa franja de la población se ubican quienes adquieren un nivel de deuda que excede su capacidad de pago y que genera dificultades financieras y sociales. La causas son diversas, pero se destacan la falta de educación financiera, la precariedad laboral, la inestabilidad económica y la alta inflación.
El riesgo de endeudamiento aumenta y se cae en la contratación de créditos informales (no bancarios), el uso de tarjetas de crédito como medio de financiamiento, o el conocido pago “por día”. También se advierte la proliferación de aplicaciones en línea, con reglas poco claras, que ofrecen dinero por fuera de la regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Más endeudados
El descalabro en la economía doméstica de muchos rosarinos se refleja en los datos que acopió el organismo: en los primeros seis meses de 2023 la oficina tramitó 326 expedientes referidos a distintas situaciones de morosidad y deudas; y mas de 600 consultas para asesoramiento financiero.
Esos números representan un incremento de alrededor del 50 por ciento respecto del mismo período del año anterior. “Notamos un incremento en cuanto a lo que podríamos considerar situaciones graves o dramáticas”, alertó Salinas.
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Del total de las consultas recibidas de manera telefónica o presencial, un 20 por ciento fueron por "sufrir el hostigamiento telefónico" por parte de agencias de cobranzas.
Otro trámite frecuente en el primer semestre de 2023 fueron los 181 pedidos de informes al Veraz, y de deudas al BCRA, lo que representa un incremento interanual del 200 por ciento. Un fantasma que agobia a cientos de familias que temen perder la capacidad de crédito.
Expulsados
Estas situaciones de morosidad de los usuarios de cualquier producto financiero “inhabilitan o directamente expulsan del mercado financiero formal a los usuarios por situaciones de riesgo”, marcó Salinas.
“En muchos de los casos, estos usuarios terminan optando por créditos en entidades no reguladas por el BCRA, lo que agrava aún mas el cuadro del sobreendeudamiento”, analizó Salinas.
En términos generales, cerca del 80 por ciento de los expedientes corresponden a deudas con productos bancarios, mientras que el 20 por ciento se debe a deudas contraídas con asociaciones mutuales, cooperativas, créditos online, y el riesgoso e informal “pago por día”.
Al describir las dos clases de sobreendeudamiento, el informe habla de perjudicados “activos”, quienes asumen voluntariamente una carga de deudas que excede su capacidad de pago, como el uso irracional de la tarjeta de crédito o la toma de varios créditos sin considerar su capacidad de pago. También se menciona a los “pasivos”, que tienen incapacidad de hacer frente a los créditos por causas imprevistas, como la pérdida de empleo, o enfermedades que requieren tratamientos onerosos, una situación que se ve con frecuencia.
En línea, a mano pero de alto riesgo
Están quienes toman créditos de entidades financieras que poseen mayores controles y se encuentran reguladas por el BCRA, y otros que financian consumos con tarjeta de crédito. Pero además hay un fenómeno que crece: cada vez más consumidores recurren a proveedores no financieros como las “fintech”.
Se trata de aplicaciones móviles y páginas de internet que, sin ser entidades financieras, ofertan créditos para el consumo. El informe destaca que en esos casos se facilita la operación, pero con costos muy superiores al de los bancos, y siendo casi nula la información que se otorga a los consumidores sobre las condiciones, como la tasa de interés o costo financiero total (CFT).
“El CFT es lo que nos dice cuánto nos va a costar realmente el préstamo. Es un indicador obligatorio que se debe informar a los consumidores antes de otorgar cualquier tipo de préstamo o financiación”, aportó Salinas.
Según explicó, desde la Oficina del Consumidor se promueven la educación financiera, el aprendizaje de conceptos básicos de presupuesto, ahorro, endeudamiento responsable, tasa de interés y uso adecuado de créditos, además de la incorporación de herramientas para una toma de decisión informada y responsable.
Inflación, intereses y el riesgo de tomar crédito para pagar deudas
En la sede local de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe también se incrementó el asesoramiento a ciudadanos acorralados por las deudas. “Abundan las consultas por las deudas con bancos con tarjetas de crédito o créditos hipotecarios UVA. En este marco de inflación, las tasas superan los aumentos salariales. Peor es el caso de los trabajadores autónomos que no tienen ingresos fijos”, explicó el abogado Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría.
En ese sentido, el organismo apela a las mediaciones y tratativas con las entidades para ver de qué manera se puede refinanciar la deuda, siempre teniendo en cuenta la capacidad de pago real del consumidor.
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“La gente se ve sobrepasda por las tasas de interés. Tratamos de morigerar ese impacto y recomendamos que tenga cuidado con el uso de tarjetas de crédito, que esté atenta al pago mínimo porque después corren intereses sobre el saldo. Hubo personas a las que les descontaron ese monto y se quedaron sin dinero en los primeros días de mes, cuando aún no habían cobrado”, agregó Piazza.
Ese impacto en la economía hogareña la Defensoría lo distingue hace unos dos años: “Algunos compran en 12 cuotas, pero el interés supera ampliamente lo que tenían pronosticado, entonces terminamos en mediaciones. La gente tiene intención de pago, pero debe acreditar que su situación cambió, y así se puede refinanciar la deuda a una tasa que esté dentro de sus posibilidades”.
La inflación y el trabajo informal
Para Ignacio Pandullo, coordinador de Asuntos Jurídicos del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), el sobreendeudamiento y la toma de créditos informales tienen dos vertientes. “Por un lado la situación económica y la alta inflación, que exige a la gente captar fondos de otro lado para mantenerse a flote o proveerse de insumos básicos (alimentación, impuestos, servicios); cada vez el ritmo de suba es más alto y no hay paritaria que alcance”, dijo.
"Por el otro lado, está la gente que no tiene trabajo, o un gran porcentaje que presta tareas de forma no registrada", sumó. La combinación de estas dos variables hace que muchas personas queden excluidas de los sistemas financieros tradicionales y tengan que recurrir a otros prestadores de dinero que están al margen de la ley y ponen tasas altísimas”.
El profesional también alertó sobre el riesgoso sistema de pago “por día. Parece de poco monto, pero la suma mensual está muy por encima de cualquier crédito que da una entidad autorizada. Por eso la sugerencia es recurrir siempre a las entidades que tengan autorización oficial y estén controladas por la autoridad monetaria”.