Trabajadores obligados a cumplir con su labor pese a estar en grupos de riesgo, empleadores que buscaban consignar como vacaciones el período de aislamiento, ausencia de las medidas de higiene y seguridad; sobre esos temas giran las denuncias que recibe el Ministerio de Trabajo de la provincia desde que fue declarada la emergencia sanitaria por coronavirus, hace once días. Ni bien entró en vigencia la medida, la línea 0800-555-3846, habilitada para que los empleados puedan consultar los términos del decreto o denunciar incumplimientos no paró de sonar: en cinco horas entraron 1.100 llamadas. Actualmente esa cifra se redujo a 600 y a los problemas se suman dificultades con el pago de salarios.
La línea gratuita del Ministerio de Trabajo funciona de lunes a viernes, de 7 a 14. Del otro lado del teléfono, los operadores escuchaban las voces de empleados de supermercados, de estaciones de servicio o del sector de la salud, relatando lo que significa trabajar en tiempos de pandemia. Testimonios que, entre otros, advierten de una inédita carga de tareas, rutinas más extensas de las habituales o la falta de elementos para prevenir el Covid-19, como alcohol para limpiarse las manos, en gel o diluido al 70 %, o vestimenta adecuada.
También de la falta de licencias a personas que, por edad o por patologías previas, están comprendidas entre los grupos de riesgo. Empleadores que buscaban consignar como vacaciones el período de aislamiento, o que se negaban a recibir el certificado médico que exceptuaba a sus empleados de ir a trabajar. Y se informaron incumplimientos del aislamiento en el ámbito laboral.
Según destacó el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman, “en un primer momento hubo muchas consultas sobre qué actividades eran esenciales, creo más bien por temor de los empleados. Por ejemplo, el caso de fábricas como Celulosa que hacen cajas, pero son proveedoras de industrias alimentarias o fábricas de botellas. Por otro lado, recibimos también muchas quejas sobre las condiciones de higiene y seguridad, lo que nos orientó para ordenar nuestras inspecciones”, detalló.
El funcionario señaló que los controles se realizaron en cadenas de supermercados, terminales portuarias e industrias con el objetivo de “cuidar la salud de los trabajadores” (ver aparte).
La norma
El pasado 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto Nº 297 que ordena el aislamiento total y obligatorio en todo el país hasta el 31 de marzo, y que ayer se prorrogó hasta que culmine Semana Santa (ver página 3). La norma exceptúa a las personas que desarrollen servicios considerados esenciales para la sociedad, como la producción, distribución y venta de alimentos y combustibles, la salud, la seguridad y la comunicación, entre otros.
En estos casos, el decreto hace énfasis en la protección de los derechos de los trabajadores que cumplen estas tareas y advierte que “en todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores”.
Resoluciones de la cartera de Trabajo nacional dispusieron también licencias para que los mayores de 60 años, embarazadas y portadores de enfermedades consideradas de riesgo, puedan dejar de concurrir a sus empleos.
Sin embargo, el día siguiente de entrada en vigencia le medida, empleados de supermercados salieron a hacer públicas sus condiciones de trabajo, la falta de elementos de higiene y de prevención de la enfermedad. “No tenemos ninguna protección, nos estamos cuidando como podemos y tratando de desinfectar con lo que tenemos”, manifestaban en medio de la protesta.
Los portuarios también expusieron su inquietud por la falta de control sanitario a las tripulaciones que llegan en los barcos que cargan cereal.
Para facilitar las denuncias, la provincia habilitó un 0800, “que fue reforzado debido al enorme volumen de llamadas que se registran todos los días”, según señala un informe sobre el desempeño de la línea.
El día siguiente al anuncio presidencial, los operadores recibieron 1.100 consultas, de las cuales un porcentaje no correspondía específicamente a conflictos en el ámbito laboral. Actualmente se ha estabilizado en un promedio de 600 llamadas diarias.
El análisis sobre las consultas recibidas en la línea gratuita destaca que, la mayor parte, están relacionadas con el aislamiento obligatorio y los permisos de circulación necesarios. También se detectaron numerosas consultas de cuentrapropistas y trabajadores de la economía informal ligados a la industria alimenticia, que buscan seguir con sus labores.
En cuanto a lo estrictamente laboral, el cumplimiento de las condiciones de salud, higiene y seguridad en las empresas es uno de los temas más consultados, dividiéndose en consultas sobre el protocolo y denuncias por incumplimiento. Detrás quedó la situación de las licencias a los grupos de riesgo.
Y, en los últimos días, se incrementaron también las llamadas relacionadas con los salarios. Por un lado, empleadores consultando sobre los mecanismos para la liquidación de los sueldos, pero también de empleados que denuncian falta de pago, pagos diferidos o recortes en montos no registrados.
