Un martillero y un ex juez civil y comercial de Rosario resultaron condenados a 8 y 4 años y medio de prisión, respectivamente, tras un juicio oral en el que fueron hallados culpables de perpetrar maniobras de estafas para apropiarse de fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal, un escándalo que estalló hace 10 años en los Tribunales provinciales. La emblemática causa, que develó la impunidad de una asociación ilícita que operaba en los juzgados, tuvo a otros cinco condenados, entre los que estaban otro magistrado, su secretario, dos abogados, y un empleado bancario infiel, que aportó información esencial para triangular los despojos.
El reconocido martillero rosarino Oscar Kovalevski, de 71 años, y el ex juez civil y comercial Norberto Scavone, de 70 años, fueron condenados ayer a 8 años de prisión efectiva y 4 años y medio, respectivamente, en ambos casos bajo modalidad domiciliaria de cumplimiento automático y con control de tobillera electrónica. Los dos se retiraron del Centro de Justicia Penal (CJP) tras la lectura de la sentencia con custodia policial.
Según el Tribunal del juicio oral y público, integrado por los jueces Nicolás Foppiani (presidente), José Luis Suárez y Valeria Pedrana, resultaron culpables de los delitos de defraudación Kovalevski, como autor de 53 hechos consumados y 5 tentativas como coautor, además de organizador de una asociación ilícita; y Scavone por 30 hechos de defraudación, aunque fue absuelto por el delito de prevaricato, luego de que el fiscal Carlos Covani desistiera de esa figura al comienzo de juicio.
Diez años de un proceso con siete condenados
Después de 10 años de instrucción de un caso emblemático que salió a la luz por una denuncia del Banco Municipal a fines de 2011, ayer se celebró el último capítulo del juicio oral y público que comenzó el 24 de octubre y se desarrolló por dos semanas. En esa instancia, tanto Kovalevski como Scavone llegaron acusados como los actores visibles de una trama que tuvo un elenco de peso.
Es que por la defraudación y en distintos momentos, fueron condenados como parte del grupo el ex juez Alejandro Pedro Martin (cinco años de prisión efectiva en su domicilio como jefe de la asociación ilícita), su secretario Ricardo Lavacca (tres años condicional), los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter (ambos a tres años de prisión en suspenso, y entre 5 y 7 años de inhabilitación para ejercer la profesión) y el infiel empleado del banco, Tomás Martinez Echenique, que recibió tres años de prisión condicional.
A las 14.30 de ayer los acusados ingresaron a la sala 8 del CJP y se sentaron junto a sus defensores. El ex juez, jubilado del Poder Judicial hace siete años, apoyado en un bastón, se ubicó con los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain, y el martillero con la penalista Antonela Traversaro. Allí escucharon el veredicto que leyó el juez Foppiani.
“Para este Tribunal está probado que por lo menos desde los meses de julio de 2010 y hasta agosto de 2012, desde los juzgados civiles y comerciales Nº 1 y Nº 12 se libró una importante cantidad de oficios ideológicamente falsos, mediante los cuales los jueces Scavone y Alejandro Martín ordenaron pagos sobre cuentas judiciales a nombre del Banco Municipal de Rosario, certificados por el secretario Lavacca (Ricardo), y luego autorizados por el empleado bancario infiel Tomás Martínez Etchenique, quien autorizó el retiro del efectivo por ventanilla como parte de una maniobra organizada para apoderarse de fondos depositados en cuentas judiciales. Esos activos fueron retirados por el martillero Kovalevski, y los abogados García Montaño (Horacio), y Hetter (Jorge) para luego repartirse el botín entre todos”.
El juez condensó en ese primer tramo del fallo un caso que estuvo envuelto de impunes acciones desplegadas durante más de dos años por el grupo de profesionales. Si bien la Fiscalía acopió profusa documentación y probó los hechos en ese período, en los pasillos de Tribunales era vox populi que la “mesa de dinero” tenía varios años funcionando en las entrañas del Poder Judicial, como lo demuestra el resultado del juicio.
Ni bien el presidente del tribunal terminó de leer la sentencia unánime y de anunciar la condena de ocho años de prisión para Kovalevski y de cuatro años y medio para Scavone, el fiscal Covani solicitó al Tribunal la prisión preventiva efectiva, por entender que se daban los requisitos de riesgo procesal, como el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio, sobre todo al conocerse el monto de la pena. “El principio de inocencia se debilita con el resultado del juicio”, remarcó el acusador.
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Las defensas coincidieron en oponerse. Con argumentos muy similares, replicaron que sus defendidos siempre estuvieron “a derecho”, que terminado el juicio la cautela de la prueba ya no estaba en riesgo, y que por la edad de ambos les corresponde la prisión domiciliaria, alternativa que vieron como la más conveniente porque sufren algunos trastornos de salud.
Prisión efectiva domiciliaria y con tobillera
El Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio, y luego de 20 minutos notificó la decisión respecto a la medida cautelar. Foppiani anunció que se hacía lugar al requerimiento del fiscal. Y ordenó que los condenados cumplan la prisión preventiva efectiva en modalidad domiciliaria, y con monitoreo de tobillera electrónica.
La medida comenzó a hacerse efectiva apenas el juez dio por finalizada la audiencia. No obstante, aclaró que por inconvenientes para disponer de tobilleras, otorgaba un plazo de 30 días hasta que se instrumente. Sin embargo, advirtió que de no formalizarse en ese plazo, automáticamente los condenados deberán ser trasladados a un establecimiento carcelario.
Mientras tanto el control del cumplimiento de la pena, que será motivo de apelación de las defensas, queda a cargo de personal policial de custodia asignado a los domicilios particulares de Kovalevski y Scavone.
"Los delitos estuvieron probados y revestían gravedad institucional"
Luego de escuchar la sentencia, el fiscal Covani tuvo un breve diálogo con La Capital. Expresó que tras diez años de haber tenido el primer contacto con la causa, "aparece la sensación del deber cumplido. No tengo animosidad personal contra ninguno de los siete condenados, es mi trabajo y lo que correspondía. Los delitos estuvieron probados desde el principio y revestían gravedad institucional, esto no pasa por el monto o las maniobras, que fueron algo técnico y oculto", remarcó el funcionario.
Según el trabajo que desarrolló en todo este tiempo, "la prueba siempre estuvo a la mano y era cuestión de interpretarla, sabíamos que este iba a ser el resultado final. Por eso se generaron cinco juicios abreviados de los siete imputados que fueron condenados. Violaría la objetividad que me corresponde si dijera que estoy contento. No corresponde que un fiscal diga eso por una persona que va presa".
El fiscal Carlos Covani se mostró satisfecho con el resultado de un caso que logró llevar a juicio oral y público después de diez años. Con otros cinco acusados, en total logró siete condenas.
Virginia Benedetto
"En todo juicio hay un riesgo. La satisfacción en esta caso está en trasladar al debate la culminación del proceso todo lo que se trabajó en este tiempo, no solo la Fiscalía sino el juzgado de Instrucción Nº12 a cargo de la doctora Mónica Lamperti, su secretaria, hubo mucha gente trabajando, de mi Fiscalía. Esto no es personal ni individual, cada uno cumplió su rol. El Tribunal interpretó adquirió la convicción que se requiere para una sentencia, y es la misma que tengo hace diez años: que había delitos y personas responsables de ellos", amplió Covani.
Por último valoró que el monto de la pena fue el mismo que había solicitado en su alegatos: "Sentimos satisfacción también porque la pena pedida no fue desmesurada, sino que mi deber de objetividad era solicitar lo que corresponde".
