El gobierno nacional logró la confección de una lista de 1.000 extranjeros que están en condiciones de ser deportados, nómina compuesta por inmigrantes arrestados por la comisión de delitos o con antecedentes penales y por otros que ingresaron al país ilegalmente.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Poder Ejecutivo está redactando un programa que enviará al Congreso para agilizar el trámite de deportación ya que "en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20 por ciento de las personas detenidas".
Bullrich dijo que el propósito es "que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir".
Las estadísticas confirman que 2018 cerró con un aumento alarmante de la participación de extranjeros en delitos cometidos en Capital Federal. Desde enero a noviembre pasados, la policía metropolitanta realizó un total de 22.809 detenciones, de las cuales el 17 por ciento correspondieron a extranjeros, lo que implicó un aumento del 36 por ciento con relación a todo 2017. Por robo de celulares, desde fines de mayo hasta principios de diciembre de 2018 hubo un total de 188 detenidos. De ellos, 118 (más del 60 por ciento) fueron extranjeros.
Precisamente, con la intención de robarle un celular, la semana pasada un delincuente presumiblemente peruano hirió de gravedad a un turista sueco en el barrio porteño de San Telmo. El visitante europeo —internado todavía en un hospital— sufrió la amputación de una de sus piernas, lo que hizo que el caso estalle a nivel informativo, despierte la indignación y el estupor ciudadanos y se propague más allá de la Argentina.
Según explicó Bullrich, el área de Migraciones "ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento".
Ese plan incluye "la creación de una Cámara (judicial) que lleve adelante los procesos para que el trámite (de deportación) sea más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente", según expresiones de la funcionaria.
El incidente que padeció el turista sueco en la ciudad de Buenos Aires —que no tuvo hasta ahora ninguna detención como respuesta— desnudó las flaquezas del promocionado sistema de seguridad del gobierno macrista de Horacio Rodríguez Larreta. Ni siquiera una cámara de vigilancia de las centenares que supuestamente hay en la Capital captó el vehículo Peugeot del que se bajó el atacante y menos pudo seguir su recorrido.
El corto video que se divulgó y que muestra cómo el turista es abordado y herido corresponde a una cámara privada.
Otro problema que aparentemente tiene a decenas de inmigrantes como protagonistas es el de las casas tomadas en Capital Federal.
Cada semana, en la mayor ciudad del país y en diversos puntos del Conurbano bonaerense se registra un promedio de 14 usurpaciones de viviendas. El aumento interanual de las ocupaciones ha sido del 24 por ciento, en su enorme mayoría perpetradas por bandas mafiosas de "okupas" dedicadas a un negocio ilegal que moviliza millones de pesos.
Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no entienden cómo las autoridades permiten que decenas y decenas de propiedades —a veces, varias en una misma cuadra— sean invadidas por extraños para ocuparlas ellos mismos o para cobrarles alquileres a terceros.
Los lugares más afectados por las usurpaciones son Belgrano, Nuñez, Palermo, Almagro, Flores y Liniers. Del trabajo estadístico, se desprende que en algunos lugares temen a las mafias. En el barrio de Belgrano hay detectadas viviendas donde los usurpadores montaron especies de inquilinatos como en vastas zonas de Palermo y Nuñez.
Los vecinos denuncian que se convierten en aguantaderos de venta de drogas y compra y venta de cosas robadas en el barrio.
Provincia
En la provincia gobernada por la mandataria macrista María Eugenia Vidal unos 300 presos son los que están en condiciones de ser enviados a sus países. El año pasado el total de expulsados fue de 41. Los internos estaban alojados en el Servicio Penitenciario bonaerense y fueron devueltos a países como Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay, según las cifras que publicó el Ministerio de Justicia bonaerense.
La provincia puso en debate lo que la ley vigente establece para las expulsiones. La ley 25.871 permite la posibilidad a los condenados en territorio bonaerense por delitos cometidos en nuestro país, de volver a su patria y quedar allá en libertad, en la medida que no tengan alguna causa pendiente en su país de nacimiento. Solo en casos de tener familia formada en el país —y estar a cargo de la misma— pueden evitar ser expulsados del país.
De 22.800 detenciones registradas en ciudad de Buenos Aires en 2018, el 17 por ciento correspondieron a personas de otros países
La Fiscalía de Estado de la provincia anticipó la presentación formal ante la Justicia federal para contribuir con la investigación. Más de 50 muertes están bajo la lupa
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