El pasado 3 de febrero se cumplieron doce meses desde que las llamas dejaron al edificio de Laprida 972 en ruinas y se llevaron la vida de dos personas. Transcurrido un año, el inmueble sigue vacío y rodeado de un velo fantasmagórico. Los vecinos aún no pudieron regresar a vivir a sus departamentos, porque la construcción, que tiene unos 50 años, es recuperable pero con una inversión millonaria. Tampoco se encontró al autor intencional del siniestro, a pesar de haber sido registrado por una cámara de seguridad.
La vuelta es aún imposible porque el lugar no está en condiciones para ser habilitado por la Municipalidad. Tampoco cuenta con servicios, y ciertas zonas de los seis pisos y dos torres que albergan 30 departamentos permanecen destruidas. Paredes rajadas, pisos hundidos y un hollín negro que lo tapiza todo son las huellas indelebles del fuego y el humo que invadieron el lugar aquella fatídica madrugada. Hoy todo permanece igual que hace un año, pero recubierto de polvo.
Luego del siniestro, todo el edificio (incluso los sectores menos dañados) se quedó sin servicios y debió ser evacuado. El Estado municipal se hizo cargo durante el primer mes del apuntalamiento y de las obras estructurales necesarias para mantener la construcción en pie, en especial la torre posterior que fue la más afectada. También ayudó en un principio con la custodia del lugar, que ahora pagan los vecinos.
A partir de allí, los propietarios dicen que cada uno se arregló como pudo. Quienes tuvieron la posibilidad, se fueron a vivir a casas de familiares, la mayoría optó por alquilar y sólo dos ancianos que cobran una jubilación mínima y no cuentan con parientes directos fueron alojados en un hotel que pagan con ayuda de la Municipalidad. "Los que alquilamos debimos lidiar con un doble pago de impuestos y servicios durante un tiempo, hasta que luego de arduos trámites y alguna ayuda estatal, logramos darles de baja o ser eximidos", cuenta Juan Cece, un comerciante jubilado de 72 años que habitaba el 6º "E" y peregrinó por todas las dependencias realizando el papeleo. Por ejemplo, hasta junio del año pasado, cuando hicieron el reclamo, les seguían llegando por error boletas de la EPE por hasta 600 pesos en un edificio que tiene el servicio eléctrico cortado. Además, aún destinan entre mil y 3 mil pesos promedio cada uno a un fondo para pagar la seguridad privada y videovigilancia, la desratización y control de plagas, y gastos jurídicos, entre otros ítems.
Otra vida
"Nosotros tuvimos la suerte de que nos prestaron un departamento muy pequeño, pero nuestra vida nunca volvió a ser la misma", dice Jorge Massarelli, un médico de 60 años que vivía en el 3º "A" con su esposa Gabriela Herbel, pediatra de 53, y su hijo adolescente. La incertidumbre de no saber cuándo van a volver no les permite hacer planes paralelos. "Nos hemos tenido que adaptar a circunstancias que no elegimos. Perdimos el departamento y dos autos. Hoy nuestra vida está en pausa. No podemos tomarnos vacaciones, no invertimos, y compramos sólo lo suficiente. Vivimos provisoriamente", lamenta la mujer. "La estamos pasando muy mal. Yo tenía la vida organizada, vivía hace 25 años en mi departamento, había solucionado todo y de repente me quedé sin nada", completa Juan.
Mientras tanto, los moradores se organizaron para costear la reconstrucción, que deben abonar cada uno de su bolsillo porque al parecer la administradora del consorcio no pagaba el seguro de incendio que figuraba en las expensas, lo que disparó una demanda civil. La obra para hacer el lugar rehabitable cotiza, de mínima, en unos 10 millones de pesos, porque seguramente surjan imprevistos durante la obra que requieran más dinero. El Banco Municipal lanzó una línea blanda de créditos para los habitantes del edificio, pero en un edificio cuyos propietarios son en gran parte gente mayor, con muchos trabajadores pasivos, no todos pueden costear el pago de un alquiler, los gastos comunes y un crédito simultáneamente. "El Estado nos ayudó, es cierto... pero hasta ahí", afirma Jorge. "Se podrían haber hecho cargo de más, porque lo que nos pasó a nosotros fue un hecho de inseguridad. No fue un accidente, un loco prendió fuego nuestras casas", secunda Silvia D' Elia, que es pensionada y viuda con 57 años.
El jueves los propietarios se reunieron, luego de casi 6 meses sin verse, en una asamblea para decidir los pasos a seguir. De los 31 dueños (30 departamentos y un local de la planta baja) estuvieron presentes unos 20, los más activos. Los vecinos cuentan que las situaciones económicas son disímiles, que por momentos se sienten empantanados y que eso desmoraliza a varios. Algunos enfermaron, quizás por la angustia y el desarraigo. Otros necesitaron tratamiento psiquiátrico. El tiempo pasa y los costos de la construcción aumentan. Además, no todos están en condiciones de hacer frente a semejante gasto, que oscila, según el tamaño del departamento, entre 200 y 500 mil pesos por familia. Unos quieren arreglar lo mínimo indispensable para volver a habitarlo. Otros quieren dejarlo en buenas condiciones para vender su propiedad. Eso despierta algunas discusiones. "Nos peleamos entre damnificados, eso nos revictimiza", dice con tristeza Jorge. Lo cierto es que recién una vez que junten gran parte de ese dinero podrán comenzar la reconstrucción, lo que podría tomar hasta un año. Una larga espera.
