La ciudad

Cayo otro involucrado en la causa por el fraude con facturas "truchas"

Se presentó ayer porque el miércoles la Gendarmería y la Afip no lo habían encontrado. En Rosario habría 2.200 empresas que evadieron impuestos

Sábado 08 de Julio de 2017

Un hombre sobre el que pesaba una orden de detención desde el miércoles por su presunta participación en una mafia que vendía facturas "truchas" para que las empresas compradoras evadieran impuestos se presentó ayer a la mañana ante el juez que investiga el caso. El sospechoso ya fue indagado y se presume que es uno de los cabecillas de la organización delictiva.

Se trata de Adrián Zeballos, un técnico informático, a quien la Gendarmería Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) buscaron el miércoles en los allanamientos realizados en Rosario y no lo encontraron. Los operativos se hicieron en 35 domicilios de la ciudad.

Zeballos se presentó espontáneamente en el juzgado del magistrado Carlos Vera Barros, acompañado por un abogado. Quedó detenido, como las otras cinco personas apresadas el mismo miércoles.

Entre los apresados hay una pareja, conformada por Ricardo Astudillo y la contadora María Cristina Ottaviano. El jueves ambos dijeron que no podían prestar declaración indagatoria por razones de salud. Hacia el cierre del día Ottaviano finalmente lo hizo, mientras que Astudillo sigue con ese trámite pendiente. Está con prisión domiciliaria, aunque esa situación podría cambiar en las próximas horas.

Tanto Ottaviano como Zeballos recibieron la misma imputación que Delio Serafini, Marcelo Liporaci y Jorge Centeno, los tres detenidos que ya habían comparecido ante el juez Vera Barros el jueves. Los acusan de ser los cabecillas de una organización que creaba empresas fantasma, las inscribía en la Afip y luego fabricaba comprobantes de pago que vendía a unas 6.500 empresas de todo el país para que pudieran evadir el pago del IVA y otros impuestos.

Más allanamientos

Además de tomar declaraciones indagatorias, el juez Vera Barros ya ordenó una serie de medidas investigativas a partir de la documentación y los archivos informáticos que la Gendarmería secuestró en los allanamientos del miércoles. Entre esas medidas algunas se incluye un nuevo allanamiento en San Nicolás, que fue confirmado públicamente ayer por el director regional de la Afip, Carlos Vaudagna. No hubo información sobre el lugar de ese procedimiento, ni tampoco sobre sus resultados.

Fuentes consultadas por La Capital revelaron en los próximos días habrá nuevas medidas judiciales ordenadas por Vera Barros. Esos procedimientos buscarán reunir más pruebas sobre una multiplicidad de delitos, que incluyen defraudación, falsificación y uso de documentos y asociación ilícita, el más grave. La sospecha de la Afip, que es la que hizo la denuncia ante el fiscal Federico Reynares Solari, es que integran la organización más de 80 personas. Mientras la investigación avanza, se empiezan a conocer algunos datos sobre los detenidos. De Astudillo se sabe que tiene 47 años, que es vendedor y que trabajó en la empresa telefónica Movistar. Hace un tiempo dejó ese empleo y se ignora qué hizo después. Quienes lo conocen lo describen como una persona con un carisma entrador y una tremenda facilidad para las ventas. Sobre su mujer, la contadora Ottaviano, los investigadores de la Afip creen que era una pieza clave en el funcionamiento de la organización.

Lo que se sabe hasta ahora es que la organización creaba empresas ficticias en Buenos Aires. Esas empresas tenían directores y ejecutivos que en realidad son personas insolventes y no tenían ninguna actividad comercial. Cuando los inspectores de la Afip los abordaron descubrieron que en realidad esas "empresas" eran una fachada para emitir facturas sobre gastos inexistentes. Luego se las vendían a empresas y comercios que las usaban para evadir. En el país hay unas 6.500 y ayer Vaudagna dijo en La Ocho,que unas 2.200 son de Rosario.

El funcionario de la Afip también dijo que el organismo tiene identificadas a unas 115 empresas que defraudaron al fisco por unos 400 mil pesos. La estimación sobre la defraudación total de las 6.500 empresas, en tanto, llega a los 2.500 millones de pesos.

Entre quienes compraban las facturas "truchas" destinadas a hacer figurar gastos no realizados para evadir impuestos hay algunas industrias, empresas de transporte y hasta productores agropecuarios.

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