El gobierno provincial impulsó una ley para regular a las empresas de monitoreo, tras detectar un alto costo en recursos policiales y una mínima tasa de intervenciones efectivas
Alarmas privadas ponen jaque al 911 en Rosario
El funcionamiento del sistema de emergencias 911 volvió a quedar en el centro del debate en Rosario tras conocerse el impacto que generan las alarmas privadas en la operatoria diaria del servicio. Solo entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, se contabilizaron 103.910 llamados provenientes de empresas de monitoreo, de los cuales apenas 358 tuvieron una novedad confirmada.
Desde el gobierno de Santa Fe advierten que este volumen de avisos fallidos afecta de manera directa la capacidad de respuesta ante emergencias reales y explican que ese diagnóstico es el que impulsa un proyecto de ley para regular el sector de alarmas privadas, con el objetivo de proteger los recursos públicos y ordenar el sistema.
Los datos oficiales muestran que menos del 0,35% de los llamados derivados de alarmas privadas terminó en una intervención efectiva. Cada aviso, incluso cuando luego se comprueba que no hay delito ni emergencia, implica al menos 20 minutos de trabajo y la asignación de dos efectivos policiales.
Según estimaciones del Ejecutivo, esta dinámica representó en menos de un año un costo superior a los 500 millones de pesos, con la participación de más de 200.000 efectivos, 34.637 horas de patrullaje, equivalentes a casi cuatro años de móviles en la calle, y 69.273 horas de trabajo policial destinadas mayormente a eventos que no derivaron en ninguna constatación.
“Las alarmas fallidas de las empresas de monitoreo ocupan móviles que podrían estar atendiendo urgencias reales. El 911 no puede convertirse en una extensión automática de servicios privados que trasladan su carga al Estado”, explicó Pablo Polito, director de Atención de la Emergencia 911.
Desde el Ejecutivo provincial aclaran que la iniciativa no busca desalentar la actividad privada, sino fijar reglas clarasy exigir responsabilidades. “Hay muchas empresas que cumplen con la normativa y deben competir con otras que no tienen los papeles en regla y funcionan como estructuras vacías”, señaló Polito.
En la misma línea, la subsecretaria de Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, cuestionó el esquema actual: “Hoy alguien con un teléfono desde su oficina contrata a un técnico, instala alarmas y ante cualquier aviso llama al 911. Con mínimos recursos propios se monta una supuesta empresa que utiliza herramientas pagadas por todos los santafesinos”.
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“Estamos protegiendo a quienes cumplen con la ley y queremos reducir el gasto que representan las llamadas fallidas”, agregó.
Desde el área de Seguridad remarcan que el problema no es abstracto. Cada aviso injustificado implica policías que no están patrullando, móviles y equipamiento que se desgastan, combustible que se consume y fondos públicos que se diluyen en intervenciones sin resultado.
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Si bien reconocen que algunas situaciones que inicialmente no se verifican pueden luego resultar efectivas, sostienen que una parte significativa de los llamados responde a fallas técnicas, errores de sistema o contingencias domésticas, y no a intentos de robo u otros delitos.
La normativa apunta a ordenar el uso del sistema de emergencias, regular a las empresas de monitoreo, desalentar prácticas irregulares y priorizar la atención de emergencias reales. Desde el gobierno provincial concluyen que se trata de una condición necesaria para cuidar los recursos públicos, respetar el trabajo policial y garantizar respuestas rápidas cuando la urgencia es verdadera.
El sistema cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En ese período se recibieron 9.231 llamadas en total
Por Fermín Sánchez Duque
Por Carina Bazzoni