El ex agente de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura Raúl Campilongo, sospechado de haber sido quien asesinó de dos balazos al diputado del PDP Mario Armas el 8 de febrero de 1986, deberá prestar declaración informativa esta semana. Pero la novedad más fuerte en la causa, revivida este año por el Juzgado de Instrucción Nº 11 a partir de testimonios que apuntan contra el ex espía, pasa por el allanamiento a su casa en Fisherton, medida que la Justicia concretó el martes pasado y gracias a la cual se secuestraron dos maletines con documentación de la época del homicidio. Según trascendió, Campilongo y su familia no opusieron ninguna resistencia al operativo.
El expediente por la misteriosa muerte del diputado Armas —tramitado primero por el juez Ernesto Pangia, luego por Carlos Alberto Triglia y ahora por Delia Paleari— siguió un derrotero curioso. Inicialmente se barajaron varias hipótesis sobre el móvil del asesinato, pero ninguno cuajó.
Se investigaron cuestiones ligadas a su actividad como abogado en el estudio que compartía con su hijo Mario Lisandro, a su rol como legislador e incluso a su vida privada. También se analizó la posibilidad de un intento de robo. Ninguna resultó en ese momento la punta del ovillo que permitiera esclarecer el crimen.
La familia tramitó como pudo ese dolor y con los años la investigación fue paralizándose por falta de pistas. Aun así, nunca se cerró. Y en enero último, una charla entre Mario Armas hijo y el diputado Carlos Del Frade funcionó como la chispa para que la causa se reactivara.
Según Armas, el diputado del Frente Social y Popular le dijo que otro abogado del fuero local, Fernando Mellado, había escuchado a Campilongo decir públicamente que él había sido el matador del legislador del PDP.
Como esa versión parecía un secreto a voces que no sólo Mellado había oído, apenas culminó la feria judicial Armas hijo pidió que la causa se reactivara. Y la jueza estuvo de acuerdo.
Así fue como comenzaron a desfilar por el juzgado varios testigos. Además de los propios Del Frade y Mellado, también declararon un ex gremialista aceitero y dirigente justicialista, Luis Ghezzi, quien confirmó que eso era lo que se decía sin rodeos en el ambiente político de entonces, e incluso otro abogado que declaró haber recibido varios tiros de Campilongo, Jorge Majul.
La sospecha es que Campilongo, que luego de la dictadura pasó a trabajar junto al abogado Héctor Cerrutti (apodado El Padrino por sus manejos non sanctos en el mundo la política, los gremios y el Poder Judicial, muy allegado al entonces gobernador José María Vernet) pudo haber recibido el encargo de sacar a Armas del medio.
No por casualidad, sino porque el diputado —un hombre reconocido como probo, íntegro, insobornable, respetado por sus pares en la Legislatura— integraba nada menos que las comisiones de Acuerdo de Magistrados y Asuntos Constitucionales.
Campilongo, además, fue referido por el condenado por delitos de lesa humanidad Eduardo "Tucu" Costanzo como integrante del grupo de tareas que en 1983 secuestró y luego asesinó a los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Pese a ello, en esa causa fue beneficiado con un falta de mérito.
Documentos a peritaje
Ahora la Justicia vuelve a posar su mirada sobre el ex espía. Y aunque no está formalmente imputado por el homicidio de Armas, el allanamiento a su casa el martes pasado, donde se secuestraron dos viejos maletines con documentación de la época que ahora será peritada, sugiere por dónde avanza la búsqueda de la verdad.
De acuerdo a los testimonios y conjeturas de la propia familia, la hipótesis que más cuadra es la de un crimen político, perpetrado en el marco de la oscura trama en la que confluían el justicialismo en el gobierno de la época y activos resabios de la dictadura.
Según confirmó ayer Armas hijo, Campilongo fue citado nuevamente a declarar el jueves próximo. Una semana después del día en que se excusó para hacerlo.
