Controlarán identidad de pasajeros en los trenes

Las fuerzas de seguridad comenzarán a escanear documentos y a realizar reconocimientos faciales en distintas estaciones de trenes del país con el objetivo de prevenir delitos, según una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa se enmarca en el denominado "Programa Ofensores en Trenes", presentado en la terminal del ferrocarril Mitre, en Retiro, por la ministra Patricia Bullrich; su par de Transporte, Guillermo Dietrich y el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila. Fuentes de la cartera informaron que el programa tiene como fin prevenir cualquier tipo de delito en las estaciones de trenes, mediante un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad federales y la Justicia.

En ese marco, efectivos de la Policía Federal, con más de mil teléfonos celulares, podrán escanear los DNI de personas que circulan por las estaciones de tremes, aplicar el programa de reconocimiento facial y conectarse con bases de datos para verificar si están ante alguien requerido por la justicia.

La implementación de estos controles, según la reglamentación, se hace extensiva también a efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval que sean asignados a los controles en las terminales ferroviarias. Inicialmente, el programa se implementará en las estaciones Retiro y Lacroze de la ciudad de Buenos Aires y el personal de seguridad debe notificar a las personas identificadas y advertirles que sus conductas serán monitoreadas.

La reglamentación dispone que se instruya a "las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial".

Y agrega: "En caso de comprobarse la existencia de medidas restrictivas se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta en la que se notificará a la persona identificada de lo que en consecuencia disponga dicha autoridad".

Además, añade que se coordinarán acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reglamentación se enmarca en la Ley de Seguridad Interior y, en uno de sus considerandos, indica: "La seguridad interior implica el debido y más eficaz tratamiento policial, preventivo o represivo, frente a desastres naturales o causados por el hombre y a ilícitos que por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, comprometan la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, los servicios públicos esenciales y, en particular, la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia".

A la hora de proveer fundamentos legales, el documento cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos. La Corte porteña había revocado fallos que habían anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación de e Constitución luego de que se le pidiera el documento y el admitiera que portaba un arma de fuego.