El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Ansés para destrabar los créditos hipotecarios abrió expectativas sobre una eventual reactivación del sector, pero también generó dudas sobre su alcance. Los economistas consultados coincidieron en que la medida podría permitir el otorgamiento de entre 17 mil y 20 mil préstamos, una cifra acotada frente a la magnitud del déficit habitacional y las dificultades de acceso a la vivienda en la Argentina.
El gobierno nacional prevé colocar $2 billones en instrumentos UVA para aportar fondeo de largo plazo a los bancos, que luego deberán canalizar esos recursos hacia créditos hipotecarios. La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas que enfrentaba el sistema financiero: la dificultad de otorgar préstamos a 15, 20 o 30 años cuando la mayor parte de los depósitos que reciben las entidades son de corto plazo.
Lavih Abraham, economista e integrante del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), consideró que la medida puede facilitar el acceso al crédito, pero su impacto sobre la economía y la generación de nuevas viviendas será reducido. “Estamos hablando de que se pueden dar estimadamente unos 17.000 o 18.000 créditos hipotecarios que, en su mayoría, van a ser destinados a compras de segunda mano y no a construcción”, señaló.
En esa línea, señaló que la iniciativa difícilmente genere un fuerte impulso sobre la actividad. “No va a mover demasiado la actividad económica porque van a ser meras compraventas”, explicó, aunque admitió que la inyección de liquidez podría tener algún efecto indirecto.
Abraham diferenció este mecanismo de un programa orientado directamente a la construcción. “No es lo mismo que un plan de obras públicas o un plan de construcción de viviendas, sino que tiene multiplicadores bastante menores”, sostuvo.
Respecto del uso de los recursos de Ansés, el economista relativizó el riesgo para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dijo que el monto comprometido representa una porción reducida del patrimonio del fondo. “Prácticamente no se toca el fondo, o sea que no es un problema”, afirmó, y consideró incluso positivo que esos recursos sean utilizados en lugar de permanecer inmovilizados.
Abraham observó, además, una paradoja en la decisión oficial. “Se está pensando efectivamente en términos keynesianos, aunque no lo digan, porque básicamente es mover plata que está ahorrada para ponerla en el ámbito de la inversión”, señaló.
Sin embargo, fue categórico sobre la capacidad de la medida para resolver el problema habitacional. “No va a solucionar el problema de vivienda. Son créditos más o menos caros y, en general, son para comprar viviendas que ya existen. El déficit habitacional es bastante más amplio que lo que se puede conseguir con esa plata”, resumió.
El problema de los bancos
Lucila Rivolta, contadora pública e integrante del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), puso el foco en el problema de fondeo que enfrentan las entidades financieras. Según explicó, la medida responde a una demanda que los bancos venían planteando para poder sostener líneas hipotecarias de largo plazo. “Los bancos casi no tienen fondeo a largo plazo. Toman depósitos cortos y prestaban a 15 o 30 años. Ahí es donde ahora entra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dándoles a estos bancos ese fondeo que no conseguían en el mercado”, explicó.
Para Rivolta, si el mecanismo funciona, podría derivar en el otorgamiento de “entre 18.000 y 20.000 créditos para primera vivienda”. Si bien consideró que se trata de un número relevante para las familias que puedan acceder, advirtió que “no es un número elevado” en relación con las necesidades existentes.
La economista también destacó que los créditos hipotecarios presentan una característica particular dentro del sistema financiero. “Es la línea con menor morosidad en todo el sistema financiero”, afirmó, en un contexto en el que, según señaló, el endeudamiento de los hogares y la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales se encuentran en niveles elevados.
Desde su perspectiva, la medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para intentar reactivar la economía. “Es claramente una iniciativa un poco desesperada del gobierno para reactivar la economía”, sostuvo, y vinculó la decisión con la situación de la industria, la construcción y el comercio. “Estos son los tres sectores que dinamizan la economía y representan el 45% del empleo registrado en Argentina. Desde que asumió Javier Milei vienen cayendo y necesitan reactivarse, porque se está viendo un problema grave: los puestos de trabajo siguen cayendo y las empresas siguen cerrando”, planteó.
El debate por los recursos de Ansés
Uno de los puntos centrales de la discusión es el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el esquema. Rivolta aclaró que el FGS no asumirá directamente el riesgo de incumplimiento de los deudores hipotecarios, ya que ese riesgo continuará en manos de las entidades financieras. Sin embargo, consideró que el fondo podría resignar parte de su rentabilidad. “No se pone en riesgo el fondo de los jubilados, pero sí subsidia un par de puntos de tasa al sistema bancario en vez de maximizar ese retorno para sostener las jubilaciones futuras”, cuestionó.
La integrante del Cepa también marcó una contradicción entre la medida y el discurso oficial sobre la no intervención estatal. Según explicó, el Estado no solo aporta los recursos a través del FGS, sino que además establece una tasa máxima para los créditos. “La confianza del gobierno en la eficiencia del mercado es puramente discursiva”, afirmó al tiempo que agregó: “No solo el Estado sale a poner los fondos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que también le fija una tasa máxima a los bancos. Esa doble intervención, tanto de fondos como de precios, desmiente el discurso gubernamental de no intervenir en el mercado”.
El antecedente del Procrear
Celina Calore, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), coincidió en que el acceso al crédito hipotecario constituye un problema estructural en la Argentina y valoró que el tema vuelva a ocupar un lugar en la agenda pública. “Hoy el stock de créditos hipotecarios en nuestro país representa apenas el 2% del PBI, mientras que en otros países como Chile llega hasta el 27%. El problema existe y está bueno que se ponga sobre la mesa”, señaló.
No obstante, advirtió sobre las características del esquema elegido. Los nuevos préstamos estarán indexados por UVA y tendrán una tasa máxima de hasta 7,5% por encima de esa unidad de actualización. “El capital que tenemos adeudado se va actualizando mes a mes por la evolución inflacionaria”, explicó Calore.
También recordó la experiencia de los créditos UVA lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri: “Tuvimos familias que sacaron créditos en 2017 y vieron sus cuotas triplicarse en dos años. Muchas entraron en crisis de pago por no poder afrontar esas cuotas”.
Para la economista, otro de los límites está dado por el perfil de los potenciales beneficiarios. “Esta línea de créditos está dirigida a cierto segmento de trabajadores con ingresos formales o con ingresos que tienen que tener cierta estabilidad para poder calificar, y de ingresos medios a altos”, sostuvo.
Por eso, consideró que la medida no representa una solución para la mayoría de los hogares con problemas de acceso a la vivienda. “No estamos hablando de una solución habitacional para las mayorías de las familias argentinas”, afirmó.
Calore estimó, al igual que los otros analistas consultados, que el programa podría alcanzar unos 17.000 créditos hipotecarios en todo el país. “Es un número bastante acotado frente a una problemática que es de millones de argentinos”, remarcó.
La economista propuso, además, comparar la iniciativa con el antecedente del Procrear, que también utilizó recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A su juicio, la principal diferencia está en la lógica de implementación. “El Procrear canalizaba fondos directamente del FGS, con una tasa subsidiada por debajo de la inflación, a través del Banco Hipotecario, un banco público, con sorteo y ciertos criterios de equidad”, explicó y señaló que el nuevo esquema licita los recursos del sistema previsional entre bancos públicos y privados, que los reciben como depósitos y disponen de un plazo para destinarlos a créditos hipotecarios.
“El cambio está en la lógica de la propuesta”, sostuvo Calore y recordó que el Procrear llegó a beneficiar a cerca de 180.000 familias.
