México: ONU asesora en la búsqueda de desaparecidos

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se comprometió ayer a dar asesoramiento y asistencia técnica a la comisión especial que investiga en México la desaparición de 43 estudiantes, ocurrida hace cuatro años y medio.

El compromiso quedó asentado en un convenio firmado ayer por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, y el canciller de México, Marcelo Ebrard.

"Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano", dijo Bachelet en su intervención. Añadió que, "a la vez, es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia". En declaraciones reproducidas por el diario La Jornada, Bachelet consideró que la desaparición de los 43 estudiantes "es un caso paradigmático" que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el gobierno para atender las violaciones a las garantías fundamentales.

Explicó que el objetivo del convenio es el de "alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala".

Por su parte, el canciller Ebrard subrayó que el caso "es la principal preocupación del gobierno de Andrés López Obrador por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública mexicana".

"Si hablamos de un nuevo régimen, más que en reformas legales y constitucionales estamos pensando en la verdad y la justicia", apuntó.

Según la versión que se mantuvo oficialmente, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales corruptos de Iguala arrestaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Padres y organismos internacionales denunciaron siempre irregularidades en las pesquisas y reclamaron que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal.