A casi diez meses de la tragedia de calle Salta 2141, más de 100 damnificados sobre 238 afectados directos por la explosión ya llegaron a un arreglo económico con Litoral Gas. Lo hicieron a través de la aseguradora de la concesionaria, y a cambio renunciaron al reclamo penal y a una futura demanda civil ante la Justicia. Los acuerdos son confidenciales, pero según pudo saber La Capital se basaron en una oferta cercana a los 1.200 dólares el metro cuadrado más otros conceptos. La mayoría de los familiares de las víctimas fatales rechazó la propuesta en duros términos (ver aparte).
Las negociaciones arrancaron a fines del año pasado en unas oficinas del Palacio Minetti que la aseguradora La Meridional y una firma liquidadora acondicionaron para el asunto.
Fue después que la distribuidora modificó su posición inicial de negar responsabilidad en la explosión del 6 de agosto de 2013 que dejó 22 muertos, más de 60 heridos y cuantiosos daños materiales.
Desde aquel entonces la compañía de seguros intentó contactarse con los 238 damnificados directos de la peor tragedia en la historia de Rosario, censados por la Municipalidad y la provincia en calle Salta entre Balcarce y Oroño.
Según pudo saber este diario de varias fuentes, ya son más de cien los afectados que aceptaron la oferta económica que les hizo la distribuidora de gas.
Más aún: el viernes pasado, durante el encuentro que los familiares de las víctimas de la tragedia mantuvieron con el gobernador Antonio Bonfatti en la delegación local de la Gobernación, se mencionó que el número de damnificados que había acordado con Litoral Gas era 119, la mitad de los censados.
Para rubricar el acuerdo, los damnificados tuvieron que desistir del reclamo penal y de una posible demanda civil.
La causa penal en los Tribunales locales dio hace dos semanas un paso clave cuando la Cámara Penal rechazó las apelaciones planteadas por parte de los once procesados por la tragedia.
Esta decisión los dejó cerca a un juicio donde serán acusados del delito de "estrago culposo agravado" por las 22 muertes.
Los procesados que quedaron comprometidos en la causa son el gasista que manipuló el regulador el fatídico 6 de agosto del año pasado, Carlos García, su ayudante, Pablo Miño y otro gasista, José Allala, quien trabajó antes del hecho.
También la Justicia encontró pruebas para determinar que fallaron los controles sobre la red de gas del condominio de tres torres, acusación que recayó sobre Litoral Gas en las personas de los inspectores reclamistas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica, Viviana Leegstra.
Por reclamos previos de los vecinos respecto de fallas en la red de gas preexistentes al accidente también fueron procesados los encargados de administrar el inmueble: Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
La oferta. De acuerdo a la información brindada por distintos protagonistas de los encuentros, la concesionaria ofertó pagar alrededor de 1.200 dólares el metro cuadrado colapsado tras la explosión, además de otros conceptos. En particular el denominado valor vida, en caso de fallecimiento.
"En realidad no hubo negociación ni regateo, se trato de llevar adelante el proceso de la manera más profesional posible, con mucha contención teniendo en cuenta que todo está atravesado por el dolor que implica la pérdida irreparable de un ser querido o de bienes materiales", relataron testigos. En ese sentido, apuntaron que los montos ofrecidos "fueron valores de mercado basados en las tasaciones que hicieron reconocidos corredores inmobiliarios de la región y también la jurisprudencia que existe en causas por demandas similares". A la oferta de Litoral Gas, se debe sumar el aporte que tuvo que efectuar la aseguradora del consorcio del edificio.
Aportes iniciales
Días después de la tragedia, provincia y municipio otorgaron a los 238 residentes de la cuadra donde ocurrió la explosión $20.000 para que puedan afrontar algún alquiler mientras el Estado se encargó de reparar la zona. Y los 63 propietarios del edificio siniestrado y las casas linderas recibieron otros $50.000 para la compra de inmuebles.
