El majestuoso río Paraná es de los mayores atractivos de la ciudad, pero los pescadores que trabajan en su seno desembarcan en lugares precarios y carecen de espacios formales de venta directa al público. Por eso reclaman que en algún punto de los 17 kilómetros de la costa rosarina se instale un puerto fiscalizador de pesca capaz de ordenar el sector -contemplando desde la seguridad alimentaria a la protección de la fauna ictícola-, así como un predio accesible para los interesados en adquirir sus productos frescos. Este año el debate llegó al Concejo Municipal en la voz de los pescadores y por iniciativa de distintos ediles que exploran las ventajas de regular y potenciar la actividad, la cual se desarrolla artesanalmente en base a un recurso (agotable) de exportación.
Osvaldo Lovato tiene 65 años y 55 en este tradicional oficio nómada, en el que se inició de niño junto a miembros de su familia, como la mayoría de los 421 pescadores registrados en el padrón provincial desde Puerto General San Martín a Villa Gobernador Gálvez. Lovato preside la cooperativa Siglo XX, ubicada a partir de la intendencia de Horacio Usandizaga en Nansen 130, en un margen del arroyo Ludueña. “Desde que vino la democracia no hay un ordenamiento para que el sector funcione correctamente. Hacen falta un puerto fiscalizador (controla la actividad en el territorio y cobra una tasa, destinada en parte a los pescadores en caso de veda o emergencias) y un puerto para desembarcar los productos y comercializarlos, como en Mar del Plata”, resume ante La Capital, y detalla: “Hoy en Rosario no se fiscaliza el pescado. Si hubiera controles se revisaría que el ejemplar esté en buenas condiciones, si corresponde su extracción o el tema de las embarcaciones”.
Pesca sin control
En otras localidades sí existen estas reparticiones reguladoras establecidas por la ley provincial N°11.314 de 1995; de hecho, tres meses atrás se inauguró la de Villa Gobernador Gálvez. En cambio, a lo largo de la costa rosarina no hay puntos fijos ni espacios óptimos para los pescadores de ribera, que viven mayormente en el barrio Remanso Valerio de Granadero Baigorria, en La Florida y El Mangrullo -donde desemboca el arroyo Saladillo- o en las islas entrerrianas. “Algunos grupos bajan su pesca en lugares móviles, reducidos, precarios. No están instalados, los corren. Por eso es necesario un puerto de cien metros mínimo: la gente sabría adónde dirigirse a comprar el pescado fresco”, describe Lovato.
“Es una atracción turística que Rosario no ve. Los beneficiarios no serían solo los pescadores sino los consumidores, por la baja de los precios y el desarrollo del mercado interno”, añade. Desde hace 25 años, la mayoría de la producción se la llevan pescaderías grandes, restaurantes y frigoríficos, que a su vez en gran parte exportan. Los trabajadores artesanales del río son el eslabón más vulnerable de esta cadena productiva.
Demandas del sector pesquero
La cooperativa Siglo XX -punto de referencia, comunicación y comercialización para los pescadores locales- se acercó el Concejo Municipal en agosto para pedir que se liberara el área de descarga que había sido ocupada con pretiles a causa de obras relacionadas con el
Parque Náutico Recreativo Ludueña, ya que además los clientes no podían estacionar. La solicitud se aprobó en la última sesión.
Por otra parte, en octubre se presentó en la Comisión de Producción y Promoción del Empleo -presidida por la justicialista Norma López- el pescador Edgardo Orellano para insistir en un proyecto que impulsó la asociación civil de la cual es titular. Aprobada en 2020, la iniciativa crea un paseo de pescadores y puerto de fiscalización en la zona norte. Se realizó asimismo una reunión con la multisectorial por el arroyo Ludueña y referentes de la cooperativa de calle Nansen. También en la Comisión fue recibida la Federación nacional de trabajadores de la pesca, entre otras entidades gremiales.
El mes pasado se celebró una audiencia con el especialista Rodolfo Morel, quien había elevado una propuesta de instalación de puertos fiscalizadores de pescadores artesanales y acopiadores de peces. “El Estado es responsable de aplicar políticas que protejan los recursos naturales de nuestro río y al trabajador pesquero, que se encuentra en forma irregular”, indicó entonces Morel, agente retirado de la Prefectura Naval.
Respuestas desde las bancas
“Es un colectivo social dejado de lado, que puede ser autosuficiente, no necesita que le den subsidios”, define al grupo de pescadores artesanales el concejal Hernán Calatayud, del bloque Volver a Rosario, en diálogo con La Capital. “Solo necesita un puerto fiscalizador donde se controle la pesca, como ocurre en otras ciudades de la provincia, por ejemplo en Coronda o Reconquista, y en Victoria (Entre Ríos). Y un mercado donde vender, porque el comercio también es informal”, ilustra el edil, que se reconoce “comprometido” en el tema al punto que fue a dialogar con las autoridades del Enapro para que el puerto fiscalizador se instale en alguna porción de la extensa zona que ocupa el ente. No obstante, proyecta también otra ubicación de menor envergadura en el extremo norte de la ciudad.
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Hoy los pescadores amarran donde pueden, admite Calatayud. “Hablan con una chata que está refrigerada y les levanta la pesca”, sintetiza y destaca que El Mangrullo, en el Saladillo Sur, “es un lugar por excelencia para pensar este tema: los pescadores estaban ahí antes de que existiera Rosario”. El demoprogresista suma a la compleja discusión la perspectiva histórica.
“Al río lo hemos mirado desde lo urbano, lo náutico, desde la hidrovía, y esta actividad fue quedando poco ordenada y promovida. Pero Rosario debe tener una mirada hacia ella, también cultural, porque somos del litoral”, afirma por su parte la concejala socialista Alicia Pino, autora de un proyecto que estudia la Comisión de Cultura para habilitar una feria gastronómica durante la Semana Santa y otros feriados largos.
La idea de Pino es que la feria funcione en la explanada del viejo ingreso al balneario La Florida, en cercanías del barrio Los Pescadores y a metros de la Rambla Catalunya. Un área que, a diferencia de El Mangrullo, es más transitada por el conjunto de los rosarinos.
En las barrancas habitan desde hace unos 125 años generaciones de trabajadores del río que llegaron corridos por las inundaciones desde el delta entrerriano. Según el proyecto, en la actualidad unas 40 familias se dedican a la pesca artesanal de especies como el sábalo, la boga, el dorado, el pacú y las rayas, lo que incluye la confección y el ajuste de las redes. En otras palabras, unos en “la orilla brava del agua turbia” y otros en “la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad”, como dice el chamamé.
Más controles para proteger la biodiversidad
El pedido de un puerto fiscalizador en la costa rosarina está en sintonía con la apuesta del gobierno de la provincia contra la pesca ilegal y a favor de intensificar los controles para proteger la biodiversidad en el río Paraná. En rigor, hace un mes se conformó una nueva institución a los fines de fiscalizar la pesca en la cuenca junto a otras jurisdicciones como Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones: el Comité de Manejo de las Pesquerías de la Región Litoral (Comapel). Es la primera vez que se buscan acuerdos interprovinciales para la preservación del recurso ictícola.
Por lo pronto, días atrás se realizaron controles y decomisos contra la pesca ilegal a través de la Dirección de Manejo Sustentable de Recursos Pesqueros del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. En ese sentido, el ministro Enrique Estévez aseguró: “La preservación de nuestros recursos pesqueros es una tarea prioritaria. Los controles y sanciones buscan no solo proteger nuestras especies, sino también promover una pesca responsable y sustentable, en beneficio de las generaciones futuras”.
