Cinco grupos se disputan la concesión del bar ubicado en Oroño y el río

Cinco empresas compiten para quedarse por seis años con el bar del espacio público en Oroño y avenida Estanislao López, un paso obligado de la Calle Recreativa y un balcón estratégico al Paraná. Los que disputan la concesión son grupos de peso en el sector gastronómico: Paladini, Rules SRL (Marshal Catering), Carlos Mellano, Ignacio Lamarque (Joaquín Parcel, socios de Punto Funes) y Green It-Tea Conection (Reinaldo Bacigalupo, Grupo 83).

De todos modos, no sería el único bar codiciado: después de 19 años la Municipalidad se propuso recuperar este año, y tras un largo litigio, tres lugares emblemáticos de la costa central en Corrientes y el río, que hoy ocupan Quillagua, Quitapena y El Charladero.

El viernes pasado la Dirección General de Gestión y Control de Concesiones del municipio abrió los sobres de la licitación del espacio gastronómico ubicado en Oroño y el río con la propuesta económica, experiencia y proyecto técnico.

Las empresas ofertaron los siguientes cánones mensuales: Paladini 204.655 pesos; Rules, 301.250 pesos; Mellano, 209.712 pesos, Green, 280 mil pesos e Ignacio Lamarque, 205 mil pesos.

Mañana y el jueves se pueden realizar las impugnaciones y el viernes, si no las hubiese, la comisión evaluadora concluirá la parte administrativa y en varios días más podría saberse quién es el ganador, tras revisar la oferta técnica.

De acuerdo a lo que especifica el pliego (que se fijó en 200 mil pesos), el nuevo concesionario deberá llevar adelante la remodelación y explotación comercial del bar y heladería que funcionarían en el lugar.

Se trata de un espacio que ya intentó ser licitado en dos oportunidades durante la gestión de la intendenta Mónica Fein, y ahora el intendente Pablo Javkin vuelve al ruedo.

La intendencia fijó requisitos en el pliego como que la propuesta comercial sea "sin amenización musical". Añade, la restauración del edificio de 75 m2, del salón de 95 m2 y del inmueble de servicios de 58 m2, tanto como su ampliación para disponer de un sector de contenedores de residuos y baños públicos exteriores.

La superficie máxima para colocar mesas y sillas no excederá de 250 m2, y el adjudicatario tendrá seis meses de plazo máximo para ejecutar las obras. Además, la puesta en valor debe prever la iluminación general de los espacios abiertos de la concesión y la parquización del área concesionada.

La concesión está prevista para seis años, con una prórroga de hasta 24 meses a opción del Palacio de los Leones, y el canon base exigido es de 200 mil pesos mensuales con revisión semestral y las garantías a presentadas por los oferentes debieron alcanzar un monto de 144 mil pesos.

Bares de la costa

Tres de los terrenos de Corrientes y el río están los bares Quillagua, Quitapena y El Charladero, que volverían a concesionarse. Tras un largo litigio en que los bares usufructuaron el lugar sin contraprestación al Estado, el municipio acordó que se les otorgará un plazo de 18 meses a los concesionarios actuales para regularizar el estado de los locales.

Transcurrido el plazo y durante este 2021, la intendencia iniciará el proceso licitatorio que permitirá adjudicar los locales comerciales en 2022.

Es que las firmas que explotaban el lugar tienen abultadas deudas con el Estado (se calculan, extraoficialmente, unos 18 millones de pesos).

Hasta 1991 esos eran terrenos que pertenecían a los Ferrocarriles y fueron concesionados por la firma CoyDe SA para su explotación comercial.

Cuando durante la gestión de Hermes Binner, y en el marco de la apertura al río, los terrenos se transfieren y la Intendencia firma un convenio para que el privado "entregue" el lugar en un plazo de ocho años (se oficializó con el decreto 1825/03), se estableció como fecha de vencimiento de la concesión el 15 de marzo de 2010 con una prórroga de tres años más, que nunca se concretó.

Luego, en la segunda gestión de Miguel Lifschitz (2007/2011), se inició una disputa legal entre el municipio y el privado, que se negaba a restituir el predio a pesar de que la Justicia fallara en su contra. Además, había subalquilado el espacio a otras dos firmas: Entre Ríos 2 SA (titular de El Charladero y Quillagua) y Doc SRL (Quita Pena).

El municipio acordó por escrito con las firmas Entre Rios 2 SA y Doc SRL la obligatoriedad de pagar un canon (5% de los ingresos por ventas netas de IVA) en los 18 meses que quedan por delante. En total, el Municipio percibirá cerca de 1,8 millones de pesos anuales.

Los acuerdos -que firmaron Tomás Bertotto por Entre Ríos 2 SA y Cristian Blodorn por Doc SRL- quedaron oficializados a través de los decretos 1629/20, 1630/20 y 1631/20, publicados en el Boletín Oficial con las firmas de Javkin y los secretarios de Gobierno y Hacienda Gustavo Zignago y Diego Gómez, respectivamente. En ellos se deja establecido que el plazo de 18 meses puede prorrogarse si el Ejecutivo así lo dispone, ya que en ese lapso se confeccionará un nuevo proyecto para volver a concesionar el espacio.