Dos de los tres policías bonaerenses detenidos tras el tiroteo con efectivos de la Policía Federal en una estación de servicio del partido de Avellaneda que terminó con un comisario muerto y dos heridos fueron liberados ayer tras prestar declaración indagatoria ante la fiscal Soledad Garibaldi, informaron fuentes judiciales.
Se trata del subcomisario Luis Edgardo Otero y del subayudante Silvio Ricardo Vergara, ambos integrantes del Gabinete Antisecuestros de la DDI Lanús- Avellaneda, quienes llegaron media hora después de hacerse la entrega de dinero controlada por la extorsión.
En tanto, el capitán Eduardo Angel Franicevich, del Gabinete Antidrogas, también declaró ante Garibaldi pero seguirá detenido, ya que está acusado de ser el principal sospechoso de pedir dinero para evitar armar causas por drogas y quien al igual que el comisario abatido Martín Hernán David formaría parte de una banda de policías extorsionadores que denunció una mujer de nacionalidad dominicana.
Por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, visitaron este domingo en el Hospital Churruca a los dos efectivos federales que resultaron herido en ese tiroteo, uno de ellos en terapia intensiva en estado "crítico".
El cabo primero Claudio Andrés De Carlo se encontraba "hemodinámicamente estable, en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica".
El efectivo sufrió una herida de bala en el muslo izquierdo, otra en el submaxilar izquierdo y la restante en el glúteo derecho.
En tanto, el sargento Sergio Arán seguía internado por "herida de arma de fuego a nivel de muslo, con proyectil alojado en cara lateral de glúteo izquierdo" que fue extraído, según se informó en el parte médico correspondiente.
Además, el policía tenía otra herida "a nivel de pierna izquierda (cara lateral) con orificio de entrada y salida sin compromiso óseo" y "actualmente se encuentra hemodinámicamente estable, con buen control del dolor".
En tanto, la Justicia avanza en la investigación sobre nueve policías bonaerenses, entre ellos los tres detenidos.
Los efectivos sospechosos de integrar la red de policías extorsionadores que aparentemente lideraba el comisario abatido, fueron desafectados de la fuerza bonaerense en las últimas horas.
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial resolvió desafectar a nueve policías de la DDI Lanús- Avellaneda.
Entre ellos se encuentran los tres detenidos y el titular de esa dependencia, el comisario mayor José Hernández. Además, hay cuatro del Gabinete Antisecuestros de la DDI: el subcomisario Luis Edgardo Otero (detenido); el oficial ayudante Schemberger Emiliano Daniel; el oficial subayudante Silvio Ricardo Vergara (detenido); y el teniente primero Ricardo Aristides Fernández.
En tanto, otros cuatro pertenecen al Gabinete Antidrogas y son el comisario Esteban Julián Arana; el capitán Eduardo Angel Franicevich (detenido); el teniente primero Claudio Daniel Saldivia; y el sargento Damián Antonio Pereyra.
Bullrich, al referirse a los efectivos dijo que "eran delincuentes pertenecientes a la Policía Bonaerense". Y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, prometió llegar "a fondo" con la investigación: "Nosotros en estos casos vamos a fondo y eso quedó demostrado en estos años de gestión".
El episodio se produjo este viernes por la noche en una estación de servicio ubicada en Nicaragua y acceso Sudeste, a escasos metros de un importante centro comercial, en momentos en que los uniformados de la Bonaerense estaban presionando a una mujer dominicana, de 27 años, a quien le habían reclamado el pago extorsivo de 200 mil pesos.
Antes de concurrir al lugar, la víctima había pagado 30 mil pesos a los policías, pero denunció a los uniformados en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 4 de Avellaneda, que dio intervención a la División Antidrogas de la Policía Federal.
En pleno pago de los 170 mil pesos restantes de la extorsión, los federales que se encontraban en la estación de servicio como agentes encubiertos quisieron detener a sus pares provinciales, quienes se resistieron utilizando las armas reglamentarias.
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