La Ciudad

Dura crítica de la Iglesia rosarina al Concejo, que se apresta a avalar el protocolo de interrupción de embarazos

El arzobispo, Eduardo Martín, envió una carta al cuerpo en la que expresó que lamenta que "la provincia y Rosario adhieran a la cultura del descarte"

Jueves 13 de Agosto de 2020

El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, envió una carta al Concejo Municipal horas antes de que el cuerpo adhiera al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que firmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García el año pasado. En la misiva, el prelado se mostró preocupado porque “el derecho de los niños y niñas por nacer se vea flagrantemente atropellado por un decreto que abre prácticamente las puertas al aborto legal, casi constituyéndose una ley”.

El arzobispo destacó que “lamenta profundamente que nuestra provincia y la ciudad de Rosario se inscriban en una corriente social, cultural y política del descarte”.

La misiva de Martín responde al decreto firmado por el gobernador Omar Perotti y la ordenanza que prevé aprobar el Concejo para adherir y adecuar el sistema de salud local a ese nuevo protocolo.

El primer decreto firmado por Perotti y el ex ministro de Salud, Carlos Parola, el 3 de enero de este año, nada más asumir la gobernación, fue el 07/2020. Allí hizo expresa la adhesión de la provincia de Santa Fe al nuevo Protocolo.

Por su parte, el 20 de julio, varias comisiones del Concejo elevaron un texto para la promulgación de una ordenanza que busca la aplicación del Protocolo nacional en los efectores locales, aunque en la práctica ya se haga.

Ante esto, el arzobispo expresó su “honda preocupación, amargura y dolor por la adhesión del gobierno provincial al protocolo de ILE decretado por el Ministerio de Salud de la Nación, y que el Concejo se apresta a adecuar”.

En la misiva manifestó que lamenta “profundamente que nuestra provincia y la ciudad de Rosario se inscriban en una corriente social, cultural y política del descarte”. Y expresó su pesar porque el “derecho de los niños y niñas por nacer se vea flagrantemente atropellado por un decreto que abre prácticamente las puertas al aborto legal, casi constituyéndose una ley”.

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Martín comparte lo que expresaron todos los obispos refiriéndose a este decreto nacional que, a su entender, borra de un plumazo la decisión del Congreso en 2018, cuando rechazó la legalización del aborto luego de un extenso debate democrático, donde se escucharon distintas posturas.

El Concejo ya expresó su “beneplácito por la última actualización del Protocolo”. Y ya está redactada la ordenanza para adecuar el sistema de salud a lo que se indica en ese procedimiento. Sin embargo, en la práctica “no modifica en nada lo que ya se hace en Rosario”, indicó el abogado especialista en Derechos Humanos, Gustavo Dimónica. “En Rosario el aborto se practica con total y absoluta libertad. Es más, los médicos que se han negado a hacerlo, por una cuestión de conciencia personal, tienen problemas para avanzar en su carrera y hasta corren peligro de perder su trabajo”, aseguró.

Qué dice el Protocolo

El nuevo Protocolo “ofrece una guía a los equipos de Salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino, tomando como base la mejor evidencia científica disponible y la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”.

Establece que, “de acuerdo al principio de celeridad/rapidez, a quienes requieran ILE debe garantizársele una atención ágil e inmediata. El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 días corridos”. Asimismo, hace una diferencia en las autorizaciones que deben presentar las niñas menores de 13 años y las mayores de esa edad. En todos los casos deben firmar un consentimiento informado, y para las menores de 13 requiere “brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores”, incluso agrega que pueden ser también “personas allegadas o referentes afectivos”. En cambio “de tratarse de una adolescente de entre 13 y 16 años, puede solicitar autónomamente una ILE siempre y cuando no implique un grave riesgo para su salud o vida”.

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