En EEUU llega a su fin una norma de Trump que se usó para frenar la ola de inmigrantes en la frontera con México

Estados Unidos se prepara para recibir una nueva ola de inmigrantes en su frontera con México tras la expiración esta semana del Título 42, disposición legal que durante los últimos tres años hizo prácticamente imposible la solicitud de asilo en por la pandemia de Covid-19.

El Título 42 es una norma sanitaria emitida el 20 marzo de 2020 bajo el gobierno del presidente republicano Donald Trump (2017-2021) para limitar la propagación del coronavirus en el país. La medida permite expulsar automáticamente a casi todos los inmigrantes que llegan sin visa o la documentación necesaria para entrar a EEUU, sin brindarles el derecho a solicitar asilo.

Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) prohíbe la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país, con el fin de “eludir las medidas de detección médica”. Inicialmente, esta regla afectaba también a los menores no acompañados, pero a principios de 2021 la justicia determinó que quedarían exentos.

Desde que se activó en 2020 hasta finales de marzo de 2023, el Título 42 se invocó casi 2,8 millones de veces para expulsar a inmigrantes, según datos de la CBP. El sistema de asilo se detuvo y los inmigrantes que afirmaban huir de la persecución no pudieron presentar su caso, algo que las leyes estadounidenses e internacionales dicen que deberían poder hacerse.

Muchos esperaban que el presidente demócrata Joe Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo en enero de 2021, ante sus promesas de campaña de construir un sistema de inmigración más humano. Sin embargo, su gobierno extendió la política y la defendió durante meses en los tribunales.

Pero el 11 de abril del 2022, las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron planes para rescindir la normativa, al señalar que ya no era necesaria dadas las condiciones de salud pública y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para la Covid-19. Tras el anuncio, estalló un debate en el país sobre si realmente estaba justificada su expiración y si los funcionarios estarían preparados para manejar un esperado aumento de inmigrantes en la frontera.

En diciembre de ese año, un juez determinó que la aplicación del Título 42 era ilegal, pero su fallo fue anulado poco después por la Corte Suprema ante la demanda presentada por más de una docena de estados, en su mayoría republicanos, que se oponían al cese argumentando que no se habían seguido los procedimientos adecuados cuando se anunció el fin de esta política.

Finalmente, el Título 42 dejará de estar en vigor desde las primeras horas de este viernes 12 de mayo, después de que el gobierno de Biden determinara fijar en la misma fecha el fin de la emergencia de salud pública por Covid-19.

En una moción dirigida al máximo tribunal del país, la abogada general de la nación, Elizabeth Prelogar, sostuvo que esa acción dejaría sin efecto la demanda presentada por procuradores de justicia de estados gobernados por republicanos para mantener el Título 42 por tiempo indefinido.

Un policía estadounidense de fronteras dirige a un grupo de inmigrantes en la zona de San Diego, California.

“En ausencia de otros desarrollos relevantes, el final de la emergencia de salud pública terminará con las órdenes del Título 42 y dejará sin efecto este caso. El gobierno también anunció su intención de adoptar nuevas políticas del Título 8 para abordar la situación en la frontera una vez que finalicen las órdenes del Título 42", justificó.

Con la expiración del Título 42, los inmigrantes podrán nuevamente presentar solicitudes de asilo tramitadas por la vía judicial, un proceso que puede demorar años, durante los cuales pueden permanecer en territorio estadounidense.

El Título 8

Sin embargo, seguirá vigente el Título 8, que permite pedir asilo a los inmigrantes indocumentados que convenzan a las autoridades de que serán perseguidos o torturados si regresan a su país, pero que también autoriza la deportación acelerada de los demás y los castiga con cinco años de prohibición de ingreso una vez expulsados.

Ante el temor de un tsunami migratorio en la frontera sur, Biden decidió también adoptar nuevas reglas, con recompensas para quienes se acojan a ellas, pero que las asociaciones de defensa de los inmigrantes consideran insuficientes y defectuosas.

Washington ha enfatizado que los pasos fronterizos seguirán cerrados a la inmigración irregular o ilegal, y que la única manera de ingresar legalmente a territorio estadounidense es mediante la solicitud de visas de asilo desde los países de origen.

También podrán pedir visa en los “centros regionales de procesamiento” que prevé abrir en toda América Latina -recientemente fueron habilitados en Guatemala y Colombia-, donde expertos y funcionarios preseleccionan a los potenciales inmigrantes “elegibles” para acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo.

En los últimos meses, el gobierno estadounidense activó además una aplicación móvil -CBP One- que permite a los inmigrantes que se hallen en el centro o norte de México agendar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada y pedir citas para solicitud de asilo. No obstante, los inmigrantes agolpados en la frontera sur se quejan porque afirman que está saturada.

El gobierno de Biden también permite desde hace unos meses la entrada cada mes a 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero deben solicitar el acceso en países por los que transitan o pedir cita en línea y cumplir ciertas condiciones, como contar con un patrocinador en Estados Unidos y llegar por avión.

Al mismo tiempo, Washington asegura que “está simplificando” los procesos de permiso de reunificación familiar para cubanos y haitianos y los extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.