Ante el desborde en una "previa", una jueza de Menores interpeló a los adultos

Un desborde en el festejo adolescente que ya es clásico en Rosario, el del "último primer día de clases", dio pie a la jueza de menores, Gabriela Sansó, para sacar una resolución que interpela a los adultos (escuelas, padres, Estado) y los llama a involucrarse en el diseño de un plan para terminar con los disturbios y desmanes.

La causa se inició tras el arresto de un chico que en marzo ingresaba a 5º año de un colegio privado y salió a celebrarlo. El y sus amigos no se privaron de nada: primero alquilaron un bar en el que pasaron la noche tomando alcohol que llevaban en sus mochilas, y luego de que el dueño del local los echara por generar disturbios, se mudaron a la calle, donde tiraron bombas de estruendo y pintaron paredes.

De allí la policía se llevó detenido al adolescente, que al ser menor no fue punible por el delito de daño. La jueza, entonces, se ocupó de los adultos y los exhortó a responsabilizarse: recordó, por ejemplo, que quienes alquilaron el bar y le dieron plata al chico para comprar alcohol, pintura y pirotecnia fueron sus padres.

La resolución corresponde a la jueza de menores Nº 2, quien tras declarar no punible al chico, quiso dejar en claro dónde recaen las responsabilidades.

El hecho ocurrió el 7 de marzo. Esa mañana la policía llegó a Oroño y Rioja alertada de que un grupo de jóvenes estaba protagonizando disturbios. Momentos antes, por ejemplo, habían realizado pintadas y tirado bombas de estruendo en el colegio Maristas y frente a la estación de servicios Shell de Oroño y Córdoba y el sanatorio Parque.

Raras costumbres. En Oroño y Urquiza los agentes dieron con un chico que en su mochila llevaba cinco bombas de estruendo y un aerosol de pintura. Por eso quedó detenido.

Dos días después, al declarar en sede judicial, el joven (alumno del Sagrado Corazón) dijo que "el modo de festejar de todos los años desde hace mucho" es juntarse en un salón la noche previa al primer día de clases, esperar la madrugada y desde allí ir al colegio. También, tirar "bombas en forma de festejo".

En los días siguientes comparecieron ante el juzgado representantes de los colegios Maristas (blanco de las pintadas y las bombas) y Sagrado Corazón. A los primeros se les informó que el chico había ofrecido reparar los daños. Los segundos, por su parte, mostraron profusa documentación que acreditaba haber convocado a una reunión de padres y alumnos de 5º año para prevenir desmanes.

El representante legal del Sagrado confió que hubo encuentros previos con otros colegios privados para evitar situaciones gravosas que se habían producido años anteriores, como peleas, ingesta alcohólica, rotura de puertas, vidrios y vitrales, uso de pirotecnia, lesiones y todo tipo de daños.

También demostró haber buscado soporte en el Ministerio de Educación para trabajar institucionalmente sobre "la previa" y hasta haber convocado al juez Otto Crippa García para hablar del tema con la comunidad educativa.

Alquiler de $ 3.500. También compareció ante la Justicia el dueño del bar donde los chicos pasaron la noche. Increíblemente, contó que en febrero un grupo se acercó al salón para ver si podrían alquilarlo para "la previa" y después un padre (sin aportar más datos) pagó 3.500 pesos por ese servicio.

El relato del hombre fue elocuente: dijo que los chicos (no 30, como le habían prometido, sino 60) llegaron con bebidas alcohólicas en sus mochilas. Algunos incluso "ebrios". Contó que ante su rechazo y el de su esposa, los pibes les decían que ellos habían alquilado el salón y que "por eso les correspondía hacer lo que querían".

Recordó que "se golpeaban entre ellos, se subían a las mesas y apagaban luces". Pero su paciencia se agotó cuando uno cacheteó a su mujer al tratar de que no apagaran más las luces. Entonces los echó.

Y luego se produjo la saga que terminó con el arresto del chico que portaba la pintura y las bombas.

Meses después, padres y alumnos de 5º del Sagrado pidieron formalmente disculpas a Maristas y se hicieron cargo de reparar los daños por 9.860 pesos.

Hasta allí pudieron llegar las cosas, pero la jueza decidió avanzar un poco más. Así, fue analizando cada una de las conductas: dentro y fuera del bar, respecto de la venta de alcohol y pirotecnia a menores. En términos penales, el chico fue declarado no punible.

"Sin embargo —escribió—, más allá de este caso particular, que quedaría concluido en la declaración de no punibilidad y reparación del daño causado, surgen otras cuestiones que tienen que ver con la salud, la seguridad física de las personas y de las cosas, con interés también para la comunidad".

Responsabilidades. La magistrada apuntó a las responsabilidades adultas. Las del colegio, la del Estado y la de los padres.

Sobre la familia recayeron observaciones por la responsabilidad parental. "No obstante estar en conocimiento de la modalidad festiva, su alcance y habituales consecuencias, un padre se ocupó de contratar el lugar", dijo, y "son los padres quienes les habrían dado el dinero a sus hijos para los gastos (se supone que con lo que se habría comprado alcohol, pintura y bombas de estruendo) y también el permiso para que vayan a la previa, solos, sin la supervisión de ningún adulto responsable del grupo", señaló la jueza. Y sugirió que a los padres que no supervisan lo que hacen sus hijos en instancias como "las previas", podría caberles "un supuesto de participación primaria o secundaria (con dolo directo o eventual)".

Al Estado le pidió como punto de partida "reconocer la realidad" para llegar a "instancias institucionales que contribuyan a una definición y solución del problema, siendo necesario mecanismos de diálogo entre todos los actores involucrados" para encauzar ese "tipo de festejos masificados y en la vía pública".

Sobre todo, señaló Sansó, porque ponen en "riesgo la integridad física" de los adolescentes y de terceros (por ejemplo, ante la pirotecnia manipulada cerca de la estación de servicios).

En su resolución, la jueza dio intervención a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia: pidió un abordaje "interministerial" e "interdisciplinario" para que "a través del diálogo y el consenso" se llegue a "un plan concreto" ante la problemática de los festejos estudiantiles, "con minimización de riesgos y daños, en un marco de paz y convivencia social".