Una resolución polémica frena emprendimientos en el barrio Pichincha

En una decisión polémica, un juez ordenó a la Municipalidad de Rosario que se abstenga de otorgar nuevas habilitaciones comerciales en el radio urbano comprendido entre las calles Balcarce, Francia, Jujuy y Rivadavia. El magistrado hizo lugar así al pedido de un pequeño grupo de vecinos que denuncian la supuesta falta de controles previstos en las ordenanzas que regulan la nocturnidad en la ciudad.

La resolución es del juez en lo Civil y Comercial Nº 16, Pedro Antonio Boasso. Según se interpreta en ámbitos municipales, su decisión constituye un avasallamiento de las facultades del Estado local y de las ordenanzas vigentes. Además, sostienen los críticos de la resolución, el magistrado dicta una prohibición general y sin plazo definido, lo cual constituye una violación del principio de la división de poderes.

El marco que otorga facultades al Concejo Municipal para dictar normas de carácter local es la Ley 2.756. Eso le permite al órgano legislativo, entre otras cuestiones, velar por la organización urbanística de la ciudad y garantizar su crecimiento armónico. Y además, compatibilizar los intereses de todos los ciudadanos.

La cautelar provisoria dictada por Boasso se enmarca en la ley provincial 10.000, una norma que protege “intereses difusos”. Sin embargo, la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha dicho que esa norma nunca puede entrometerse en la utilidad, oportunidad, conveniencia o equidad de la decisión administrativa que se ataca porque ello llevaría a que el juez sustituya a la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Justamente, esto es lo que vuelve altamente polémica la medida judicial dictada.

Dos abogados, Marcos Peyrano y Froilán Ravena, anticiparon que mañana realizarán una presentación formal en el juzgado de Boasso para solicitar la revisión de la medida cautelar por un tribunal superior. Además, harán reserva para reclamar los daños y perjuicios que padecen varios locales gastronómicos importantes de Pichincha, que durante meses tramitaron su habilitación y cuando finalmente la consiguieron se ven “injusta e inesperadamente afectado” por lo resuelto por Boasso.

Emprendedores preocupados

Entre los inversores del polo gastronómico del barrio de Pichincha existe una gran preocupación por la medida cautelar en cuestión. Entre otros argumentos, los empresarios sostienen que la prohibición al municipio de otorgar nuevas habilitaciones pone en peligro fuentes de trabajo y también el desarrollo de ese polo gastronómico, el más importante de la ciudad.

Incluso en el Sindicato de Empleados Gastronómicos y la Asociación Empresaria de Rosario hay preocupación por el tema y no son pocos los que afirman que la resolución de Boasso afecta la seguridad jurídica. “Nunca una prohibición tan general de nuevas habilitaciones puede solucionar eventuales molestias de los vecinos de la zona”, se escuchó argumentar en esos ámbitos.

También hay quienes anticipan que, de mantenerse una prohibición tan amplia, se vislumbran múltiples juicios millonarios contra la Municipalidad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario ha efectuado también una presentación en el expediente rechazando la medida e informando la cantidad de controles e inspecciones efectuados en la zona con documentación respaldatoria. En el departamento jurídico del municipio confían en lograr que un tribunal de alzada deje sin efecto la resolución de Boasso.

Un dato adicional es que el pedido al que le dio acogida el juez es patrocinado por la abogada Analía Antik, que suena como posible funcionaria del futuro intendente, Pablo Javkin, en las áreas jurídicas del municipio. Algunos interpretan como una muy mala señal que sea Antik quien haya pergeñado un planteo que va contra los emprendedores y pretende limitar las funciones municipales.