La niña de 11 años que estaba embarazada tras ser violada por su padrastro en San Juan fue sometida ayer a un aborto mediante una intervención quirúrgica que interrumpió ese embarazo porque "corría riesgo su vida debido a su edad y además era su derecho después de ser víctima de una violación", indicó ayer la asesora de Menores del gobierno provincial, Patricia Sirera.
"El aborto legal fue realizado en el Hospital Guillermo Rawson" de la capital provincial, informó por su parte el Ministerio de Salud Pública sanjuanino y precisó que "la práctica médica fue realizada favorablemente".
Además, indicó que la niña se encontraba internada, "en recuperación y acompañada y contenida por el equipo interdisciplinario de profesionales".
En tanto, en torno a la investigación por el ataque sexual, el juez Benito Ortiz dijo a Télam que el padrastro de la niña "se encuentra detenido imputado de violación" y señaló que la madre era "sometida a estudios mentales para determinar su posible imputabilidad".
El magistrado dijo que "el juzgado ya cuenta con algunas pruebas testimoniales y periciales" y remarcó que "se están tramitando más estudios para tener un panorama más claro" de la situación del entorno familiar donde se produjeron los abusos sexuales. El de la niña de 11 años fue el segundo caso de interrupción legal de un embarazo a una pequeña que se realiza en San Juan, ya que el 26 de agosto de 2018 se había aplicado la ley (ILA) sobre una adolescente de 14 años.
El bebé de la niña operada ayer "tenía 18 semanas de gestación" y, según las autoridades judiciales, ella "está bien, tranquila, ya abrió los ojos" agregó la asesora Sirera.
La funcionaria remarcó que se dispuso la interrupción del embarazo porque "corría riesgo su vida debido a su edad y además era su derecho después de ser víctima de una violación""Es un derecho de la víctima, nosotros escuchamos a la niña que manifestó su deseo de no continuar el embarazo, estaba muy tranquila", dijo Laura Romarión, la otra integrante del equipo de asesores de Menores provincial.
Tanto Sirera como Romarión dijeron que "la evolución de la nena será seguida de cerca por profesionales de la Dirección de la Niñez y Salud Pública", al tiempo que informaron que se suspendió la declaración en Cámara Gesell, que estaba prevista para ayer.
La declaración de la niña, como la de su hermana de cinco años en el Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI), era considerada fundamental para determinar la culpabilidad de los guardadores de la niña: su padrastro acusado de la violación y su madre, que podría ser considerada cómplice.
Respecto de la situación de las hermanas, las asesoras dijeron que "la niña de cinco años está internada en una institución del Estado con contención psicológica" y que su futuro y el de la niña violada "dependerá de cómo determine la Justicia".
En ese sentido, señalaron que si la Justicia encuentra inocente del caso a la madre, "las niñas podrían volver con ella", pero si resulta culpable de complicidad o encubrimiento, "buscaremos algún familiar directo, con lazos sanguíneos, o quedarán en condiciones de ser adoptadas".
Sirera y Romarión revelaron que el padre biológico de las niñas "no se ha presentado a verlas y tampoco lo hizo otro familiar".
El caso se conoció cuando la nena de 11 años se descompuso en el patio de la Escuela Colón, a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de San Juan, y tras ser atendida en un centro asistencial, se determinó que estaba embarazada.
Cuando los médicos del Hospital Guillermo Rawson se disponían a revisar a la niña, empezó a llorar y "no quería que la toquen", recordaron las asesoras al señalar que la pequeña finalmente se quebró y reveló que fue abusada "varias veces" por su padrastro, un hombre de 44 años, que fue detenido de inmediato en su casa de la localidad de Médano de Oro.
Por Nicolás Maggi
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