En medio de una áspera disputa familiar, una investigación judicial sacó a relucir una maniobra de vaciamiento patrimonial de una empresa cuyo capital se trasladó a un firma melliza con el solo objetivo de eliminar a una accionista. La víctima, accionista mayoritaria, denunció penalmente a su padre, a su hermana, al cuñado y a dos contadores, quienes afrontan una acusación y pedido de pena efectiva de entre cuatro y seis años de prisión por los delitos de “defraudación por vaciamiento de empresa” y “balance falso”.
Una prestigiosa pyme del Cordón Industrial con más de 20 años de trayectoria en la producción y comercialización de bandejas portacables, gabinetes metálicos y accesorios para electricidad, quedó envuelta en un fuerte enfrentamiento económico entre los integrantes de la familia fundadora.
Se trata de Gabapel SRL, con domicilio en Río Negro al 2700 de Granadero Baigorria, inscripta en 1985, y cuyo dueño era Roberto Pablo Alfredo T. En octubre de 2008, el hombre incorporó a la sociedad a sus hijas, Ana Lía T. y Natalia Paula T, cada una con el 50 por ciento de capital societario, mientras él quedó como administrador gerente desde el 2001.
Ana Lía concurría diariamente a la empresa a desempeñar sus tareas. El negocio era próspero, ordenado y exitoso, con un desarrollo económico sin sobresaltos. Sin embargo, en 2014 tuvo una serie de desacuerdos con su padre y con su hermana en el marco de la conducción de los negocios.
Si bien dejó de asistir al establecimiento, no se desligó de las actividades. Tuvo intercambios con su hermana para conocer la marcha del negocio pero no fueron contestados, o a medias. Pero un buen día se enteró de que la actividad había decaído sorpresiva y notoriamente.
Despojo y firma "melliza"
Todo el trasfondo es parte de una lastimosa historia familiar que enfrentó en una voraz batalla judicial a Ana Lía por un lado; y a su hermana, cuñado y padre, por el otro. Es que según se acreditó en una investigación que encabezó el fiscal Mariano Ríos Artacho, del área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Ministerio Público de la Acusación, la supuesta crisis económica no era tal, sino que se debió a un burdo procedimiento “ilícito, voluntario y malicioso perpetrado por el resto de los socios de la firma”.
¿En qué consistió y por qué? Según la Fiscalía todo se orquestó a fin de “dejar fuera de la empresa familiar a Ana Lía”, para lo cual los acusados constituyeron una nueva sociedad denominada Gaba S.A, con idéntico domicilio y objeto social, que inscribieron en 2015 en el Registro Público, con una vigencia de 99 años.
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Los socios que figuraban en esa nueva empresa eran Natalia Paula (presidente) y su pareja, Carlos Alberto D. (director). El alta fiscal de la nueva firma se hizo cinco años antes del vencimiento de la histórica Gabapel SRL.
Pero además, mediante un instrumento privado con firma certificada y a sabiendas de la ilicitud de su conducta _según la pesquisa_ transfirió el 40 por ciento del capital social de Gaba S.A. a Roberto T, desplazando a su pareja, quien hasta el momento funcionaba como su testaferro.
También abrió una nueva cuenta corriente cuya titularidad estaba a su nombre y el de su padre. De los correos del banco surgió que al solicitar autorización para abrir la cuenta de Gaba SA, ostentó ser continuadora de Gabapel SRL, utilizando así su trayectoria y la solvencia
Los contadores
En esa trama, los contadores Santiago T. y Rubén T. (padre e hijo respectivamente) tuvieron un rol preponderante. El mayor de ellos fue el profesional que durante 20 años asesoró a Gabapel y trabó una leal amistad con su dueño.
Para la pesquisa, fueron “partícipes necesarios para la maniobra de trasvasamiento o vaciamiento” de Gabapel SRL. Para lograrlo, “confeccionaron la memoria y balance de los ejercicios anuales de los años 2017, 2018 y 2019 de Gaba SA con mismo domicilio de Gabapel, “a sabiendas que se efectuaba el vaciamiento” de la empresa, afectando su normal desenvolvimiento.
Ese aspecto del caso quedó en evidencia a partir de la documentación secuestrada en un allanamiento realizado el 11 de julio de 2020 en el estudio contable de Santiago T., ubicado en Urquiza al 800 de Rosario.
En un requerimiento acusatorio que se formalizará, según fecha de audiencia el 6 de junio próximo, el fiscal Ríos Artacho recalca sobre la conducta de los profesionales, que “con el cúmulo de acciones acontecidas válidamente, los contadores adaptaron sus aportes al plan delictivo de los clientes”.
Menciona que alejaron “su comportamiento técnico de las reglas que permitirían excluir responsabilidad en virtud de su ajuste a las funciones profesionales. No es parte de la labor profesional de un contador aportar conscientemente al engaño, en virtud del cual su cliente concretara el delito de trasvasamiento”, refuerza el investigador.
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Es que según esa hipótesis, “la adaptación de sus tareas a la finalidad ilícita permite considerar que su intervención en el hecho es penalmente relevante, ya que hicieron parcialmente suyo el suceso delictivo de Roberto Paulo Alfredo T. , su hija Natalia Paula T., y la pareja de esta, Carlos Alberto D.
Juicio oral en el horizonte
A los tres se les endilga, a lo que adhiere la querella encabezada por los abogados Mariano Martín Scaglia y Ana Inés Campodónico “haber defraudado” a Ana Lía, “afectando maliciosamente el normal desenvolvimiento de la empresa Gabapel SRL., disminuyendo fraudulentamente su valor, mediante el trasvasamiento o vaciamiento de la empresa”.
De no mediar un acuerdo previo, en la audiencia preliminar al juicio que se celebrará el 6 de junio, el fiscal expresará formalmente la calificación legal, expondrá las pruebas y solicitará ante el juez del trámite que se condene a Roberto Paulo T.; Natalia Paula T. y a Carlos Alberto D. a cuatro años y medio de prisión de cumplimiento efectivo como coautores del delito de “defraudación por trasvasamiento o vaciamiento de empresa".
Por su parte, los dos contadores también afrontan un pedido de pena, pero de seis años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipes necesarios de los delitos de defraudación por trasvasamiento o vaciamiento de empresa, en concurso real con el delito de balance falso en calidad de coautores.
Las pericias contables y la documentación oficial entrecruzada en el marco de la pesquisa por el vaciamiento fraudulento de Gabapel SRL expusieron una prueba elocuente de las maniobras: en 2018, por balance la empresa tenía una facturación de 63 millones de pesos, pero quedó con un paquete accionario al valor de 200 mil pesos.
