Comerciantes de Pichincha, en contra de la cautelar que no permite abrir nuevos locales

Los comerciantes de Pichincha, que están en el ojo de la tormenta por las denuncias de los vecinos por la falta de control en el barrio, harán hoy una presentación judicial para pedir que se de marcha atrás con la medida cautelar del juez Pedro Boasso que le ordena a la Municipalidad de Rosario a que se abstenga de otorgar nuevas habilitaciones comerciales en la zona comprendida pro Balcarce, Francia, Jujuy y Rivadavia.

Marcos Peyrano, abogado patrocinante de los comerciantes de Pichincha, calificó de "imprudente" la decisión del juez Boasso, porque considera que, antes de que de tomar la resolución, debió pedir al municipio un informe sobre los comercios que habían pedido la habilitación, a fin de tomar en cuenta los casos en los que el trámite avanzado y ya habían hecho inversiones para poner en marcha sus negocios.

"Un día antes de la feria judicial se aceptó esta medida cautelar, absolutamente genérica, que no atiende a casos particulares y que nos parece que no soluciona los problemas planteados por los vecinos de la zona y que afecta a comercios que estaban en trámite de habilitación", señaló Peyrano, y añadió: "Estos locales han hecho inversiones millonarias para poder abrir en el barrio, con el permiso de la Municipalidad".

"La medida cautelar expone a la Municipalidad de Rosario a reclamos por daños y perjuicios cuantiosos"

En declaraciones al programa "Zyzman830", que se emite por La Ocho, Peyrano explicó que, "cuando uno va a instalar un comercio, se pide primero una especie de certificado en el que le solicita a la Municipalidad si puede habilitar un local de determinadas características, en un determinado lugar, y, desde el momento en que se le el OK, empieza un proceso de habilitación que puede durar meses".

"Eso da lugar a un montón de inversiones, contratación de personal y demás, que de golpe se ha visto coartada por esta medida dictada en forma absolutamente genérica, sin atender a los comerciantes que tenían el trámite desde hace meses", detalló el representante legal de los comerciantes de Pichincha, quien indicó que la cautelar causa un perjuicio económico importante porque, al no poder funcionar, se pierden las inversiones.

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Peyrano aseguró que son "muchos" los locales de Pichincha que están en esta situación. "Son entre cinco o seis comercios importantes, paseos gastronómicos, no hablamos solo cervecerías sino de inversiones de peso, que tenían todo en regla, que hasta habían hecho estudios de impacto ambiental y sonoro, pedidos por la Municipalidad, costosos y de golpe se encuentran con esta medida", detalló.

"Nos parece que, antes de que se dictara la cautelar, se debió haber pedido a la Municipalidad un informe sobre quiénes estaba en trámite, a quiénes podía afectar, que es lo que manda la mínima prudencia antes de tomar una resolución de este tipo", aseguró el letrado, quien advirtió que la medida "expone a la Municipalidad a reclamos por daños y perjuicios cuantiosos".

"Una cosa es darle respuesta a vecinos que denuncian falta de control de parte de la Municipalidad, que es un tema, y otra cosa, muy distinta, es prohibirle ejercer una industria lícita a gente que está en trámite para poder hacerlo, son asuntos que, cuando a un juez se le presenta la cuestión, debe tener la prudencia de tenerlos en cuenta", manifestó Peyrano

Asimismo, afirmó que "ahí es dónde hay que poner la lupa, en los casos en los que la Municipalidad ya dio el visto bueno para que instalar un comercio, por supuesto, de acuerdo a toda la normativa vigente y los casos en los que todavía no se inició el tramite o apenas se presentó algo".

"Creo que en los casos en los que, basados en el visado que les da la Municipalidad, han hecho inversiones, estudios, planos, obras y se encuentran con esta media hay que poner un límite", insistió Peyrano, y añadió: "Ni siquiera se trata de revocarla totalmente, pero sí de tener en cuenta de que algo tan general, que fue dictado sin pedir un informe, tiene que ser revisado".