El principal centro de alojamiento de menores de edad en conflicto con la ley penal de la ciudad cambió de nombre pero sus trabajadores mantienen los mismos reclamos que en los últimos años. En el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), como se llama desde junio de 2019 el ex IRAR, hay 47 chicos privados de la libertad. Según comunicaron los trabajadores de la institución ese número indica superpoblación y a ese problema se le suman otros, entre ellos el maltrato policial.
"Las condiciones de alojamiento revisten la gravedad de superpoblación y pésimas condiciones de habitabilidad exponiendo a riesgos la integridad psicofísica de los jóvenes", indicaron los trabajadores nucleados en ATE Rosario, que además sugirieron un máximo de 35 jóvenes como límite para el alojamiento. En ese sentido explicaron que en el Cerpj hay dos sectores inhabilitados que se están utilizando para grupos de chicos que conviven en ellos. Detallaron que no tienen cerramientos en las ventanas, que los desagües están tapados y en los días de lluvia se inundan y suelen aparecer ratas.
Para los trabajadores de Cerpj esta situación no significa solo una irregularidad en cuanto a las condiciones edilicias, sino que impactan también en el desarrollo de los jóvenes que transitan por la institución. Por eso hablan de que estos sectores, como llaman a lo que en las cárceles de mayores son los pabellones, "no cuentan con los elementos mínimos que permitan algún grado de autonomía para los jóvenes allí alojados".
El Cerpj ha atravesado históricamente el desafío de no ser solo una cárcel de menores. En la institución los jóvenes conviven con el Servicio Penitenciario pero también con acompañantes y gestores que organizan un plan socioeducativo. Sobre este punto remarcaron antiguas demandas como la ausencia de una conexión a internet que posibilite el desarrollo de actividades. "La falta de una política concreta con responsables y presupuesto dificulta el acceso de los jóvenes a los derechos educativos y culturales", expresaron.
A esa situación se le sumó en el último año la preocupación por el contexto de pandemia. En ese marco los trabajadores denunciaron: "La institución no cuenta ni dispuso un espacio para alojar a jóvenes que estén transitando la enfermedad o sea un caso sospechoso y se necesite su aislamiento".
Maltrato policial
"Como venimos denunciando los trabajadores desde hace casi 10 años, muchos de los jóvenes que ingresan al Cerpj lo hacen siendo víctimas del delito de tortura policial", indicaron. Estos casos suelen ser frecuentes cuando los chicos, antes de ser alojados en la institución, transitan por comisarías o incluso son agredidos en el mismo traslado o en el momento de la detención.
"A pesar del inicio de denuncias penales en todo este tiempo ningún agente fue procesado y mucho menos condenado", explicaron los trabajadores. Esa situación podría responder a una irregularidad que describieron así: "Cotidianamente los médicos forenses pertenecientes a la policía fraguan los partes médicos indicando la ausencia de las lesiones causadas por las torturas".
Ya dentro del Cerpj surge el contraste entre lo que dice el informe forense y lo que en ocasiones muestran los cuerpos de los jóvenes, que son las marcas de las agresiones. Entonces el servicio médico de la institución labra su propio informe que suele no coincidir con el forense policial. Lo que sostuvieron los trabajadores es que esa diferencia implica de por sí otro problema: "Se producen incumplimientos de los procedimientos institucionales en cuanto a la admisión de jóvenes, rechazando la misma, por discrepancia entre la evaluación del área de salud del CERPJ y el medico policial, dejando nuevamente al joven en manos de la policía".
