Las indagatorias a los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete miembros del entorno del fallecido Diego Maradona, quienes están acusados de haber manipulado psicológicamente y a través del suministro de alcohol, fármacos y drogas al astro del fútbol para apropiarse de sus bienes y sus marcas, quedaron suspendidas a la espera de una definición en cuanto al fuero en el que continuará tramitando la causa, que podría pasar al ámbito federal, informaron hoy fuentes judiciales.
Si bien estaba previsto que en el marco de este expediente la fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, iniciara este martes con Morla la ronda de indagatorias, todas las declaraciones quedaron suspendidas luego de que el juez de Garantías 3 de ese departamento judicial, Pablo Raele, se declarara incompetente, ante un pedido de la Justicia Federal.
Es que fue el juez federal porteño Ariel Lijo, quien reclamó que tanto éste como otros expedientes vinculados a los bienes, las marcas y el patrimonio de Maradona se unifiquen en su juzgado, y el juez platense aceptó el planteo de inhibitoria.
El cambio de fuero es rechazado por las querellas que representan a Dalma, Gianinna y Diego Fernando Maradona, tres de los hijos herederos del exfutbolista y ex DT, que impulsaban este expediente en la justicia platense, con el fundamento de que los hechos sucedieron cuando el “10” vivía en el contry Campos de Roca de la localidad de Brandsen.
Fuentes ligadas a la querella de Dalma y Gianinna anticiparon que sus abogados, Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, ante la inhibición del juez Raele, presentarán una apelación ante la Cámara de La Plata, para que revea esa decisión y con el objetivo de que el expediente permanezca en el ámbito de la justicia de la capital bonaerense.
Además de Morla y Stinfale -ambos ex apoderados y letrados de Maradona- están imputados en esta causa Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y asistente personal de Maradona), Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando “Charly” Ibáñez (asistente personal de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).
Todos iban a ser indagados por los delitos de “asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces”.
Al describir la imputación en su llamado a indagatoria, la fiscal Corfield señaló que “desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año”, todos esos acusados “redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona”.
Afirmó que todos ellos le restringieron a Maradona “el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios, con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura”.
La fiscal acusó a Morla y Stinfale de ser los “organizadores del plan”, de poner alrededor de Maradona a “personas que respondían a sus intereses”, de haberle suministrado al exjugador drogas, alcohol y fármacos “para mantenerlo en estado de confusión mental” y, así, entre otras maniobras, haberle hecho firmar un contrato con cesión de la explotación económica de sus derechos de imagen a la firma Sattvica, conformada por el propio apoderado de la víctima y por su cuñado Pomargo.
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