Directivos del Banco Municipal de Rosario declararon en el marco del juicio oral contra un martillero y un ex juez por estafas con fondos judiciales inmovilizados y confirmaron ante el Tribunal datos sobre las maniobras detectadas en 2011. El ex magistrado Norberto Scavone, coimputado junto con el rematador Oscar Kovalevski, sufrió un pico de presión y debió ser hospitalizado, pero este miércoles acudirá a la tercera jornada de debate donde se acusa a ambos de integrar una asociación ilícita que cometió estafas, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.
El juicio comenzó el lunes en el Centro de Justicia (CJP) penal con la formalidad de la descripción de los hechos que el fiscal Carlos Covani imputó a Scavone y Kovalevski, para quienes solicitó penas a 5 años y medio, y 8 años de prisión, respectivamente.
El fiscal ratificó su postura acusatoria en relación a más de 50 hechos que se articularon desde los juzgados civiles y comerciales Nº1, a cargo de Scavone, y del Nº 17, cuyo titular era el destituido y ya condenado Alejandro Pedro Martín.
Según la hipótesis fiscal, en coordinación con los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter (también condenados), el grupo orquestaba la apropiación de fondos judiciales por dos caminos. Los que estaban a disposición de los juzgados civiles 1 y 17 directamente con órdenes de pago injustificadas firmadas por los jueces a favor de Kovalevski, García Montaño y Heter.
Y la segunda, mediante expedientes inventados que los abogados manipulaban procesalmente para direccionarlos a los juzgados de los dos magistrados. Después se repetía la mecánica de librar al banco los oficios de pago a favor de los implicados.
A Scavone le achacan 32 hechos como integrante de la asociación ilícita; defraudación; tentativa de defraudación; falsedad ideológica y material de instrumento público; prevaricato; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
El martillero responde por 59 hechos como organizador de la asociación ilícita, defraudación consumada y tentativa. El fiscal pidió que se lo condene a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación para trabajar como rematador en causas judiciales. Si bien consta que se realizaron operaciones por 1 millón 50 mil pesos, esa “mesa de dinero” en las narices del Poder Judicial habría generado más dividendos
Cuestionan el dolo, niegan la asociación ilícita y critican el proceso
El juicio prosiguió este martes con el martillero sentado solo en el banquillo, ya que Scavone sufrió un problema de salud. Igualmente sus defensores, Víctor Corvalán y Evelyn Quain, trataron de despegarlo de las maniobras.
Hicieron planteos en relación a las figuras legales que surcan la acusación, principalmente sobre la intencionalidad o dolo que conlleva, y desestimaron que pudiera integrar una asociación ilícita porque no conocía a los abogados coimputados.
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Recalcaron que, más allá de alguna situación de “negligencia o impericia” respecto al control de los oficios, el ex magistrado optó por ir a juicio para “defender su honorabilidad. Los oficios que firmó tenían su respectivo expediente, a diferencia de lo que ocurrió en el juzgado de Martín”, sintetizaron los abogados.
Por su parte, Antonella Travesaro, abogada de Kovalevski, atacó el “extenso plazo de sustanciación que ha tenido la causa, vulnerando groseramente normativa constitucional y convencional vigente. Vamos a demostrar la clara y grosera violación del derecho de defensa por vulneración al principio de congruencia”, adelantó.
Dijo que “el fiscal pretende probar ahora la existencia de una asociación ilícita entre Kovalevski y Scavone cuando ello jamás fue imputado, tras resaltar que desde el comienzo a su defendido “no se le imputó una asociación ilícita con Scavone”.
Oficios falsos y expedientes fantasmas
En esta primeras jornadas del juicio declararon funcionarios del Banco Municipal que confirmaron la primigenia denuncia. Eduardo Ripari (presidente del Banco Municipal cuando se detectaron los hechos), ratificó el escrito que en diciembre de 2012 presentó ante la Corte Suprema, cuando se detectaron las maniobras delicitivas, lo cual tiene contrastes con las defensas.
El directivo recordó que en noviembre de ese año los abogados de la entidad se presentaron en el juzgado Civil y Comercial Nº1 para solicitar los oficios. Del cotejo realizado surgió que 15 de ellos coincidían con los del banco, pero 18 era totalmente disímiles. Y los beneficiarios, casi siempre, salvo en dos, eran el martillero Kovalevski y el abogado García Montaño.
Además, Jorge García Labari, gerente de operaciones del banco, aportó un dato que para la Fiscalía es considerado clave, porque compromete a Scavone. Explicó que la información utilizada para librar los oficios desde ese juzgado en 2010 no surgió del Banco Municipal, que recién ese año comenzó resguardar esos fondos que hasta ese momento administraba el Banco Provincial de Santa Fe SA. En 2012 se decidió que, luego de 10 años inmovilizados, el dinero se transfiera a la Caja de Jubilaciones del Colegio de Abogados y Procuradores.
El Banco Municipal también se manifestó a través de la declaración de Juan Carlos Saavedra, jefe del departamento Legales de la entidad. Fue quien en su momento le requirió a Martín los expedientes que justificaran los oficios de cobro que había firmando y remitido al banco. Pero el ex magistrado le respondió que no los tenía, o que podían estar en poder de los abogados.
El juicio continuará hasta el 4 de noviembre. Está prevista la declaración de casi un centenar de testigos, de los cuales se destacan Jorge Heter y Luciano García Montaño, convocados para el martes próximo. Los profesionales fueron los primeros condenados en un juicio abreviado, donde reconocieron su participación en los hechos, devolvieron un porcentaje del dinero y aportaron elementos para desentrañar las maniobras.
Scavone se descompensó
Según indicaron los abogados Corvalán y Quain, Jorge Scavone, de 69 años, no concurrió a la segunda audiencia del juicio en su contra porque sufrió una descompensación cardíaca y debió ser hospitalizado. “Luego de ser estabilizado regresó a su domicilio. Aunque tiene el derecho a pedir la suspensión de la audiencia, no es su intención. Está a disposición desde un primer momento porque quiere salvar su honor. Este miércoles va a estar presente”, confirmaron los profesionales.
