Una financiera fue obligada por la Justicia a respetar el derecho a la información de un cliente, quien venía abonando una deuda según un convenio de pago y, aun así, no dejaba de recibir intimaciones por parte de un estudio jurídico porteño. Cuando el hombre, un modesto jubilado rosarino de más de 70 años, requirió a la entidad crediticia que le precisara qué le estaba reclamando en concepto de capital y de intereses por mora y financiamiento, no obtuvo ninguna respuesta. Pero ahora, tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial de la 14ª Nominación, la financiera deberá detallar al hombre el "estado" de su préstamo, si ese crédito fue cedido a "terceros" y si encomendó el cobro a alguna otra entidad, so pena de ser multada en caso de incumplimiento. También le correrán las costas del juicio.
"El derecho a la información del usuario y el consumidor, que abusivamente esta entidad crediticia no estaba respetando, es algo básico y resguardado por la ley 24.240 (de defensa al consumidor) e incluso por la propia Constitución", afirmó ayer el abogado Sebastián Nievas, quien patrocinó a Raúl Alberto L. presentando una "medida autosatisfactiva" ante la Justicia civil rosarina.
El fallo, que emitió hace unos días el juez Marcelo Quaglia, dio parcialmente la razón al jubilado Raúl L., ya que no sentenció si deben cesar o no las intimaciones de cobro. Al menos hasta que la financiera, Provencred, cumpla efectivamente con brindar toda la información que se le ordena. En lo demás, se pronunció a favor del hombre.
De hecho, en los fundamentos de su condena el magistrado tuvo en cuenta incluso que la firma demandada nunca concurrió al tribunal, lo que dejó en evidencia "falta de colaboración" e "incumplimiento del deber de información".
Vulnerabilidad
Según explicó Nievas, su cliente es un jubilado humilde que requirió un préstamo a Provencred y luego tuvo dificultades para pagar en término las cuotas. Por eso "firmó un convenio de refinanciación vigente y en plena ejecución", gracias al que venía abonando dos mil pesos por mes.
Pero en pleno proceso de regularización de su deuda Raúl L. comenzó a recibir "intimidaciones a través de mensajes de texto a su celular" por parte de un estudio jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le exigían el "pago de la deuda atribuyéndole el carácter de vencida y por tanto exigible". Eso, pese al "pago puntual que se venía realizando", sostuvo el abogado.
Como era de esperar, el hombre se asustó, máxime cuando, presa de la "incertidumbre", intentó comunicarse con el estudio jurídico porteño sin éxito.
Lo mismo le ocurrió, incluso tras enviarle una carta documento, con Provencred. No obtuvo respuesta, mientras sí continuaba recibiendo intimidaciones desde Buenos Aires, lo que le causó "molestias, temores infundados y demás agravios morales en la integridad física y moral", sostuvo su abogado.
Por eso el jubilado decidió recurrir a la Justicia. "Es que si en un caso como este el derecho a la información no se hace efectivo a través de un fallo es letra muerta", argumentó Nievas, para quien la medida autosatisfactiva resultó la "herramienta más eficaz para tutelar ese derecho".
De hecho, el letrado recordó que en las estadísticas de los organismos de defensa al consumidor las financieras suelen encabezar, junto a las telefónicas, las denuncias por abusos e incumplimientos.
Nievas también sostuvo que en la caso de las financieras se juegan otros factores que agravan el panorama: situación de especial vulnerabilidad por parte de quienes recurren a ellas para pedir dinero junto a un mayor desconocimiento respecto de los derechos que asisten al consumidor. Un combo que juega en contra del "eslabón más débil".
