El escándalo por la denuncia de abuso sexual a una nena de 12 años ocurrido dentro de un hogar de tránsito de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia entre 2015 y 2016 que salpica a un celador, imputado y detenido, motivó la apertura de una causa penal que podría involucrar a otros funcionarios del área. Quedaron bajo la lupa por incumplimiento de sus deberes al no denunciar el caso oportunamente, cuando la víctima lo notificó en noviembre de 2020. Desde la oficina local de Niñez admitieron que esa irregularidad rozaría a un empleado de la actual gestión.
El fiscal Ramiro González Raggio imputó el sábado pasado a Daniel Augusto A.C el abuso sexual de una nena que estaba bajo su custodia como acompañante terapéutico entre 2015 y 2016, cuando la víctima tenía entre 12 y 13 años y vivía por una medida excepcional dentro del hogar de tránsito conocido como el Instituto de Educación Musical (San Juan al 700), un espacio que por continuas denuncias fue cerrado en 2020 por la actual gestión de Niñez.
En ese trámite judicial, donde el juez Gonzalo López Quintana resolvió que el imputado quedara en prisión preventiva sospechado de haber cometido el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, las evidencias que ponderó sacaron a la luz un encadenamiento de omisiones en relación al abordaje oportuno de la víctima. Esa persona no trabaja más en el organismo.
Es que según se desprende de las evidencias, relatos, declaraciones e informes, la víctima, hoy de 18 años, narró en noviembre de 2020 los ataques sexuales a una empleada de la Subsecretaría de Niñez en el misma sede local del organismo (Ricardone y Corrientes). Ese día, la joven identificó y visualizó a su ofensor mientras trabajaba como empleado de la repartición y se lo comunicó verbalmente a una asistente de Alejandra Fedele, la subdirectora de Niñez de Rosario.
Nadie denunció
Tras el escándalo, Fedele deslizó ayer en declaraciones radiales que al menos una persona, que ya no trabaja en el organismo, sería una de los empleados que deberán brindar explicaciones por la omisión de elevar informes a las autoridades competentes para que lógicamente se activara una presentación ante el Ministerio Público Fiscal (MPA). Pero no era la única que estaba al tanto de esa gravísima situación.
Ya en 2018, cuando Niñez estaba bajo otra conducción, una acompañante terapéutica de la víctima que suplió al acusado en esa función, escuchó de su boca que había sido objeto de agresiones sexuales cuando residía en el Instituto de Educación Musical. Esa auxiliar lo trasladó a los equipos técnicos del momento, pero nunca activó una investigación.
Los hechos recién llegaron a conocimiento de la Fiscalía el 14 de abril pasado, tras una presentación de Fedele y la directora Provincial de Promoción de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Virgilio.
El caso atraviesa a dos gestiones, la anterior bajo el gobierno socialista, y en parte también a la actual desde que asumió el gobernador Omar Perotti, a quien el juez Gonzalo López Quintana ordenó notificar de la causa. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social, en cuya órbita está Niñez, ya inició sumarios administrativos que se mantienen en estricta reserva
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La investigación del abuso sigue en manos del fiscal González Raggio, quien, entre otras medidas, solicitó al juez que autorice el testimonio en Cámara Gesell de la víctima, trámite que se espera para los próximos días y resultaría fundamental. Pero además, desdobló las actuaciones en relación al posible mal desempeño de los funcionarios de Niñez.
Cadena de responsabilidades
Desde el MPA confirmaron que hay otra fiscal evaluando ese grave costado del caso. “Se abrió una investigación por omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se está analizando qué unidad fiscal la tramitará. La denuncia está dirigida hacia el personal de la Secretaría de Niñez. Se evaluarán las posibles responsabilidades de dicho personal”, aseguraron voceros consultados por este diario.
La fiscal regional interina, María Eugenia Iribarren, giró el legajo a la fiscal de grado Mariángeles Lagar, de la Unidad de Investigación y Juicio II. La funcionaria estaba abocada a verificar los elementos de la investigación, y luego decidirá si sigue con la pesquisa o se reasigna a otro fiscal.
